Por Silvia Gómez - La del viernes será una audiencia pública histórica en la Legislatura porteña. Más de 7.000 personas, entre vecinas, vecinos y organizaciones no gubernamentales ya están inscriptos para participar de una versión diferente a la clásica audiencia presencial. La cuarentena por coronavirus impuso una modalidad virtual que alentó la participación ciudadana. Pero la convocatoria además responde a la importancia que tiene esta ley para el futuro de la Ciudad: se trata del proyecto que impulsa el Ejecutivo para modificar la normativa existente en los terrenos que hoy ocupan los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco.

Con la modificación del Código de Planeamiento Urbano el Ejecutivo pretende permitir la construcción de viviendas y oficinas frente al Río de la Plata. Además, promueve la construcción de un parque que tenga acceso público. A diferencia de lo que ocurre en Puerto Madero, aquí la cercanía con el Aeroparque Jorge Newbery impide que se construyan torres; los edificios no podrán tener más de 29 metros de altura. De todas maneras, será la conformación de un nuevo barrio de lujo en una Ciudad -en un país- con un grave problema de déficit habitacional.

Costa Salguero tiene una superficie total 135.000 metros cuadrados, y Punta Carrasco suma 112.000 m2. En ambos predios hoy funcionan un centro de convenciones, restaurantes, estacionamientos boliches y otras instalaciones. Después de 30 años, las concesiones vencen a fin del año que viene y no serán renovadas.

Este proyecto ya fue votado positivamente en octubre, en una primera lectura: 37 votos a favor (Vamos Juntos, la UCR-Evolución y el Socialismo) y 23 en contra (Frente de Todos, el Frente de Izquierda, GEN y Consenso Federal). Al modificar el código, demanda una doble lectura y una audiencia pública, que de todas maneras no es vinculante. Sin embargo, plantea una visión general de las y los vecinos de la Ciudad. Y al menos tres legisladores integrantes de la Comisión de Planeamiento Urbano tienen que estar presentes. Además, se lleva a cabo una versión tipográfica de lo que se hablará en la audiencia.

La idea de transformar la zona dio su primer paso en diciembre, cuando en la última sesión del año la Legislatura autorizó al Ejecutivo a vender hasta el 35% de la superficie de ambos complejos sobre el río, pero usar el 65% para espacio público, lo que incluye desde áreas verdes hasta la franja costera y la apertura de calles y veredas.

"La venta de las tierras ribereñas es un acto de injusticia urbana y nos revela, por eso fuimos uno de los colectivos que visibilizamos la situación. Esta inscripción masiva es gratificante. Los vecinos "vieron" el tema, creo que se despertó una conciencia. Ahora todos saben sobre qué se está discutiendo y creo que partimos desde otra base. Los legisladores van a tener que responder a los requerimientos que van a hacer los vecinos y vecinas", dijo a Clarín la arquitecta Bárbara Rossen, quien integra el "Colectivo de Arquitectas en defensa de las tierras públicas". Son 342 profesionales que enviaron una carta a la presidenta de la Comisión, la oficialista Victoria Roldán Méndez, y al resto de los legisladores, solicitando que se archive el proyecto.

El abogado ambientalista Enrique Viale comparó el extraordinario valor de las tierras públicas de una ciudad con el que tiene una mina a cielo abierto. Y evaluó otras implicancias, como el negocio inmobiliario: "Un negociado con tierras públicas en donde, por otra parte, se construirán viviendas de lujo. Es decir que los inmuebles se convierten en un bien de cambio, un commodity. ¿Quién compra a más de 6.000 dólares el metro cuadrado?", se pregunta. 

Otro tema vinculado es el abandono de las tierras públicas por parte del Estado. "Es una visión perversa de la situación. El gobierno argumenta que la zona está deteriorada, como si no fueran responsables de eso. El vecino está cansado del abandono y muchas veces tira la toalla". Finalmente, en un contexto de pandemia y cambio climático, Viale entiende que se pierden oportunidades de ampliar los espacios verdes disponibles.

Buenos Aires posee un promedio de 6 m2 de espacios verdes por habitante, según las últimas cifras disponibles (2018), publicadas por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad; los mismos metros que en 2006, según el organismo. Es una de las grandes ciudades con menos metros por habitante: Madrid tiene 20, Nueva York 22, París 13; en Sudamérica, Bogotá posee 17 m2/hab, Curitiba 50, San Pablo 11,5; en Argentina, Rosario tiene 10,4 m2/hab.

El debate, por otra parte, estará signado por la legalidad en el origen de la venta de estas tierras; una ley que se votó previamente a la actual, en diciembre de 2019. El artículo 8 de la Constitución de la Ciudad dice que los "espacios que forman parte del entorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación". Situación que además reafirma el PUA (Plan Urbano Ambiental), que en el artículo 9, inciso 4, establece que se debe "destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas". 

Frente a esta circunstancia es que la Ciudad recibió un revés en la Justicia. A fines de octubre la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) porteña suspendió la venta de las tierras. La Ciudad interpuso un recurso de inconstitucionalidad, pero el viernes fue rechazado. En la Justicia continúa el debate en relación a la legalidad; pero para los grupos de vecinos y vecinas que se oponen al proyecto comienza el viernes un proceso que implica visibilizar y hacer escuchar a los legisladores que demandan de la Ciudad en la que desean vivir.