Por Fernando Meaños - Tras cerrar el acuerdo con los acreedores privados, distintas decisiones y mensajes del ministro de Economía, Martín Guzmán, llevaron a analistas a entrever que había un cierto “giro a la ortodoxia” de la gestión económica en el último trimestre del año pasado. El comienzo de 2021, cada vez con mayor claridad, exhibe cómo ese viraje se fue desvaneciendo en desmedro de un rumbo menos cauteloso en lo fiscal y más cercano a la influencia del kirchnerismo.

En el primer trimestre de este año, ese rumbo económico -es sabido que nadie en el Gobierno habla de plan- enfrentará dos escollos simultáneos: el rebrote de covid-19 y la necesidad de empezar a cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y todo ello, por si fuese poco, en el inicio del año electoral de medio término.

Una a una, las claves de ese supuesto golpe de timón, una idea acompañada del “empoderamiento” de Martín Guzmán dentro del gobierno, fueron perdiendo peso. Al anunciar el Presupuesto 2021, el ministro había asegurado que en este año aumentarían las tarifas de los servicios públicos al menos en la misma proporción de la inflación, para reducir así la carga fiscal de los subsidios. Sobre el final del año, el Gobierno decretó la extensión del congelamiento del costo del gas y la electricidad por lo menos hasta mediados de marzo. Los organismos reguladores, el Enre y el Enargas, conducidos por el kirchnerismo, tendrán en sus manos el proceso de revisión, que hoy todavía está plagado de incertidumbre. El peso de los subsidios a la energía, que representan casi 2% del PBI, seguramente ocupará un lugar en la mesa de negociación con el FMI.

Guzmán sintió el rigor político en otro tema clave para lo fiscal: la fórmula de movilidad jubilatoria. Empujó el consenso para sacar adelante el proyecto de ley, con su propia presencia en el Congreso. A la hora de la verdad, los legisladores kirchneristas modificaron el texto, dándole a los ajustes frecuencia trimestral en lugar de semestral y eliminando un artículo del proyecto original de Guzmán que moderaba los gastos. La decisión tal vez impacte sobre las intenciones del ministro de que el déficit fiscal para 2021 sea inferior al 4,5% del PBI establecido en el Presupuesto.

Un punto central entre quienes juzgaron que Guzmán encaraba un giro en sus políticas fue el anuncio a comienzos de noviembre de que el Tesoro no tomaría más adelantos transitorios del Banco Central en los últimos dos meses del año. Más allá de que esas transferencias estaban al límite y la ley le impedía hacerlo, el anuncio fue tomado por el mercado en forma positiva, como una señal de racionalidad. El ministro estaba diciendo, hacia afuera y hacia adentro, que aún en la emergencia de la pandemia la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal tiene límites.

Esa señal tampoco pudo sostenerse. En el último bimestre del año, a pesar de que no hubo que pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el gasto público no se contuvo y el Banco Central debió auxiliar al Tesoro con más de $400.000 millones a través de la distribución de sus utilidades, la otra canilla de la emisión junto con los adelantos transitorios.

“Buscamos que la inflación se vaya reduciendo 5 puntos porcentuales año a año, con una estrategia que se enfoca en alinear precios clave de la economía y tener una política fiscal consistente”, señaló Guzmán el viernes en una conferencia en la Universidad del Comahue, a sabiendas de que en el gobierno no todos están cómodos vinculando la inflación con lo fiscal. La prudencia en el gasto para alcanzar esa consistencia, tuvo un único punto a favor en los últimos meses: la suspensión del pago del IFE y del pago de los sueldos a través del Programa ATP, decisiones impulsadas por Guzmán como parte de su “empoderamiento”. ¿Podrá Guzmán sobrellevar las presiones para reponer esos programas u otros similares si la segunda ola del Covid-19 vuelve a traer restricciones a la actividad económica en el comienzo del año electoral?

Guzmán también dijo que “tranquilizar la economía es una tarea colectiva que requiere de consensos entre el sector público y privado”. Y en el empresariado hay poca tranquilidad, en particular con toda la andamiaje destinado a regular los precios de productos y servicios. La conversión del programa Precios Máximos en una ampliación de Precios Cuidados dejó mucha disconformidad en las empresas, en particular las alimenticias que recibieron autorización para subir sus precios un 6,5% frente a una suba de costos muy superior.

Otros sectores también se sienten llevados a esquemas de decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Las telecomunicaciones recibieron magros aumentos a la vez que se les agregó la obligación de prestar servicios de acceso a Internet o telefonía al equivalente de 1 dólar mensual, una ecuación inviable. También impactó el retroceso en el aumento del 7% para las prepagas, publicado en el Boletín Oficial y anulado pocas horas después, en ambos casos con resoluciones del mismo funcionario, el ministro de Salud, Ginés González García.

También retrotrae a otros tiempos el sorpresivo cierre de las exportaciones de maíz para “asegurar el abastecimiento del mercado interno”, algo que los empresarios del sector afirman tener garantizado; la medida ya hizo recrudecer el enfrentamiento con el sector agropecuario. O el endurecimiento del cepo a las importaciones, que junto con las trabas para importar autos de lujo y champagne, incluyó trabas para el ingreso al país de lavarropas, microondas o heladeras, que seguramente encarecerán sus precios en el mercado interno.

Doble discurso

Un informe de la consultora LCG aborda este punto: “Por un lado, se habla de la importancia de promover las exportaciones y al mismo tiempo se entra en conflicto innecesario con el sector exportador. El Presidente incorpora a su discurso la necesidad de inversiones privadas, pero los sectores que ya tienen capital hundido tienen más miedo de que se profundice la regulación de precios”.

El informe agrega que la incertidumbre sobre la situación sanitaria no puede llevarse la culpa de todo: “No es solo cuestión de cómo evoluciona la pandemia, sino también de cómo se la aborda”. Y en el año electoral, el maltrecho giro hacia la ortodoxia con el que Guzmán ilusionó a muchos en el post-acuerdo, deberá lidiar no solo con la segunda ola de coronavirus sino también con la necesidad de cerrar su acuerdo con el FMI.

Existen dos alternativas para concretar el nuevo programa con el Fondo, según un informe de Consultatio. El primero, es un acuerdo “lo más “clásico” posible: un saltito del tipo de cambio para cerrar la brecha, junto con una señal fiscal más contundente y la reaparición con fuerza de la política monetaria. Esto pondría a la recomposición de reservas y a la sostenibilidad monetaria como los objetivos primordiales en 2021″.

El segundo escenario que prevé Consultatio incluye una mayor presión del ingrediente electoral, porque “lo más lógico desde el punto de vista macro es lo menos apetecible para el Gobierno en términos políticos”. En ese otro escenario, “se mantiene el ritmo de depreciación del tipo de cambio, las tarifas solo se ajustan en línea con la inflación del presupuesto y el déficit fiscal es algo mayor. Un escenario así requerirá de mucha muñeca en la negociación con el Fondo, quien no verá con buenos ojos la acumulación de desequilibrios”.