Domingo 17 - Por Daniel Sticco - La cuenta con los acreedores internos y externos del gobierno central, no incluye provincias y municipios, aunque mantienen una proporción muy pequeña, no detiene su curso ascendente, principalmente por la persistencia de un alto déficit de las finanzas públicas que exige financiamiento voluntario y cuasi compulsivo con organismos oficiales; y también por la “capitalización” de intereses de rentas que debieran pagarse semestralmente, pero que fueron reperfiladas por el ministro Martín Guzmán.

Según los datos preliminares de la Secretaría de Finanzas diciembre 2020 cerró con una deuda de la Administración Central, en pesos y moneda extranjera, equivalente a USD 336.087 millones, acumulando sendos aumentos en términos brutos de USD 2.718 millones respecto de noviembre 2019 y de USD 22.787 millones desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández.

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Dado que una parte importante de los nuevos compromisos asumidos en el año tuvo como actor relevante al Banco Central, a través de adelantos transitorios de carácter extraordinario de largo plazo, y también los habituales de corto plazo que se renuevan casi automáticamente al comienzo de cada año, muchos economistas sugieren descontar ese efecto, para poder determinar la variación neta fuera del sector público.

Ese ejercicio, que no deja de ser parcial, porque Finanzas no desagrega los datos preliminares con los compromisos asumidos con otros agentes del Estado, como el Banco Nación Argentina y la Anses, principalmente, determinó en diciembre un crecimiento algo mayor, USD 2.966 millones, porque se registraron cancelaciones netas por el equivalente a USD 248 millones, en tanto en comparación con 13 meses antes se atenuó a USD 16.931 millones, representativa de poco más de 4% del PBI.

Sin embargo, por efecto de la brutal recesión que provocaron la inercia contractiva de los dos años previos y la irrupción de la crisis sanitaria, en términos de PBI el total de la deuda pública de la Administración Central se elevó de casi 75% en el último trimestre de 2019 a poco más de 87% un año después.

Esas proporciones se reducen a 72,4% y 84% del PBI si se resta la deuda asumida con el Banco Central que en el último trimestre de 2020 fue del equivalente a USD 15.600 millones.

Análisis desagregado de los números fiscales

El detalle de las variaciones de la deuda permite advertir que las diferencias entre los vencimientos de cada período y las colocaciones de deuda fueron algo mayores: USD 3.293 millones en el mes y USD 30.444 millones en 13 meses de Gobierno, porque operaron favorablemente para las finanzas públicas el efecto de la devaluación del peso en el caso de las obligaciones asumidas en moneda nacional, en particular la porción no ajustable por inflación, y de la caída del dólar respecto a otras monedas, en otros.

También se observó en el último año que pese a la reestructuración de la deuda con bonistas bajo legislación extranjera y la intención del ministro de Economía de ir reconvirtiendo compromisos en divisas por pesos, la realidad de un mercado internacional virtualmente cerrado para la Argentina y las presiones por salir del peso, hicieron que no pudiera sostener la reestructuración que tuvo lugar en los primeros meses de gestión, y terminara con proporciones de emisiones netas similares.

De ahí que en la estructura de la deuda total se mantuviera un claro predominio de compromisos en moneda extranjera, en una relación levemente superior a 3 a 1 con la nacional.

Así, en diciembre mientras que la nueva deuda en moneda local aumentó en el equivalente a USD 647 millones, con una baja de USD 840 millones en el componente a tasa fija y variable, y aumento en USD 1.487 la correspondiente a la ajustable por la inflación, la contraída de divisas se elevó en USD 2.048 millones.

De todas formas, en el acumulado de los 13 meses el saldo neto fue expansivo en USD 6.866 millones la asumida en moneda extranjera, principalmente estadounidense; y en USD 15.835 millones la porción en pesos.

Sin embargo, ese cambio no le otorga al equipo económico la capacidad de “licuación” por la vía de la constante devaluación de la moneda nacional, porque se redujo la parte no ajustable e USD 2.500 millones y creció en USD 18.331 millones la que actualiza por la inflación, la cual se asume que no sólo se acelerará en el nuevo año, sino que además, es intención del Gobierno de no atrasar el tipo de cambio para no afectar la competitividad de la economía, pero tampoco de provocar un salto que afecte el objetivo de desacelerar el ritmo de aumento de los precios.

Un fenómeno auspicioso, en los términos de los objetivos del ministro Martín Guzmán, fue que tanto en el último mes, como en acumulado desde que ingresó al Gobierno, la mayor parte de la nueva deuda se contrajo a mediano y largo plazo, de modo de descomprimir las exigencias financieras en un año que volverá a estar signado por la incertidumbre y las limitaciones que imponen las obligaciones fiscales derivadas de la crisis sanitaria.

Luego de un primer tramo del año en el que los nuevos compromisos a más de un año de plazo de vencimiento representaron menos del 73% del total, en diciembre se elevó a 88,4%, y significaron el 92,4%, de los cuales casi 64 puntos porcentuales correspondieron a títulos públicos.

En cuanto a la deuda con organismos internacionales, terminó el año en USD 71.072 millones, de la cual USD 45.965 fue asumida por el gobierno anterior con el Fondo Monetario; USD 13.168 millones con el BID; USD 7.721 millones con el Banco Mundial y USD 3.653 millones con la Corporación Andina de Fomento, principalmente. Se incrementó en USD 1.066 millones en el mes, y USD 3.399 millones bajo la presidencia de Alberto Fernández, casi todo por efecto de la capitalización de intereses y variación de las divisas respecto del dólar.