Por Francisco Jueguen - La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que integran los dueños de las principales compañías del país, criticó con dureza el llamado impuesto a la riqueza aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados. Señaló en un comunicado que “afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes, como el de Bienes Personales”.

Esto, sostuvo la entidad, “incrementa muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía, a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio”.

Consideró, además, que el proyecto “genera un profundo desaliento” porque “descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”.

En paralelo, en un evento del Council of the Americas, los empresarios Marcos Bulgheroni (PAEG) y Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) coincidieron en reclamar “reglas claras” para atraer inversiones, como el libre acceso a divisas para girar utilidades y dividendos, y criticaron el impuesto a las grandes fortunas.

Asoc. Empresaria Argentina comunicado de ayer “El proyecto genera un profundo desaliento, por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas”

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que congrega a los dueños de las principales compañías del país, afirmó ayer que la aprobación del aporte extraordinario a las grandes fortunas –también conocido como impuesto a la riqueza– afecta la propiedad privada, golpea la inversión, la producción y el empleo y “genera un profundo desaliento en la comunidad empresaria”.

En un comunicado, la entidad que preside Jaime Campos indicó que la iniciativa, que esta semana tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, sube “significativamente la ya elevada carga tributaria” en el sector formal y advirtió que profundizará los problemas que ya sufren las empresas por efecto de la pandemia.

El proyecto impulsado por los diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner y Carlos Heller cosechó un amplio repudio entre los hombres y las mujeres de negocios de diferentes sectores. No solo AEA lo cuestionó. Horas después de su aprobación en la Cámara baja, fue rechazado por el Foro de Convergencia Empresarial, los industriales cordobeses y entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Algunas entidades, resignadas ante su aprobación o más comprensivas con el oficialismo, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), pidieron modificaciones para suavizar los impactos entre sus representados.

El aporte extraordinario motivó críticas generalizadas entre los asistentes al 56º Coloquio de IDEA, que se llevó a cabo de manera virtual semanas atrás. Ayer, en un encuentro virtual del Consejo de las Américas, el empresario Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group) reclamó al Gobierno la búsqueda de una “clara percepción de que las reglas no van a cambiar y de que el entorno regulatorio se va a mantener” (ver aparte). Unas horas después, el Banco Central (BCRA) informó que dispuso que las petroleras que participen del Plan Gas podrán acceder libremente al mercado de cambios .

“Nosotros no tenemos ningún problema con el sector privado. Necesitamos del sector privado junto al sector público, invirtiendo juntos. No hay antagonismo entre lo público y lo privado”, había señalado en la madrugada del miércoles Máximo Kirchner en el cierre del debate en la Cámara de Diputados, donde se dio media sanción al impuesto.

Evidentemente, los empresarios no avalaron la interpretación del hijo de Cristina Kirchner. En el comunicado en el que expresaron su “total desacuerdo” con el proyecto de ley, afirmaron que “el proyecto genera un profundo desaliento en la comunidad empresaria, por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”.

“El proyecto afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes, como el de Bienes Personales”, indicaron los empresarios, que sostuvieron que “incrementa así muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía, a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio”.

La entidad estimó que debe tenerse en cuenta que la suma de los gravámenes sobre los activos podría alcanzar una tasa de hasta el 7,5%, “que se calcula sin considerar las deudas que pudiesen integrar el patrimonio del contribuyente”.

“El proyecto, al no diferenciar entre activos dedicados a producir y otros activos, afectará negativamente al sector empresario, con lo cual se profundizarán los problemas que, agravados por la pandemia, soporta desde hace muchos años la economía argentina”, dijo.

“La Argentina necesita imperiosamente retomar la senda del desarrollo económico sostenido que ha dejado atrás hace muchas décadas”, estimó, para concluir: “El sector privado es el actor decisivo para hacerlo posible, por cuanto tiene la capacidad de obtener las divisas que permiten hacer mover la economía, generar empleos y realizar las inversiones productivas vitales para el crecimiento”.

Otras visiones

Tanto la CAC como la UIA plantearon su desacuerdo y preocupación por el aporte, afirmaron que impacta en la producción y que golpea a las empresas que tienen problemas en la pandemia.

La CAC ratificó ayer su rechazo al aporte extraordinario, pero hizo un llamado a que, en caso de que se concrete su aprobación, “se implementen correcciones que reduzcan las consecuencias adversas que generaría sobre la economía nacional”. Particularmente, pidió incrementar la suma exenta a un monto de entre $280 millones y $300 millones, considerando la inflación y la variación del dólar (“caso contrario, el aporte alcanzaría a muchos más contribuyentes de lo originalmente previsto”, detalló la entidad),; agregar un mínimo no imponible, eliminar las normas sobre residencia del contribuyente, suprimir el tratamiento diferencial entre activos en el país y en el exterior y eliminar la repatriación de fondos vinculada con ese tratamiento, reducir las alícuotas, que esa tasa sea menor (no mayor al 0,5%) en participaciones societarias y empresarias, eximir los títulos pú- blicos y disponer de un plan de pago en cuotas.

La UIA, que anteayer advirtió que el proyecto “afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente”, reclamó que, de ser aprobada la ley, se excluyan de la base de imposición las acciones o participaciones en activos productivos (incluido todo tipo de inmuebles), se permita dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año, incorporar exenciones a títulos públicos y a obligaciones negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación), y también incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.