Por Carlos Burgueño  - Será inevitable. Si Argentina quiere un acuerdo Facilidades Extendidas con el FMI, tendrá que aceptar las misiones fiscalizadoras del organismo. En principio, de manera trimestral. Lo único que se podría negociar, es que mientras dure el tiempo que el país no tenga que hacer liquidaciones (quizá hasta 2024), estas misiones locales se conviertan en anuales; y que durante los dos eventos anuales del Fondo se realicen las inspecciones en reuniones conjuntas y presenciales. Esto es, las asambleas de primavera (abril) y otoño (octubre) del FMI, donde habitualmente los ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo se reúnen en Washington o en alguna capital mundial que organice el evento. Pero lo cierto, es que el FMI tendrá la oportunidad en no menos de tres momentos durante el 2021, 2022 y 2023 para controlar que el país esté cumpliendo con las metas firmadas en la Carta de Intención y, seguramente, ratificadas en el board del FMI.

Para el gobierno de Alberto Fernández, estas visitas o reuniones fiscalizadoras; son un problema político. En cada misión, los enviados de Washington deberían fiscalizar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí se definan los pasos a seguir. En ese punto podría haber simplemente un correctivo, una recomendación de modificación de políticas o un cuestionamiento mayor. Y si el país persiste en su incumplimiento, desde Washington se debería negociar un perdón (waiver) o varios puntos intermedios hasta la caída del acuerdo. Cada misión se debe reunir con los principales funcionarios económicos del país; que deberían desplegar los números locales y explicarle detenidamente a los enviados de Washington como marcha la economía argentina. Y, los enviados del FMI, tienen el poder de consultar y repreguntar; y eventualmente de cuestionar y discutir los datos que se le muestren. Y de regreso en Washington, pueden criticar y hasta recomendar cambios de políticas. En otras palabras, los representantes del FMI que tengan la firma autorizada en las misiones del Fondo, podrán tomar examen a los funcionarios locales. Algo que evidentemente sería muy difícil de aceptar de parte del ala política más radical del Gobierno. De hecho, recuerdan dentro del kirchnerismo, este tipo de misiones fue lo que determinó que el Stand By firmado en el 2003 termine siendo cancelado y liquidado en febrero de 2005. La decisión la tomó Néstor Kirchner luego de las quejas de varios de sus funcionarios por los datos molestos que a veces pedían los visitantes de Washington. Ahora la situación es diferente y más compleja. Argentina no sólo está lejos de poder cancelar de un pago los u$s44.800 millones que el país debe al organismo y debe pagar; sino que además, lo más probable, es que cuando llegue el momento de comenzar a cancelar el préstamos (supuestamente en 2024), lo más aconsejable sea renegociar con un nuevo crédito los pagos y rearmar el cronograma. Pensar que en lo que reste de la gestión de Alberto Fernández ese dinero (aunque sea una parte) podría estar disponible en las reservas del Banco Central, es una utopía. Lo sabe Alberto Fernández y lo sabe el propio FMI. Y también lo saben los mercados. En consecuencia, Argentina deberá convivir por muchos años con las misiones del Fondo en Buenos Aires; sin que como contraparte haya dinero dispuesto a prestar desde Washington. El país está condenado así, y por muchos años, a mostrarse prolijo fiscal y monetariamente ante el mundo financiero mundial. Y a aceptar que el Fondo sea quién le ponga la nota a ese esfuerzo de prolijidad. Una situación más que incómoda par el kirchnerismo puro y duro.