Por Emiliano Yacobitti - El Poder Ejecutivo anunció a través de todos los medios de comunicación que enviará al Congreso un proyecto para modificar parcialmente el Impuesto a las Ganancias. Durante todo un año, y a pesar de la cuarentena total de los primeros meses de pandemia, el Gobierno hizo oídos sordos a las justas demandas para revisar el monto del mínimo no imponible al Impuesto a las Ganancias. Pero bienvenidos sean los tiempos electorales si llevan a la política a atender la situación de las personas de carne y hueso. Hoy, se comunica con bombos y platillos una actualización, que admitiendo la suba constante y sistemática de precios, excluye a sectores que no deben de ninguna manera estar gravados por este tributo.

La combinación de un impuesto a las Ganancias con estas tasas inflacionarias deja a los contribuyentes a merced de la “buena voluntad” de quienes tienen mayoría en el Congreso (y de sus especulaciones políticas y electorales), ya que estos ajustes son siempre temporarios en una realidad cambiante donde siempre quedan atrasados con respecto a la inflación.

La actualización del mínimo no imponible es obviamente imprescindible, pero vamos a seguir insistiendo con cambios en este impuesto, de modo que su aplicación sea equitativa, previsible y que incentive mejoras para el conjunto de la sociedad argentina. Por un lado, reclamamos que el índice de actualización del monto no imponible se actualice automáticamente respecto a la inflación.

Pero también estamos trabajando en un cambio estructural del Impuesto a las Ganancias, para comenzar a ver a la educación como una inversión y no como un gasto. En ese sentido, venimos proponiendo desde hace varios meses, junto a un conjunto de miembros de la sociedad civil, que se pueda deducir de este impuesto todo lo que se destina a bienes y servicios necesarios para educar a sus hijos e hijas, desde la conectividad, computadoras, transporte escolar, residencias universitarias, hasta cuotas y cooperadoras, indumentaria y libros escolares, que conformamos en una canasta básica educativa. Es decir, que el contribuyente pueda decidir qué tipo de inversión hacer: si engrosar los recursos generales del Estado o invertir en un proyecto de vida como educarse, que genera además beneficios para toda la sociedad.

Decimos que es una transformación del Impuesto a las Ganancias porque viene a incluir a un gran sector de la sociedad que ha quedado olvidado. De este modo, cualquier familia que esté alcanzada por este impuesto, podría deducir todo lo que invierte en educar a sus hijos o a sí mismos. Es reorientar recursos hacia fines productivos y que la familia sea la beneficiada por ello. Nuestra propuesta otorga previsibilidad porque modifica estructuralmente el impuesto y así las familias pueden planificar el año educativo sabiendo que esos gastos no van a ser tenidos en cuenta para el tributo.

Y estamos convencidos que es un incentivo positivo ya que premia a las familias que invierten en el futuro de los más chicos y ayuda a que no haya nadie que deba prescindir de apostar a la educación, porque este impuesto lo está ahogando económicamente.

En momentos en que la sociedad reclama más y mejor educación, el Estado nacional debe dejar de castigar el esfuerzo de las familias en esta cuestión crucial (y muy especialmente cuando la postergación en muchas provincias del regreso a la presencialidad necesita ser compensada con actividades complementarias educativas).

Es el momento de cambiar los slogans por políticas públicas concretas. Es la hora de la educación porque estamos convencidos que con ella, nos jugamos el futuro de la Argentina.

(*) Diputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires (UCR).