Por Carlos Burgueño - El Gobierno tiene un plan concreto frente al problema de la actualización de las tarifas de los servicios públicos. La intención oficial es autorizar subas eventuales distribuidas durante este año, pero atadas a la evolución de los costos de las prestadoras de los servicios de energía, gas y agua. Para esto el Ejecutivo piensa habilitar en el primer trimestre del año un mecanismo que está dentro del esquema legal de privatizaciones: audiencias públicas donde intervengan tanto el Estado, como las empresas y los consumidores; en todas sus variantes. Esto es, particulares, empresas y hasta el sector público en su rol de consumidor. Es este marco los concesionarios deberán presentar los argumentos técnicos, financieros, laborales paritarios, de insumos, inflacionarios y hasta comerciales para determinar cuáles son los niveles exactos de incrementos de costos de los últimos 12 meses; período que obviamente incluye la pandemia y el último trimestre de 2020. De esas argumentaciones se tomará cuál es el porcentaje que correspondería para incrementar las tarifas durante este ejercicio, y en qué sectores determinados. La intención es que las prestadoras no pierdan dinero contra el año pasado. Pero que tampoco ganen.
Según las proyecciones muy preliminares que tiene en mente el gobierno, el alza no debería superar el 36% de la inflación de 2020. Y en lo posible, menos del 29% que el ministerio de Economía pronosticó para 2021 de inflación, según la línea editorial que figura en el Presupuesto para este ejercicio. Y que difiere del 50% que pronostican los economistas, porcentaje que para las prestadoras de los servicios públicos debería ser el piso de incremento de las tarifas para este año. La intención oficial se cruza con las negociaciones que parte del Ejecutivo está manteniendo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el capítulo tarifas de servicios públicos es indirectamente fundamental. No porque se discuta puntualmente el tema, ya que el organismo (en su nueva realidad de no recomendar políticas macro puntuales) entiende que se trata de una facultad privativa del Ejecutivo; sino como un componente clave en la determinación anual del resultado final del déficit fiscal. Según el FMI, si no se actualizan las tarifas de los servicios públicos, es imposible que Guzmán logre la promesa de reducir este año el desequilibrio entre ingresos y gastos a la mitad. Y menos sostenerlo en un sendero de contracción entre el 2022 y 2023 que lleve a un equilibrio no más allá de 2024. Luego, en 2025, para el FMI Argentina debería tener superávit fiscal y comercial, para poder hacer frente a los pagos de los compromisos financieros internacionales de deuda. Tanto privados como a los organismos internacionales, comenzando por el propio Fondo. En algún momento entre noviembre y diciembre, el tema apareció en las negociaciones; y había dejado un buen clima entre las partes. Argentina se comprometía a analizar, al menos, una indexación tarifaria en 2021 que, al menos, acompañe la inflación acumulada; para, luego, hablar de un plan de subas negociado al largo plazo y que acompañe el cronograma de pagos firmado con el FMI. Desde Washington está la certeza que dentro del propio Gobierno hay diferencias importantes. Y que una parte fuerte del “ala política” descarta cualquier tipo de incremento tarifario que supere el dígito. Como esta división interna del oficialismo sobre el tema tarifas es nueva, los hombres de Washington esperarán a tratarlo de manera directa con los negociadores criollos. Pero, otra vez, serán implacables en conocer una respuesta sustentable.
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