Por Alejandra Gallo - La inflación 2021 argentina golpea el tablero de todos los funcionarios, empresarios y sindicalistas. Lo que parece revelar el INDEC con la difusión del índice de Precios al Consumidor del 2020 es una tensión latente en torno a cuánto será la suba en alimentos y bebidas y tarifas, durante el comienzo de este año. Ya hay algunas consultoras como Libertad y Progreso que anticipan que los precios se incrementarán en torno al 4% mensual en el primer trimestre de año, lo que le marca un ritmo mucho más que caliente a todo el año. El ingrediente que le sumaría más tensión a este dato es qué decidirá hacer el Gobierno con el aumento de tarifas: llegará después o antes de las elecciones legislativas. Las distribuidoras de luz ya anticiparon que tienen  un atraso del 80%.

Paro del campo 2021

La reunión que se convocó en el ministerio de Agricultura, que conduce Luis Basterra, logró destrabar en parte el conflicto con el campo. Allí no estuvieron las entidades de la Comisión de Enlace que convocaron al paro de comercialización y sí las entidades que integran el Frente Agroindustrial. Esto, por un lado, dejó varios interrogantes en el sector en torno a la pelea por la representatividad de las entidades agropecuarias. Un juego de tensiones que le encanta jugar al Gobierno pero que, en la práctica, sólo consolidó antiguas rivalidades entre un grupo de funcionarios y los productores reales que en el día a día ven un Gobierno lejos de sus preocupaciones.

En realidad el encuentro del martes fue una alternativa que estuvo latente desde el inicio mismo de este conflicto y se le atribuye al mismo ministro Basterra, Coninagro y los empresarios del Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), conducidos por Roberto Domenech, su concreción. La posibilidad de flexibilizar el registro de exportaores de maíz fue, de hecho, una alternativa gubernamental que nunca se cerró del todo. Entonces, ¿por qué el conflicto al extremo? ¿Sólo para debilitar a las entidades ruralitas más tradicionales como la Sociedad Rural, que preside Daniel Pelegrina? Hubo mucho más que eso. El Gobierno, o al menos un sector importante de él,  probablemente ganó en sumar nuevas tensiones dentro del sector que menos comprende y que más antipatías le despierta. Pero, en realidad subió varios escalones en el conflicto que ya tiene con todo el sector privado y endureció la posición de los productores reales que, en el día a día, sienten las acciones de un Gobierno que viven como muy lejano.

Prepagas en alerta 

Desde hace muchos meses atrás, tal vez desde fines de 2018, el empresariado está en lo que sus principales referentes denominan “sesión permanente” preocupados por el rumbo que está tomando la Argentina y desaprovechando, desde esta perspectiva, las oportunidades que brinda el contexto mundial para las inversiones que podrían ayudar a disminuir la pobreza pero, especialmente, para limitar la injerencia del Estado en el mundo empresarial. En esta dirección se inscribió el duro documento del Foro de Convergencia Empresarial (FCE), que coordina Miguel Blanco y que se conoció el fin de semana. Las decisiones sobre las exportaciones del maíz (que ahora el Gobierno desactivó) y las negociaciones que lleva a cabo el Ministerio de Salud, en mano de Gines Gonalez García,  y Jefatura de Gabinete, que timonea Santiago Cafiero, por el nuevo sistema de salud detonaron ese documento. Dentro del FCE hay palomas y halcones. En diciembre, sólo un puñado de días antes del pasado fin de semana, se había logrado dejar para más adelante la difusión de un documento que marcara posición del empresariado en torno al rumbo del Gobierno. Gatillar las dos decisiones juntas detonó el documento en cuestión de horas  puso a todo el arco empresarial en estado de alerta. De hecho, hubo otros documentos en  las últimas 48 horas (que no serán los últimos) luego del mensaje del FCE. Por ejemplo, una carta de la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano (CAVERA), presidida por Ricardo Andino, dirigida al ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, fechada el 11 de enero en la que le piden al Gobierno “se exploren y arbriten soluciones eficaces, alternativa y equitativas que no agraven  ni la especial situación de los propietarios que pueden resultar afectados, ni la problemática general –y a esta altura, crónica- del déficit habitacional argentino con dos de sus manifestaciones más elocuentes y penosas: el crecimiento de la viviendas informales y carenciadas y las masivas tomas de tierras de terceros”.

Reaparciones y CGT

Al día siguiente, la Mesa de Producción de Córdoba, que agrupa a doce entidades, entre ellas todas las que componen el Grupo de los Seis a nivel nacional. “Como sector productivo asistimos con preocupación al conjunto de medidas del Estado nacional que desalientan la actividad económica, sembrando mayor incertidumbre y alejando aún más la perspectiva de una pronta recuperación. En distintos ámbitos, las decisiones que se vienen imponiendo generan el efecto contrario al que dicen promover”, rezó ese documento bajo el título “Señales de Desaliento para la economía y la producción”. Quienes o miran desde esta perspectiva consideran que la única posibilidad de recuperación de la Argentina pasa por la inversión privada y creen que el capital existe y está en manos de argentinos que darían el puntapié inicial para atraer desembolsos de otros orígenes si existieran las condiciones de confianza y aliento la inversión que hoy consideran que están ausentes. El Gobierno no lo ve de este modo exactamente y les recuerda a todos los referentes empresarios que le plantean esta postura que ni siquiera durante la gestión de Mauricio Macri, que el empresariado sintió mucho más afín que la actual, hubo inversiones de magnitud.

También algunas reapariciones políticas en las segundas y terceras líneas de gestión gubernamental reavivan antiguas inquietudes y nuevas incertidumbres. Es el caso de las negociaciones en torno al sistema de salud que el Gobierno pretendería modificar. Los rumores en torno a la letra de Liliana Korenfeld en esta iniciativa, quien desde los gremios es mirada como quien les “pisó la recaudación” a las obras sociales durante el gobierno de la actual vicepresidenta, puso en estado de alerta a la CGT, cuya cúpula se reunió esta semana en la sede de UPCN y que promovería un inminente encuentro con el jefe de Gabinete para verlo al Presidente por este tema. Héctor Daer estaría detrás de esa gestión.