Sábado 13 - Las potencias miembros del G7 debatirán en su reunión virtual de este fin de semana la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cree una línea de financiamiento especial para los países de baja renta.

La asignación se realizaría mediante dos sistemas. El primero sería una emisión directa de Derechos Especiales de Giro (DEG) por u$s500.000 millones; como los fondos serían repartidos proporcionalmente en relación al peso que cada nación tiene en el organismo, Argentina debería recibir cerca de u$s3.350 millones ya que tiene un 0,7% de participación.

El segundo sistema, indirecto, sería un préstamo de estos derechos a los países pobres por parte de los ricos, ya que estos últimos no necesitan estas reservas porque se endeudan en los mercados a tasas muy favorables.

Los DEG, que son un activo de reserva internacional, pueden cambiarse por divisas y su valor se basa en una canasta de cinco monedas representativas a nivel global. El FMI recurrió a este instrumento tras la crisis de 2008, pero su monto fue la mitad del que se desembolsaría en esta ocasión.

"Hay un pedido de Italia sobre la necesidad de ayudar a los países en la pandemia emitiendo derechos especiales de giro", dijo Héctor Torres, ex director argentino ante el FMI en declaraciones con la cadena CNN.

El ministro de Economía italiano, Roberto Gualtieri, confirmó la intención del grupo de continuar apoyando la recuperación económica, a fin de lograr un crecimiento inclusivo. "El retiro de las políticas de estímulo sería prematuro", escribió en Twitter después de una llamada virtual con sus pares del G7.

"No creo que Italia se hubiera animado a pedir esto si no lo hubiera hablado con la administración de Joe Biden", acotó Torres. En ese mismo sentido, una fuente del gobierno francés aseguró que sus "últimos contactos con la nueva administración nos han permitido constatar una apertura de su parte".

Según trascendió, los impulsores de esta iniciativa deberán primero convencer a los países del G7, que poseen entre el 25% y el 30% del capital del FMI, y después al G20 el 26 de febrero con el objetivo de adoptar una decisión en abril durante la reunión anual del FMI.