Por Carlos Burgueño - El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) abrieron formalmente ayer las negociaciones para intentar llegar, lo antes posible, a firmar una “Carta de Intención”. Tal como adelantó este diario, hay una idea general de avanzar lo más rápidamente en las coincidencias que existen desde el cierre de las negociaciones de diciembre pasado. En especial la voluntad local, compartida por el organismo que maneja Kristalina Georgieva, de financiar gran parte del déficit fiscal de este año (y de los dos próximos ejercicios), con endeudamiento local en pesos y no en dólares. Y además, concentrada en el mercado local; sin mayores aspiraciones a colocar deuda voluntaria bajo legislación internacional. Al menos por el momento.

Sin embargo, y a poco de avanzar en el capítulo de financiamiento del déficit, comenzaron las diferencias. Para Argentina, la disposición debe ser una simple recomendación dependiente de la realidad del mercado financiero local e internacional. Para el organismo financiero, debe quedar en el papel de la “Carta” el tope porcentual sobre el PBI de la manera en que el país cubriría el déficit por fuera de la alternativa del endeudamiento externo. Especialmente en la idea de emitir pesos para cubrir el desequilibrio entre ingresos y gastos. El Fondo Monetario insiste en que este no puede superar el 1,5% del PBI. Argentina coincide con el crecimiento de la economía de un 5% pronosticado para este año, pero, si esa meta se supera, el país debería tener la alternativa de modificar el porcentaje y acercarlo más a las necesidades macroeconómicas del 2021.

Según los técnicos del organismo financiero, un porcentaje mayor al 1,5% (en cualquier circunstancia), sería peligroso para la estabilidad monetaria, inflacionaria y cambiaria. Y, en consecuencia, el gobierno de Alberto Fernández tendría que reducir su proyección incluida en el Presupuesto 2021, de un déficit total de 4,5% del PBI; el que se financiaría en un 40% con endeudamiento y 60% de emisión. Ese nivel, en el mejor de los casos, no podría superar el 30%. Esto es casi la mitad. En consecuencia, el país tendría que emitir deuda por casi un 1,5% más que lo proyectado en el Presupuesto. La intención de Martín Guzmán es aceptar en lo que se pueda la “recomendación”, más si se toma a este capítulo como el principal escollo que existe entre la situación actual y la firma de la “Carta de Intención” entre Argentina y el FMI como principal insumo para un futuro acuerdo de Facilidades Extendidas Reloaded. El problema es que la alternativa de una mayor emisión de deuda está por ahora vedada políticamente, más si se tiene en cuenta que desde el Senado se prohibió explícitamente la alternativa de tomar deuda para cubrir gastos corrientes. Entendiendo además el déficit fiscal como parte de ese “gasto corriente”. Y más si la alternativa de tomar más deuda es en divisas y no en pesos, operación que de incrementarse en demasía absorbería la suficiente cantidad de moneda como para que el sector privado termine desamparado ante la posibilidad de tomar créditos productivos. Esto, en un año donde lo que busca el Gobierno es la recuperación económica de los privados (especialmente pymes), para el ala política del oficialismo es imperdonable.

El 1,5% tope de emisión no es un porcentaje caprichoso. Afirman desde Washington que es el fruto del análisis de los datos obtenidos durante la primer visita de Luis Cubeddu y Julie Kozac de comienzos de octubre del año pasado; sumado a la información cosechada en la última visita de la misión oficial del titular del caso argentino y la directora adjunta para el Hemisferio Occidental en noviembre del 2020. Ambos trataron el tema en varias reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, pero la reiteraron con el laboratorio de análisis fiscal del propio organismo en la sede de Washington. Según las planillas de cálculo de los hombres y mujeres que trabajan en el Fondo, la situación monetaria local no puede soportar una emisión de pesos de más de 1,5% para el 20021, sin tener problemas de contención inflacionaria y cambiaria. Y reiteran: es soportable y aceptable el déficit de 4/ 4,5% del PBI; pero no un financiamiento del desequilibrio de más del 1,5%. Ya un 2% sería considerado insostenible y un 3%, trágico.

En privado, y no tanto, Martín Guzmán deslizó ante los observadores fiscalizadores del FMI; que su seria intención es mantener el control fiscal bajo control durante el 2021, pensando en un porcentaje más cercano al 4 que al 4,5%. Si esto fuera cierto, el problema entre lo que reclama el FMI y lo que figura en el Presupuesto, acortaría diferencias y se ubicaría 1% del PBI entre lo que el ministro de Economía quiere emitir y lo que el Fondo fija como límite. La reflexión local es que no puede haber peleas serias por una distorsión tan baja. Y que, en definitiva, a Mauricio Macri y su experimento 2018- 2019 le han perdonado cosas peores y más peligrosas para la economía. Incluyendo, a los ojos del Gobierno argentino, la posibilidad de utilizar unos u$s9.000 millones totales para contención del tipo de cambio; algo que no está permitido por la Carta Orgánica del organismo financiero internacional.