Por Cristian Mira - El Gobierno decidió a la medianoche y de manera sorpresiva flexibilizar parcialmente la suspensión de las exportaciones de maíz que había dispuesto hasta el 1º de marzo. Frente a ello, las entidades del campo definirán si mantienen el paro de tres días que se inició en las primeras horas de hoy en rechazo a las restricciones. La medida se conoció en el momento en que comenzaba el paro. El ministerio de Agricultura informó que las exportaciones de maíz no podrán superar las 30.000 toneladas diarias. La medida de fuerza lanzada por la Mesa de Enlace, la segunda durante el gobierno de Alberto Fernández, incluía la no comercialización de granos durante 72 horas, sin consecuencias para el sector de la carne ni para el de los alimentos. En la Casa Rosada argumentan que hay disponibles poco más de 4,2 millones de toneladas del cereal, necesarias para el consumo de pollos, cerdos y vacunos, hasta la entrada de la próxima cosecha, a fin de febrero. Agricultura informó que hará un monitoreo de la comercialización del cereal a fin de garantizar la disponibilidad diaria. El Gobierno reabrió parcialmente las exportaciones de maíz que había decidido cerrar el 30 de diciembre pasado en el mismo momento en el que comienza el cese de comercialización de granos dispuesto por la Mesa de Enlace por 72 horas en protesta por esa medida. En un comunicado, el Ministerio de Agricultura informó que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) no podrán superar las 30.000 toneladas diarias. El paro, el segundo desde que asumió el presidente Alberto Fernández, en diciembre de 2019, no incluirá medidas de ningún tipo para la hacienda ni tampoco para los alimentos. “Hay que llevar tranquilidad a la gente: no habrá desabastecimiento”, dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a la nacion. Solo en algunos puntos del interior del país habrá presencia de productores al costado de las rutas para concientizar a la población sobre el reclamo del campo. “Queremos levantar en lo más alto nuestra posición”, señaló Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El anterior paro contra el gobierno de Alberto Fernández había sido en marzo de 2020, apenas unos días antes de que el país entrara en cuarentena por la expansión coronavirus. Fue en respuesta al aumento de los derechos de exportación (DEX) a la soja, que entonces pasaron del 30 al 33 por ciento que tributa actualmente la oleaginosa. “El campo no tiene paciencia para estas medidas kirchneristas”, expresó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, en referencia a la suba de retenciones y cupos a la exportación vigentes en los dos mandatos de Cristina Kirchner. “Estamos decepcionados”, añadió el ruralista. “No está el diálogo cortado; estamos abiertos, siempre que se construya”, expresó Pelegrina. Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), la otra de las entidades convocantes al paro, expresó que esperaban un “acatamiento importante” de parte de los productores. Un productor autoconvocado del norte bonaerense, Ariel Bianchi, dijo que las cooperativas de la zona habían expresado su intención de no comercializar granos pese a que la principal entidad que los nuclea, Coninagro, no avala la protesta. El Gobierno suspendió las exportaciones de maíz hasta el 1°de marzo próximo con el argumento de que solo hay disponibles poco más de 4,2 millones de toneladas del cereal, necesarias para el consumo de pollos, cerdos y vacunos, hasta la entrada de la próxima cosecha, a fin de febrero. Según la explicación oficial, una puja por ese maíz entre la industria abastecedora del mercado interno y los exportadores podía empujar a nuevos aumentos de esos alimentos, en un proceso de aceleración del índice del costo de vida. Tras la suspensión, los exportadores y parte de la cadena agroindustrial le presentaron sus cálculos al Ministerio de Agricultura e informaron que el stock disponible es superior al estimado. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), hay unos diez millones de toneladas en stock por valor de poco más de US$1000 millones, con el 93% de la antigua cosecha ya exportada. El jueves pasado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, encabezó una reunión entre sus funcionarios e integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en la que se firmó un acta de acuerdo. Las partes se comprometían a trabajar para no desabastecer el mercado interno y el Gobierno estaba dispuesto a analizar los números y dejar sin efecto la medida. “Basterra fue a la Casa Rosada y le dijeron que querían algo más”, relató una fuente del sector. Has- ta el sábado hubo intercambio de mensajes y propuestas con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo para encontrar una fór- mula de consenso. La cadena agroindustrial ofreció mejorar los instrumentos de acceso al mercado de futuros Matba-rofex de las empresas del consumo interno (feedlots, granjas y frigoríficos avícolas y porcinos, tambos) para cubrirse de la volatilidad de los mercados internacionales. También se evaluó poner en marcha créditos del Banco Nación a bajas tasas y a esos sectores. “Quedaron en contestar”, dijo la fuente, que pidió reserva de su nombre. Hasta el momento, la medida no tuvo el efecto buscado por el Gobierno. El precio promedio de la tonelada de maíz, entre el 30 de diciembre pasado y el 7 de enero, bajó apenas $50, al pasar de $17.000 a $16.500, según la Cámara Arbitral de Rosario, de la BCR. El Ministerio de Agricultura informó que habrá un monitoreo de la comercialización del cereal en el mercado “a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20”. Con ese propósito, las “DJVE Maíz (de la campaña 19/20) no podrán superar las 30.000 toneladas diarias”. informó la cartera que conduce Basterra.
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