El Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF) presentó la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Con ella, el Gobierno apunta a garantizar la educación y la inclusión financiera. También busca mejorar la calidad de vida de la población mediante el acceso universal a los servicios financieros.

El relanzamiento de la ENIF contó con un prólogo del ministro de Economía, Martín Guzmán. En él, destacó el trabajo realizado por el Palacio de Hacienda para “impulsar políticas de inclusión financiera con el fin de achicar las brechas de desigualdad de género, y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los productos y servicios financieros”.

Asimismo, el funcionario señaló que “la pandemia ha dejado en evidencia las desigualdades existentes en nuestro país en materia de acceso a la tecnología, y las dificultades de los sectores más vulnerables para ser parte de un sistema financiero que presenta deficiencias a la hora de incluir a toda la sociedad”. Luego, agregó que “la secretaría de Finanzas, que preside el Consejo, ha llevado adelante un trabajo articulado con todas las áreas para consolidar esta ENIF, que contiene los desafíos, las oportunidades y los mecanismos para avanzar hacia un sistema financiero más justo, inclusivo y equitativo”.

“Continuaremos profundizando, con educación financiera en todo el territorio argentino, este camino que iniciamos para poner al alcance de todas y todos, las herramientas que simplifican procesos y se traducen en mejoras en la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó Guzmán. 

En ese sentido, el Gobierno ha profundizado el trabajo con las microfinanzas y, particularmente, con el FONCAP S.A para mejorar el acceso al crédito y la educación financiera de los sectores vulnerables.

Por su parte, el objetivo del CCIF es articular y coordinar políticas públicas entre sus miembros, entre los cuales se incluyen universidades, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, representantes de las microfinanzas, asociaciones bancarias, representantes de los trabajadores, y el sector privado, además del Estado Nacional. Se apunta a contribuir al desarrollo económico, la disminución de la vulnerabilidad social y la reducción de las brechas sociales, territoriales y de género actualmente vigentes.

“Uno de los principales desafíos que el sistema financiero presenta es su bajo nivel de profundidad comparado con otros países. El grado de bancarización se ha extendido, aunque un alto porcentaje de las cuentas es utilizado exclusivamente para la percepción de salarios, haberes previsionales y beneficios sociales. El uso de medios de pago electrónicos, de instrumentos de ahorro y de financiamiento, sigue siendo acotado”, dice el documento.

 “A ello se agregan, brechas relevantes en el uso de servicios financieros que afectan, sobre todo, a sectores sociales vulnerables como los desocupados, los trabajadores informales, los emprendedores de la economía popular, las mujeres y LGBTI , los adultos mayores, los migrantes”, señala el trabajo, a modo de diagnóstico.