Sábado 20 - Por Rafael Mathus Ruiz - Pese a la fuerte presión de Cristina Kirchner para extender los plazos de los pagos de la deuda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que negocia con el Gobierno dentro de los marcos tradicionales del acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus sigas en inglés) pedido por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que no pueden exceder los diez años.

Además, pese a las tensiones internas en el Frente de Todos en un año electoral, el FMI espera que el programa que negocia con el Gobierno logre un respaldo político amplio e incluya una serie de reformas estructurales, entre las que estarían el impulso de un mercado de ahorro en pesos, la mejora de la productividad para apuntalar el crecimiento y la competitividad, y avances en la administración pública.

Aunque Guzmán anunció públicamente que espera cerrar un acuerdo con el Fondo para mayo próximo, otros miembros del equipo económico pusieron esa fecha en duda. El organismo que conduce Kristalina Georgieva volvió a señalar que se trata de una meta “ambiciosa”.

WASHINGTON.– Sin apuro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) trabaja con el gobierno de Alberto Fernández en un acuerdo a diez años, un plazo cuya modificación está por ahora fuera de agenda y que se mantendrá, en contra de las aspiraciones del kirchnerismo, que ha ventilado la idea de buscar un programa a 20 años para conseguir un mayor alivio en los pagos de la deuda.

El Fondo y el Gobierno aspiran a enhebrar un acuerdo que incluya una agenda de reformas estructurales y tenga un amplio consenso político que lo inmunice contra otro fracaso, una meta muy difícil en un año electoral en el cual los planetas parecen alinearse para una negociación larga: el Frente de Todos aún intenta consensuar un plan económico ya de por sí complejo, y la Casa Rosada contará con un mayor margen para estirar los tiempos y dilatar el ajuste gracias al viento de cola que aporta la soja, la recuperación de la economía y una eventual inyección de reservas que, se prevé, llegará sin condiciones desde el propio FMI debido a la pandemia del coronavirus.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que “sería aceptable” cerrar un acuerdo en mayo, pero otros miembros del equipo económico, como Cecilia Todesca y Sergio Chodos, director para el Cono Sur del FMI, indicaron que la prioridad es lograr un buen acuerdo antes que llegar a ese plazo. Guzmán aún tiene en espera un viaje a Washington que se estimó, en principio, para fines de este mes. Y en el Fondo creen que es mejor ser pacientes, y tratar de conjugar el mejor programa posible, aun cuando eso implique alargar las discusiones. “Seguimos teniendo discusiones muy constructivas con las autoridades argentinas mientras trabajan en la elaboración de su plan económico”, indicó un vocero del Fondo. “Como dijo recientemente la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llegar a un acuerdo antes de mayo requerirá más esfuerzos de ambas partes”, agregó.

El Fondo descartó estirar el plazo de un eventual programa. El Gobierno solicitó al Fondo un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) para alargar la devolución del préstamo que tomó el gobierno de Mauricio Macri a mediados de 2018, en medio de la corrida cambiaria que desató la crisis económica actual. Macri tomó alrededor de US$44.000 millones –el crédito contemplaba desembolsos por hasta US$57.000 millones– que se destinaron casi en su totalidad al pago de deuda y que deben comenzar a devolverse este año. El EFF es una línea a diez años, un plazo que en el kirchnerismo quieren duplicar para dilatar el ajuste.

“Los desembolsos realizados en el contexto del acuerdo de facilidades extendidas se devolverán en un plazo de cuatro años y medio a 10 años en doce cuotas semestrales iguales. Estos términos se aplican de manera uniforme a todos los países”, remarcó un vocero del organismo.

Las condiciones del EFF se han mantenido desde que el Fondo implementó el programa, en 1974. Las condiciones de los préstamos del Fondo –los plazos para la devolución del crédito, la tasa que se cobra– son iguales para todos los países, por más que cada nación luego acuerde con el Fondo un plan económico y una lista de metas y condiciones a medida del gobierno y la crisis de turno. Si las condiciones de una línea de asistencia se modifican, tal como quiere el kirchnerismo, ese cambio regiría para todos los miembros del Fondo, y no solo para la Argentina.

La atención de los gobiernos del G-7, los principales socios del FMI y quienes tienen la palabra final en el board, está puesta en una eventual distribución de recursos que beneficiaría a los países miembros, incluido la Argentina, y que, de hecho, le otorgaría al Gobierno más oxígeno para estirar la negociación, al incrementar las reservas con recursos frescos que pueden destinarse a los pagos de la deuda. La última vez que el Fondo hizo una asignación especial de fondos fue en 2009, luego de la crisis financiera global, cuando repartió US$318.000 millones.

Las demoras en la negociación surgen de la búsqueda de consenso en Buenos Aires para el programa. El Gobierno y el Fondo buscan un fuerte respaldo político para el plan, una de las deficiencias que acarreó el acuerdo de Macri, deshilachado por el Frente de Todos. Una de las discusiones es la velocidad del ajuste, y la necesidad de equilibrar una baja de la inflación con la reactivación de la economía. En Washington atan la inflación a la emisión para cubrir el déficit fiscal y creen que los acuerdos de precios y salarios no funcionarán sin políticas macroeconómicas.

A la velocidad del ajuste se suma otro aspecto políticamente delicado del acuerdo: las reformas estructurales. Macri tenía pensado tocar dos áreas muy sensibles, el sistema previsional, donde algunos economistas ven un desequilibrio explosivo, y las leyes laborales, un espacio donde pesa la voz de los sindicatos. Las negociaciones buscan avances también en un menú de reformas en cuatro frentes: la consolidación fiscal, el impulso de un mercado de ahorro en pesos, la mejora de la productividad para apuntalar el crecimiento y la competitividad, y avances en la administración pública.