Por Nelson Fernández - MONTEVIDEO.– La cantidad de argentinos que concretaron la residencia fiscal en Uruguay se triplicó en 2020 y la tendencia es a que siga en aumento en 2021, según los registros del gobierno local y de los trámites en marcha con estudios jurídicos.

El plan del presidente Luis Lacalle Pou por atraer inversores extranjeras y familias argentinas que se muden a residir –y consumir– en territorio uruguayo está dando resultados, pese a las restricciones que impone la pandemia con cierre de fronteras.

Tanto las autoridades como agentes privados reconocen que la emergencia sanitaria ha generado complicaciones para la tramitación de residencias legales, para vivir, y fiscales, para trasladar el centro de interés comercial y el pago de impuestos de la Argentina a Uruguay.

Pese a que las fronteras están cerradas desde mediados de marzo de 2020 para extranjeros que no tengan residencia en el país, cientos de argentinos lograron completar el trámite que los desengancha de la AFIP de su país y los vincula con la Dirección General de Impositiva (DGI) oriental.

Los registros de la DGI indican que en 2019 se habían otorgado 1624 residencias fiscales y que en 2020 esa cifra trepó a 2343 casos. De ese total, los certificados extendidos a ciudadanos argentinos aumentaron de 207, en 2019, a 641, en 2020.

La evolución indica que las residencias fiscales otorgadas por la agencia tributaria uruguaya aumentaron en el año 44%, con un empuje fuerte de los argentinos, con un incremento de 210%, mientras que las concedidas a otros también subió, pero a menor ritmo: 20%.

El abogado Federico Fischer, de la consultora Andersen Tax & Legal, que trabajó en los cambios legislativos del año pasado para fomentar estos casos, dijo a que la la nacion pandemia impidió que muchos interesados pudieran venir a realizar sus trámites, pero que se mantiene e incluso crece el interés de inversores y familias porteñas para tramitar residencia fiscal en Uruguay.

Ese concepto da beneficios tributarios sobre rentas generadas en el exterior, con un tratamiento más benévolo que el argentino, y fue flexibilizado el año pasado. Pero Fischer asegura que el interés del público de ese país no se limita a eso, sino a tener inversiones en Uruguay. “El real estate sigue siendo un fuerte atractivo y el otro caso se da en los agronegocios, tanto para ampliar inversiones como para iniciar proyectos”, detalla.

El asesor en inversiones Raúl Pazos, de Rica Consultores, dijo que el interés argentino comenzó a incrementarse hace más de un año y obedece a “un espectro amplio” de razones, como el tratamiento impositivo y la mejor seguridad que en países vecinos, pero también porque “los inversores comprueban” que en Uruguay “no hay cangrejos bajo la piedra” y se respeta la seguridad jurídica, que el país es destacado en rankings de transparencia por no tener la corrupción de otros países, porque “es confiable en términos financieros, con grado inversión”, y porque en el sistema político “hay respeto por las instituciones”.

La abogada Verónica Raffo, del estudio Ferrere, dijo a que el la nacion incremento del interés argentino por Uruguay en 2020 lo asocia “más a un tema de contexto sanitario, entorno político y social, y clima de negocios que propiamente al interés por obtener la residencia fiscal en el país”.

Aseguró que “cada vez hay más casos de los (argentinos) que se deciden a invertir en Uruguay” y que, en ese marco, lo principal está en “los proyectos de real estate y de agronegocios”, pero destacó “también tecnología e incluso alguna industria”.

El presidente Lacalle Pou cumplirá un año en el cargo el próximo lunes y se ha propuesto captar inversión extranjera, y también lograr que aumente significativamente el traslado de familias para residir en Punta del Este, Montevideo y otras ciudades, apuntando a hogares de alto ingreso y consumo intenso.

Para eso, el gobierno dictó el Decreto N° 163, del 11 de junio, que estableció dos nuevas causales para adquirir la residencia fiscal; luego se aprobó la Ley Nº 19.904 del 18 de setiembre que amplió el plazo de “vacación fiscal” (“Tax Holiday”) de 5 a 10 años para exonerar tributos (o pagar otro impuesto de tasa menor); después se dictó el decreto N° 268 del 7 de octubre que amplió el régimen general de promoción de inversiones, y finalmente se promulgó la ley Nº 19.937 que ofreció beneficios fiscales a los extranjeros ya instalados en el país.

El equipo de gobierno analiza planteos de estudios jurídicos para mejorar las condiciones de residencia y algunos mecanismos de promoción de inversiones para que el interés de argentinos y otros extranjeros por hacer negocios en Uruguay pueda concretarse.