Por Carlos Burgueño - Ya casi pasó el último trimestre del año, el fin del 2020 está a días de concretarse; y los grandes fondos de inversión internacionales que ingresaron al canje de deuda de capitales bajo legislación internacional están más que inquietos. Y no sólo con Argentina, sino también con el FMI. La demora en el cierre de las negociaciones entre el gobierno de Alberto Fernández y el organismo que dirige Kristalina Georgieva, y la alternativa que este recién se cierre en febrero; provoca que sus posiciones en deuda canjeada continúen en situación de casi default y con pérdidas importantes en sus carteras. Y terminado ya el tiempo del “Pacto de Caballeros” para no vender los títulos públicos que recibieron por haber participado del canje de deuda; cualquier tipo de desprendimiento de los bonos les provocaría pérdidas millonarias. En consecuencia, están casi obligados a mantener los bonos; salvo que quieran asumir pérdidas millonarias. Saben los fondos de inversión que lo único que sacaría, al menos durante un tiempo, de la situación de semidefault en la cotización de los papeles emitidos por el ministerio de Economía de Martín Guzmán; sería la firma al menos de la Carta de Intención entre el país y el FMI.

Por ahora en silencio, los bonistas siguen de cerca la evolución de las discusiones para llegar a firma de la Carta de Intención entre el país y el organismo internacional. Tienen información de primera línea sobre lo que sucedió en las negociaciones de la semana anterior en Washington, y saben que la discusión avanza pero a paso lento. Al menos para su visión y expectativas. Esperan conocer de boca de las fuentes del organismo, dos respuestas: si el país está dispuesto a ejecutar un plan que garantice la solvencia fiscal y si este tiene como soporte reformas estructurales para que esa sustentabilidad dure en el tiempo. Y por tiempo se entiende la vigencia de los títulos públicos canjeados en el proceso de reestructuración de deuda argentina. O al menos hasta el 2035. Pero también buscan ir más allá, y exigen que el FMI garantice que no sólo el Gobierno se comprometa a estas políticas, sino que el organismo aplique controles directos y constantes para que las metas se cumplan en el tiempo. Afirman que la historia del país amerita controles fiscalizadores profundos y constantes.

La explicación de estas exigencias es simple. Los tenedores de la deuda emitida para salir del default, tienen una preocupación clara. Sostener su inversión en el tiempo, y no liquidar sus existencias perdiendo fortunas. O, en todo caso, esperar unos años para desprenderse de los bonos, reduciendo la caída abrumadora en las cotizaciones actuales. Creen que sólo con un país firmando un acuerdo con el Fondo Monetario que imponga metas estrictas y misiones que las garanticen, eso será posible. Y, si todo esto no se cumple, los bonistas amenazan con volver a publicar una carta explosiva (para Argentina y para el Fondo) como la del 25 de octubre pasado; donde expusieron claramente sus críticas al país por las pérdidas de millones de dólares generada por la crisis en la cotización de los títulos públicos de esos tiempos; y que pese a que no se profundizó, no implicó mejoras sustanciales en las cotizaciones de los títulos en dólares.

Fuentes de los acreedores, continúan afirmando que si bien la intención “no es decirle al Gobierno lo que tiene que hacer”; si mencionan que “algo debe pasar para que las reservas dejen de estar cerca de cero”. Y reclamaron “un programa económico sólido que contiene reformas estructurales destinadas a solucionar los problemas que tiene Argentina”. Los pedidos incluyen un reclamo fuerte al FMI, al que responsabilizan, en parte, a la situación del país, por no profundizar la presión sobre el Gobierno para que ese “programa económico sólido” sea ya una realidad. Y que rápidamente renegocie la deuda de u$s44.800 millones, en un programa de pagos que despeje las urgencias financieras del país.