Por Carlos Burgueño - El Gobierno tiene una esperanza. Que en las próximas semanas, cuando se conozca el contenido específico del acuerdo, el Fondo Monetario Internacional avale la reforma impositiva que se lanzará en el primer trimestre del año. Y que, por lo que se conoce, se basará en una mayor presión impositiva en lo que respecta a los ingresos de los contribuyentes y algún perdido beneficio para la producción. Se buscará desde Buenos Aires un apoyo similar al que el organismo que maneja Kristalina Georgieva le dio al Gobierno de Alberto Fernández en el momento de impulsar (y luego aprobar) la reforma previsional que a fines de 2020 sancionó el Congreso. Desde el FMI se le dio un guiño al Ministerio de Economía al avanzar en esta legislación que separó la evolución de las retribuciones para los jubilados y pensionados, de la inflación. Y que en su lugar estén vinculadas al crecimiento de la recaudación previsional y laboral de donde efectivamente sale el dinero para financiar las jubilaciones. Este había sido un reclamo concreto del FMI, que la gente de Martín Guzmán diseñó casi con corset, y que finalmente el ala política oficial aceptó (con cambios fundamentales) en el Poder Legislativo.

El Ejecutivo quiere ahora replicar la experiencia en la propuesta de reforma impositiva que se presentará próximamente en sociedad, y que el Congreso deberá tratar. Y que, inevitablemente, generará malhumor en la sociedad contribuyente. Por lo que se sabe, la idea oficial es aumentar la presión impositiva global, descartando cualquier posibilidad de disminución de los tributos más importantes que sostienen el sistema de recaudación argentino. Especialmente complicado será el momento en que los autónomos, monotributistas, trabajadores en relación de dependencia y empresas en general descubran cuál es la idea de fondo que el Gobierno tiene preparado para Ganancias. Mucho más descontento generaría la intención que se vislumbra en el caso de bienes personales, cuando muchos legisladores del oficialismo más radical incluso quieren la creación (o recreación) de un nuevo tributo a la riqueza con copyright similar al “aporte extraordinario” que aprobó el Congreso en diciembre y que generó amplia polémica. El proyecto también incluiría el intento de una simplificación general del sistema tributario, mayores penas para los incumplidores y sistemas de reenganche permanentes para los morosos que quieran permanecer en el esquema de legalidad.

Para el Gobierno, el apoyo del FMI debería basarse en un criterio teórico que el organismo, se sabe, siempre defendió. Los momentos de déficit no son tiempos de pensar en reducciones de las presiones impositivas, sino todo lo contrario. Fue, por ejemplo, tema de debate en los años de Carlos Menem, cuando con Roque Fernández como ministro de Economía se pensaba en reducciones tributarias, que eran bombardeadas por la entonces cancerbera de la Argentina, Teresa Ter Menessian. Si el Gobierno de Alberto Fernández también piensa en una reforma impositiva es lógico que el criterio siga siendo el mismo, ya que el país tiene, como en aquellos tiempos, un problema crónico y explosivo de déficit fiscal.

Según lo que los técnicos del organismo dejaron claro en diciembre, no harán recomendaciones ni críticas de políticas puntuales que aplique el país, pero sí la marcación cercana de las metas que se deberán lograr. Especialmente las vinculadas a la manera en que el Gobierno se comprometa a logra un equilibrio fiscal antes de 2025. En este sentido sí se pueden avalar decisiones que apunten a esas metas. Se considera entonces desde Buenos Aires que una reforma impositiva que apunte a ese norte, se debería aplaudir desde Washington y mejorar la discusión de las metas fiscales a las que se comprometería el país. Y que, eventualmente, las alternativas de una reducción de impuestos quede para los tiempos en que la situación fiscal sea más generosa.