Por Silvia Stang - El efecto fiscal alcanzado este año por la suspensión de la fórmula de movilidad previsional es un ahorro en el gasto de más de $98.700 millones. Ese número, que refleja el ajuste a los jubilados, es el resultado de comparar lo efectivamente pagado a los jubilados y lo que se hubiera abonado de haberse cumplido con la modalidad de actualizaciones de la ley 27.426, de 2017.

Así, con los aumentos trimestrales decididos en forma discrecional por el Poder Ejecutivo, llegó menos dinero a los bolsillos. Por ejemplo, alguien que al inicio de 2020 percibía $20.000 mensuales cobrará, en el período de 12 meses que va de marzo último a febrero de 2021, $19.865,6 menos que lo que hubiera recibido según la fórmula legal. Los cálculos toman en cuenta la suba de 5% de este mes, que el Gobierno pretendía que fuera a cuenta de la recomposición de marzo de 2021. Ayer, el oficialismo en el Senado rechazó votar esa cláusula.

El hecho de haber dejado sin efecto la fórmula tiene también sus consecuencias sobre el gasto público de los próximos años, porque las subas que se apliquen a partir de 2021, ya con una nueva modalidad de cálculo, serán sobre haberes más reducidos que los que hubieran resultado de no haber mediado la suspensión.

El impacto en las cuentas del gasto público fue estimado por economistas del Ieral, de la Fundación Mediterránea, y no incluye el pago de dos montos fijos que estuvieron al margen de los reajustes trimestrales y que fueron abonados a quienes cobraban solo una prestación equivalente al haber mínimo o levemente superior. Tampoco incluye el menor gasto del Estado por la actualización por debajo del índice de la fórmula de movilidad de otras prestaciones.

“La estrategia previsional en 2020 fue acompañar con los aumentos la inflación en el caso de quienes cobran el haber mínimo y dejar que pierda contra los precios el resto de los jubilados”, incluyendo en este último grupo tanto a quienes cobran apenas por arriba como a quienes cobran significativamente más que la prestación básica, según concluye el economista Marcelo Capello, presidente del Ieral.

En números concretos, el trabajo estima que durante este año el pago de jubilaciones y pensiones de la Anses significará algo menos de $2254 mil millones, contra poco más de $2352 mil millones que se hubieran abonado en el caso de haberse mantenido la fórmula legal. En este último supuesto, los haberes jubilatorios serían, al finalizar el año, un 42% superiores, en términos nominales, a los vigentes al inicio de 2020.

Por los decretos del presidente Alberto Fernández que establecieron alzas según decisiones discrecionales (es decir, sin seguir un parámetro predeterminado), los pasivos recibirán una suba acumulada de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos e incluyendo el porcentaje del 5% que los funcionarios del Gobierno pretendieron que fuera a cuenta de la primera suba del año 2021, tal como informó el fin de semana. la nacion

Finalmente, el artículo 6 que se había incluido en una segunda versión del proyecto oficial será desestimado al votarse el texto en el Congreso. El texto elaborado por el Poder Ejecutivo indicaba que el aumento de diciembre sería restado del porcentaje que diera la nueva fórmula para marzo. El rechazo a esa pretensión fue anunciado anoche por el bloque del Frente de Todos en el

Senado (ver aparte), que evaluó que con la cláusula del pago a cuenta se trabaría la aprobación de la iniciativa, que propone una fórmula que se basa en la recaudación tributaria y en los salarios, y que no considera a la inflación.

El mayor porcentaje de recomposición de este año, de 35,3%, es el que corresponde al haber mínimo. En ese nivel básico está el 63,1% del total de las prestaciones. Si se consideran solo las jubilaciones y pensiones obtenidas con planes de moratoria, ese porcentaje trepa a 87,3%.

Aunque desde el Gobierno se insiste en que los jubilados que cobran el haber mínimo o un poco más le ganarán este año a la inflación, lo cierto es que 2020 aún no terminó, por lo cual eso solo puede decirse sobre la base de proyecciones. Entre enero y octubre la inflación acumuló un 26,9% y, por lo tanto, para que el índice de todo el año no supere el nivel de suba del haber mínimo, en este último bimestre la variación de los precios debería estar por debajo del 7%. En octubre la inflación mostró una aceleración –fue de 3,8%– y los economistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman que la suba de los precios de todo el año 2020 será de 35,8%.

Los cálculos hechos por el Ieral tienen en cuenta la cantidad de jubilaciones y pensiones. En este punto, si se miran los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Social, este año ocurre algo para nada habitual: la cantidad de prestaciones puestas al pago se redujo respecto del período previo. Así, mientras que en diciembre de 2019 había 6.870.749 beneficios del sistema integrado previsional, en septiembre de este 2020 el número era de 6.641.431.

Eso ocurrió porque se dieron menos altas de beneficios, algo en gran medida asociado a la falta de atención en la Anses por la pandemia y la cuarentena. El promedio mensual de nuevas jubilaciones fue, entre enero y septiembre pasados, de 8787, mientras que en todo 2019 los casos por mes fueron 18.469. Y mientras que este año se habilitaron 5426 pensiones contributivas por mes, en 2019 ese promedio fue de 8324, según información oficial.

Ejemplos

¿Cómo se refleja ese ajuste fiscal en los bolsillos? Según cálculos de la

nacion, Un jubilado que al comenzar 2020 cobraba $20.000 mensuales (una suma cercana el ingreso previsional promedio) percibirá, a partir de este mes, $26.304,3, lo cual implica un aumento en el año de 31,5%. Si en lugar de haber dado subas de manera discrecional y por decreto, el Gobierno hubiera mantenido la fórmula de la ley 27.426, el cobro de diciembre y de cada uno de los dos meses siguientes sería de $28.406,8, es decir, de $2102,5 más.

Por la manera en que se fueron dando las recomposiciones durante este año, el resultado es que, al final del período de 12 meses que se extiende hasta febrero de 2021, se habrán percibido $19.865,6 menos, en comparación con el supuesto de vigencia de la modalidad suspendida (la diferencia es de 5,9%). El cálculo incluye el impacto sobre el aguinaldo y contempla el lapso de marzo de 2020 a febrero de 2021, porque la modalidad por decreto comenzó a implementarse en el tercer mes de este año y porque el próximo incremento previsto será en el tercer mes del año próximo.

Otro ejemplo: para un haber que en febrero era de $50.000, el impacto acumulado por la suspensión de la fórmula es de 9,8%, con $81.904,2 menos para el jubilado en un período de 12 meses. A partir de este mes el ingreso será de $63.065,7, mientras que con la actualización por ley la cifra hubiera sido de $71.016,9, es decir, superior en un 12,6%. La diferencia en pesos solo en el ingreso mensual que regirá entre este mes y febrero de 2021 es de $7951,2. En este caso, la suba nominal efectiva acumulada para el período de todo un año es de 26,1% (contra el 42% de la fórmula), un nivel que se ubica por debajo de la inflación, con lo que hay un deterioro del poder adquisitivo.

Para quienes cobran el ingreso mínimo, al final del período de 12 meses el efecto será haber cobrado un 3,2% menos, y para quienes cobran el haber máximo del sistema general de la Anses, un 11,1% menos.