Por Virginia Porcella - Martín Guzmán, el día que recibió aplausos de los empresarios; poco después, el gobierno imputó a 11 empresas de consumo masivo por el desabastecimiento de productos (Foto: Presidencia)

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene cada vez más dificultades para hacer pie con su plan de moderación y acercamiento al sector privado. De cada promesa, señal o guiño hacia el mercado que el funcionario ensayó en los últimos seis meses para descomprimir la presión cambiaria y frenar el drenaje de reservas del Banco Central, casi nada queda en pie. Consignas como el pronto acuerdo con el Fondo Monetario, la corrección de tarifas, el desmantelamiento del plan de Precios Máximos, flexibilización de las restricciones cambiarias y, sobre todo, una política consistente con una baja de la inflación -problema que definió como “macreconómico”-, se van diluyendo con el correr de los meses y la imposición de una agenda política, hoy detonada por el escándalo del vacunatorio VIP.

Esa crisis poco le aporta. En principio, porque lo roza a él mismo por haberse vacunado, junto con otros 5 integrantes de su equipo, entre ellos su jefa de Gabinete, Melina Mallamace, y el director argentino ante el FMI, Sergio Chodos. Aunque podría considerarse válida la justificación oficial esgrimida respecto a carácter de “estratégico” y sus viajes en calidad de negociadores con el organismo, clave además para evitar la imputación penal que les cabe a todos los funcionarios públicos que se inmunizaron irregularmente, el contexto en el que se discute conspira contra un proceso de construcción de credibilidad, indispensable para alinear los factores económicos.

Todavía lejos de ese objetivo, la pax cambiaria que promete extenderse hasta que ingresen en abril los dólares de la nueva cosecha, se sostiene casi exclusivamente en la abrupta suba del precio de la soja, que con un valor de USD 500 la tonelada incentiva a los productores agropecuarios a vender lo retenido el año pasado. Ese nivel de liquidación, sin embargo, es aún insuficiente para abrir el grifo de dólares a los importadores y que las divisas fluyan normalmente en los sectores productivos que los requieren para incrementar su actividad.

Tal vez sólo el postergado acuerdo con el FMI allane el camino a para un gradual relajamiento del cepo, pero también esa expectativa fue relativizada prácticamente con la admisión pública de Chodos de que el entendimiento no se produciría en mayo, fecha que el propio equipo económico había marcado como mojón, tras el cierre de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados en septiembre de 2020. Difícilmente, entonces, ese acuerdo se produzca pocos meses después, con las elecciones en ciernes.

El mismo análisis hacen en las compañías de energía, al menos las de gas, que fueron ayer formalmente convocadas a presentar sus propuestas de aumento el 16 de marzo, para definir las tarifas de transición. Ese aumento difícilmente logre concretar la idea de Guzmán, quien públicamente aseguró más de una vez que su objetivo era evitar crecimiento real de los subsidios y mayor participación en el PBI. Pero ahora no sólo por una cuestión política, sino también por estrategia económica. La tasa de inflación de diciembre y enero llevó al ministro a abandonar también su premisa de un tipo de cambio que ajuste de acuerdo a la inflación, incluso en el marco de tasas interés negativas. El mismo rol, ahora, se prevé para las tarifas.

La aceleración de los precios, particularmente de los alimentos, también dio por tierra con otra de las principales promesas realizadas a los empresarios respecto del desmantelamiento de Precios Máximos sino que, por el contrario, hizo recrudecer la tensión. Al tiempo que Guzmán recibía aplausos por diferenciarse del discurso duro de algunos sectores del Gobierno y, en ocasiones, del propio Presidente que atribuye a la “especulación” empresaria las causas de la inflación, desde la Secretaría de Comercio que dirige Paula Español avanzaban en la imputación por desabastecimiento a 11 grandes proveedores de supermercados. La medida previsiblemente generó un profundo malestar en las empresas del sector, donde señalan al impacto real de la suba de las materias primas de hasta 121% en algunos productos sensibles como la harina, la yerba y el aceite, y disolvió en pocas jornadas el reconocimiento expresado al titular del Palacio de Hacienda.