Ha trascendido que el gobierno nacional está evaluando la posibilidad de obligar a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) a colocar un mínimo de los ahorros de los futuros jubilados en bancos públicos para que se destinen a préstamos de largo plazo para pequeñas y medianas empresas (pymes). Se trata de una medida que constituiría un nuevo acto de intervencionismo estatal y que demostraría lo poco que han aprendido nuestras autoridades acerca de las lecciones del pasado reciente.

Desde ya, es positivo que el Gobierno se preocupe por alentar el financiamiento a pequeñas empresas. No menos importante es que por fin se reconozca que, para mantener un alto nivel de crecimiento económico con generación de empleos y para atenuar las presiones inflacionarias, se necesitan inversiones productivas capaces de reactivar la oferta de bienes y servicios en algunos sectores.

Del mismo modo, es justo admitir que las pymes son el eslabón más débil de la cadena productiva a la hora de obtener créditos de largo plazo.

Sin embargo, la idea que se estudia en el Ministerio de Economía para que el financiamiento dirigido a esas potenciales inversiones surja de aportes de las AFJP a los bancos públicos resulta inadecuada.

La pregunta que podríamos hacernos para hacer más comprensible el problema es quién es y qué facultades tiene la ministra de Economía -o incluso el propio presidente de la Nación- para disponer alegremente el destino de los ahorros de todos los trabajadores que aportan al sistema privado de jubilaciones.

Las excesivas regulaciones y, más aún, el intervencionismo estatal en las decisiones de las AFJP han generado no hace mucho resultados notoriamente contraproducentes. Basta recordar que, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, cuando el riesgo país trepaba a niveles intolerables, se forzó a las AFJP desde el Estado a invertir en títulos públicos que, poco después, entrarían en default, con las penosas consecuencias que todos conocemos y que, sin duda, castigaron a los futuros jubilados.

La tentación de los gobiernos de sacarle fondos al sistema previsional para derivarlos hacia fines que nada tienen que ver con el bienestar futuro de los aportantes es muy vieja. Cabe señalar, por sólo citar uno entre tantos ejemplos, que dos años atrás el gobierno de Néstor Kirchner desvió 755 millones de pesos del sistema previsional para financiar la compra de fuel oil a Venezuela, paliar la crisis energética y abonar parte de una deuda con Paraguay por la elevación de la cota de la represa de Yacyretá. Es obvio que la reasignación de aquellos fondos nada tiene que ver con el futuro de los beneficiarios del sistema previsional.

Es imprescindible abandonar de una buena vez esta vieja cultura por la cual se considera que un gobierno tiene las manos libres para utilizar a su antojo fondos previsionales que terminan tapando otros agujeros.

Si las autoridades políticas no aprenden las lecciones que ha dejado nuestro triste pasado reciente en materia previsional, nuestros futuros jubilados, como los actuales, estarán condenados a la injusticia y a la pobreza.

Editorial de La Nación - Miércoles 21 de Junio de 2006.