Por Sofía Diamante - La Secretaría de Energía concluyó el proceso del Plan Gas al firmar anteayer los nuevos contratos con las productoras para los próximos cuatro años. De esta forma, el Gobierno cumple con un pedido de las petroleras de tener previsibilidad con respecto al precio que recibirán y “reglas de juego claras” para poder realizar inversiones.

Para ello, la Secretaría de Energía firmó los contratos con precios establecidos en dólares, pese a que el presidente Alberto Fernández dijo que “la dolarización de las tarifas de los servicios públicos se terminó en la Argentina”. El precio del gas representa aproximadamente la mitad del valor de la tarifa (el resto es distribución, transporte e impuestos). En el sector energético, la mayoría de los costos de las empresas está atada a la moneda extranjera, por eso se les garantiza un precio en dólares.

El secretario de Energía, Darío Martínez, firmó la resolución 391/2020, mediante la cual se realizó la adjudicación del concurso público del Plan Gas.ar. “Este es el punto de partida para un proceso de inversiones que tendrá como protagonistas principales a las empresas productoras, los trabajadores, las pymes y empresas regionales, que nos permitirá ponerles fin al declino de la producción de gas en nuestro país y a la parálisis de la actividad que generó la política contradictoria y errática del gobierno anterior”, dijo Martínez.

Para evitar una mayor salida de divisas vía importaciones, el Gobierno lanzó el programa de estímulo a la producción, que tiene como objetivo frenar la declinación de los pozos gasíferos. Sin embargo, todavía falta resolver qué porcentaje del precio que se estableció en los contratos será cubierto por los usuarios mediante tarifas y qué parte pagará el Estado a través de subsidios.

De las licitaciones realizadas hace 15 días, el precio promedio que surgió fue US$3,50 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Actualmente, las tarifas residenciales de gas representan un valor de US$2,20, pero decrece cada mes con la devaluación. Según Martínez, la idea es mantener este valor, lo que explica que los incrementos de tarifas aumentarán en línea con la suba del tipo de cambio esperada, de entre 30 y 35%.

Las tarifas de gas y de electricidad están congeladas desde abril y marzo de 2019. Cuando asumió la actual administración, hace un año, se decidió mantener el congelamiento de precios y, si bien el Gobierno adelantó que habrá actualizaciones de tarifas el próximo año, recién se aplicarían a partir de marzo. Esto repercutió en un aumento de los subsidios requeridos para el sector, pese a que, por la pandemia, los precios de los combustibles se derrumbaron a precios históricamente bajos.

Entre las empresas privadas comenzó a circular la idea de que el aumento de tarifas tampoco se llevará adelante el año próximo, que es electoral. En el Gobierno hay una división en relación con este tema. Por el lado del Ministerio de Economía, la actualización de tarifas es una necesidad para mantener constantes los subsidios destinados al sector. Pero los funcionarios más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner ven con malos ojos cualquier aumento.

Esto genera preocupación en el sector, ya que cada vez cuesta más que la cadena de pagos no se corte. De hecho, en el invierno pasado Metrogas, la principal distribuidora, controlada por el Estado a través de YPF, no pudo pagar a sus proveedores el suministro de junio, julio y agosto.

Además, falta definir los incrementos que les corresponden a las transportistas (TGN y TGS) y a las distribuidoras de gas (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras), que representan alrededor del 40% del precio final de las tarifas, aunque se estima que se compensará a las empresas con la posibilidad de hacer menos inversiones que las obligatorias.