Por Sofía Diamante - La Secretaría de Energía decidió avanzar hoy con la quita de un subsidio a los grandes consumidores de energía eléctrica con el fin de ahorrarse este año $35.000 millones y aliviar el gasto en subsidios. Esta medida afecta a 4000 comercios e industrias, que tendrán un aumento en sus tarifas eléctricas de entre 50% y 70% y que probablemente trasladarán una buena parte de ese mayor costo a los precios finales.

Los grandes consumidores de electricidad, que demandan más de 300 kw, tienen dos alternativas para comprar energía: en forma directa a Cammesa, la compañía con control estatal encargada de los despachos, o de forma indirecta a través de las empresas distribuidoras (Edenor, Edesur y Edelap, por ejemplo), como hacen los hogares, los comercios y algunas fábricas.

Según explicaron en el Gobierno, los agentes que compran directo a Cammesa pagan el costo pleno de generación eléctrica, mientras que los que adquieren la energía a través de la distribuidora recibían un subsidio de más del 50%. Estos últimos usuarios tienen un consumo que representa alrededor del 10% de la demanda eléctrica general.

“Hemos tomado esta medida para remediar inequidades que provocaban distorsiones en el costo de la electricidad entre empresas de similares tamaños y actividades, algunas de las cuales pagan el precio monómico y no tenían acceso a la tarifa subsidiada, de la que gozaban sus competidoras”, dijo el secretario de Energía, Darío Martínez.

La forma que resolvió el Gobierno de “remediar inequidades” fue la de eliminar el 100% del subsidio que recibían un grupo de empresas, excepto para aquellas instituciones públicas que prestan servicios de salud y educación de los tres niveles del Estado, que seguirán con la tarifa subsidiada.

“Si bien es difícil calcularlo, ya que depende del nivel de recuperación de la actividad y del consumo, este tipo de correcciones nos permitirán generar un importante ahorro fiscal”, agregó Martínez.

En concreto, los usuarios que compran la energía directamente a las eléctricas pasarán de pagar $2905 el MWH promedio a $5489.

Para los usuarios residenciales que consumen menos de 300 kw no hubo anuncio de aumento de tarifas, pero en la Secretaría de Energía indicaron que probablemente en los próximos días se llame a una audiencia pública para definir el nuevo cuadro tarifario, al igual que hicieron con el gas la semana pasada.

También, como sucede con el sector gasífero, hay dos o tres corrientes dentro de la misma coalición gobernante acerca de cómo debería ser el porcentaje de aumento. Si se le permite un incremento solo al segmento de transporte y distribución (que tienen un peso total de 30% en el precio de la tarifa final), la suba podría ser de solo un dígito. Sin embargo, este incremento no aliviaría las transferencias que debe hacer el Tesoro para cubrir el costo de la generación eléctrica.

Al ser un precio constante en pesos lo que pagan los usuarios, con la devaluación, la recaudación cada vez alcanza menos para pagar el costo de la generación, que está dolarizada. El año pasado, por ejemplo, el precio promedio de la energía eléctrica era de US$58,7 el MWH, del cual los usuarios abonaban US$31,8, equivalentes al 54%.

En 2019 los usuarios habían llegado a cubrir el 66% del costo total de la generación, que encima había sido mayor (el costo era de US$68,8 y los usuarios pagaban US$45,1). Para este año se espera que el costo de la generación eléctrica vuelva a subir ya que aumentó el precio del gas, el principal insumo de la generación térmica.

El aumento de tarifas para los grandes consumidores aliviará las cuentas fiscales, pero no les brindará un beneficio a los generadores, donde operan las empresas Enel, Pampa Energía, Central Puerto, Genneia, AES e YPF Luz, entre otras. De hecho, para ellas, por ahora no habría aumentos de precios y se les mantiene congelada la tarifa, que está sin cambios desde febrero del año pasado, cuando la administración actual la pesificó. En ese entonces, se decidió que habría una fórmula de ajuste mensual por inflación, pero se suspendió en marzo cuando arrancó la pandemia, un año atrás.

En el sector de distribución la situación no es muy distinta. Las tarifas están congeladas desde marzo de 2019 y las empresas dicen que el atraso acumulado por la inflación es del 80%.