Por Carlos Lamiral - Mientras el Gobierno se dispone a convocar para la semana próxima a las empresas y representantes de los trabajadores del sector de la Economía del Conocimiento para lanzar las mesa sectorial, por otro lado apura la reglamentación de la ley de promoción de la actividad.

El Ministerio de Desarrollo Productivo estableció mediante la Resolución 4/2021 los requisitos que deberán acreditar las empresas para poder renovar los beneficios de la promoción cada dos años. Se trata de porcentajes de incremento de inversiones en Investigación y Desarrollo (I D), Capacitación, Exportaciones y Calidad. Cuando las empresas beneficiarias del régimen tengan que ser evaluadas para saber si pueden seguir con el mismo, tendrán que cumplir con al menos dos de los parámetros.

En I D las empresas grandes deberán incrementar cada dos años 0,5 puntos porcentuales las erogaciones realizadas sobre su facturación total originada en las actividades promovidas. Para las pymes el aumento será del 0,25 puntos.

En Capacitación, las grandes deberán subir 0,25 puntos porcentuales los gastos sobre la masa salarial bruta del personal afectado a las actividades promovidas. Las pymes tendrán que cumplir con una suba de 0,15 puntos.

En Exportaciones, en tanto, las firmas grandes deberán incrementar 1,5 puntos porcentuales cada dos años las ventas al exterior que surjan de actividades promovidas. Las pymes, por su lado, tendrán que mejorar en 1 punto.

Por otro lado, las empresas beneficiarias tendrán que acreditar mejoras de calidad a través de algún organismo certificador reconocido como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Mientras la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, termina de definir los detalles del procedimiento para la inscripción al registro de empresas beneficiarias, trámite que se llevará a cabo a través de la web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el Ministerio de Desarrollo Productivo tienen previsto convocar a la Mesa del sector en el marco del Acuerdo Económico y Social que impulsa la administración de Alberto Fernández.

Ya con la ley completamente operativa para finales de mes, según estiman en el Gobierno, la idea es darle impulso a la actividad que representa al tercer sector de la economía que más genera dólares y que tiene la particularidad de que casi no requiere importaciones. El objetivo de la convocatoria es sentar las bases para que en el lapso de la próxima década las empresas puedan emplear hasta 500.000 personas y generar u$s10.000 millones en exportaciones al año, según dijo el ministro Matías Kulfas.

La implementación de la ley lleva un año de demora. Tendría que haber entrado en vigencia en 2020, pero el gobierno suspendió su aplicación para modificarla. La nueva ley se aprobó a fines del año pasado. Introdujo mayores beneficios a las pymes y la creación de un fondo especial para financiar actividades, pero eliminó la estabilidad tributaria que había en la ley anterior, de modo que el Gobierno quedó facultado para incrementar los impuestos sobre las empresas durante los 10 años de vigencia del régimen promocional.