Por Javier Blanco - El Gobierno concretó el canje con que espera consolidar la tendencia a la baja que mostró la “brecha cambiaria” en las últimas semanas (pasó del 143,3% al 85,5% en el dólar contado con liquidación, y del 149,5% al 91% en el del blue), una operación con que redolariza parte de la deuda, pero descongestiona en unos $43.000 millones el cargado calendario de pagos en moneda nacional que enfrenta en los próximos meses.

Canjeó $43.038 millones en bonos en pesos que vencían en los próximos 5 meses por US$500 millones del bono AL30 y otros US$250 millones del AL35, dos de los títulos emitidos para concretar la reestructuración de la deuda en divisas en manos privadas hace unos meses, que vencen en 2030 y 2035.

Así espera reducir la presión que algunos grandes fondos de inversión con fuertes posiciones en bonos en pesos (Templeton y Pimco entre ellos) venían haciendo sobre los precios de los dólares alternativos (básicamente el CCL) para escapar a una posible nueva devaluación del peso, luego que se les hubiera prometido ejercer la opción de dolarizar parte de sus tenencias meses atrás y demorado en instrumentarlo. A juicio del Gobierno, esto alentaba la inestabilidad con la que ahora busca acabar.

Sin embargo, para estar en condiciones de poder disminuir más la brecha cambiaria, y tener la chance de empujarla por debajo del 50%, los analistas coinciden en que debería remover el anticipo impositivo de ganancias que introdujo a mediados de septiembre (para desalentar más la demanda de divisas por parte de individuos) y que hoy deja al dólar minorista a $140,10.

Ese valor le fija un piso del 77% a la brecha con el dólar mayorista o comercial que cerró a $79,45. “Debería ir desarmando las medidas que ponen un piso a la brecha”, aconsejó días atrás el economista y consultor Emmanuel Álvarez Agis. “Hay que quitar la carga de ganancias sobre el dólar solidario”, coincide el analista financiero Salvador Di Stefano.

Como se esperaba, el acceso a los bonos en dólares fue motivo de dura pulseada entre los inversores. Esto queda a la vista en las 370 ofertas de compra por encima de los $2400 millones (3,2 veces el monto que ofrecía colocar) que el Ministerio de Economía recibió para ejecutar la conversión de títulos elegibles en el marco de lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 27.561.

Adjudicó el total equivalente en pesos ya mencionado de $43.038 millones por conversión de US$500 millones del Bono AL30 (colocado a $5805) y US$250 millones del Bono AL35 (a $5605).

“Fue una muy buena licitación porque cubrieron el monto que buscaban y el precio de corte, si bien se dio a un valor del CCL más caro que el del día, le permitió al Gobierno emitir menos nominales de los nuevos bonos”, evaluó el economista Leonardo Chialva, director de la consultora Delphos Investment.

“Canjearonel5Þladeudaenpesos que vence, básicamente 3 Letras de Descuento a vencer a fin de año y fines de enero y febrero, respectivamente, a un CCL promedio de $148. Al valor que tienen hoy los bonos le pidieron títulos por unos US$840 millones pero solo recibieron por unos US$270 millones. Es decir, tenían voluntad de desarmar más deuda en pesos” observó el economista y consultor Fernando Marull.

El dato más valorado fue la reducción en los compromisos de pagos de deuda en pesos en el corto plazo, ahora que el Gobierno admite que quiere bajar la dependencia de la emisión monetaria del déficit vía asistencia del Banco Central (BCRA). Dichos compromisos se reducen, según detalló el comunicado oficial, en $22.610 millones durante el mes próximo y en otros $20.428 millones en el inicio del año que viene.

El presupuesto 2021, con algunos supuestos en revisión según dichos recientes del ministro Martín Guzmán, prevé necesidades de financiamiento por un total de $6.260.369 millones (un 16,7% del PBI) y asume que $2225.060 millones se obtendrán con emisiones de títulos al sector privado local según detalla la Oficina de Deuda Pública del Congreso, que dirige Marcos Makón.

Economía justificó la redolarización de esta porción de la deuda en los problemas que genera la presencia en el mercado local de “agentes de configuración y con mandatos de inversión heterogéneos entre sí”. “Generan una externalidad negativa sobre los inversores domésticos con un interés genuino por los instrumentos locales en pesos que son demandados para canalizar los excedentes de liquidez”, sostuvo.