Por Jorge Herrera - Ninguna de las principales consultoras locales no dejó de proyectar para este año una aceleración inflacionaria. Claro que dado el elevado nivel de incertidumbre local, más allá del que reina a nivel global, hay estimaciones para todos los gustos en virtud de los múltiples escenarios. Pero todas están muy por encima de la presupuestada oficialmente. Lo bueno es que la mayoría descarta un “fogonazo” inflacionario, lo que no es un tema menor. Así y todo, en los últimos meses de 2020 ya emergieron señales claras de que la inflación comenzó a acelerarse. Hay que recordar que en gran parte del año pasado los controles de precios y la recesión lograron mantener a raya la inflación en torno del 2% mensual. Pero sobre el final escaló al 3% para coquetear con el 4%. Y no hay duda que no es lo mismo ir con una macroeconomía al 2% que al 3% o al 4% mensual.

Ante el “despertar” de la inflación se plantea el interrogante si lo que viene en los próximos meses será también el “despertar” de la puja salarial, dado el atraso salarial acumulado. Por ejemplo, el Estudio Ferreres calcula que entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020 los salarios reales habrán caído un 26,4%. La puja precios-salarios ya mostraba que el aumento acumulado de la inflación desde 2017 a setiembre 2020 superaba en más de 60 puntos porcentuales al aumento de los salarios. Por ende a nadie puede extrañar lo que viene aconteciendo con el consumo privado, incluso desde el gobierno anterior. Lo cierto es que un año electoral el Gobierno sabe que una disparada significativa de la inflación conspira con sus aspiraciones electorales. De ahí que requiere sintonía fina entre la tasa de devaluación y la de la inflación y entre la tasa de interés y la devaluación. Una tarea nada sencilla dado los desajustes macro existentes.

La economía viene operando con una inflación bipolar donde los precios libres (que son el 56% del IPC) se mueven a una velocidad del 50 a 60% anual y los precios controlados (son el 44% del IPC) lo hacen entre 20 y 30%. Esto marca una gran dispersión con atrasos muy marcados. El verano se perfila un poco caliente, más allá de lo que pasó y pase con la carne, ya que se anuncian ajustes teniendo por ejemplo a los combustibles siempre en la “pole position”. Al respecto es insoslayable que las subas de los combustibles arrastran a varios precios de bienes y servicios, y especialmente si los aumentos de las naftas se tornan o se descuentan recurrentes. Así se tiene, por un lado, la “micro” de la inflación donde el atraso en ciertos precios afecta la rentabilidad empresarial y al gasto público en subsidios. Pero por otro lado la “macro” de la inflación da cuenta que la necesidad oficial de pesos a financiar este año (déficit fiscal primario intereses de la deuda pública intereses a pagar por el BCRA) implica varios billones. Dado que el proceso de remonetización prácticamente se ha agotado y no se puede esperar mucho de la demanda de dinero, y con un BCRA anémico de reservas propias, tanto para intervenir como para aspirar pesos, y con un mercado de capitales doméstico pigmeo para buscar inundar de nueva deuda y un sistema bancario atragantado de Leliq, será el impuesto inflacionario quién tendrá un rol protagónico.

El Gobierno se enfrenta al dilema de optar por la aceleración inflacionaria versus el ajuste fiscal.