Sábado 27 - Por Rafael Mathus Ruiz y Francisco Jueguen - El Gobierno tiene en carpeta la posibilidad de utilizar una eventual inyección de fondos frescos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar vencimientos de deuda con el organismo a fines de este año, una bocanada de oxígeno financiero que le daría un mayor margen en la negociación actual para refinanciar la deuda de alrededor de US$45.000 millones que tomó prestados el gobierno de Mauricio Macri.

El Fondo y sus principales socios evalúan desde varios meses implementar una asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda que utiliza el FMI para sus transacciones) para reforzar sin costo las reservas de sus miembros –sobre todo, los de menores ingresos–, y apuntalar la respuesta global a la pandemia del coronavirus. La iniciativa ganó impulso esta semana con el respaldo de Estados Unidos y el G20.

De concretarse, la Argentina puede llegar a recibir alrededor de US$3300 millones. Si los fondos llegan este año, el Gobierno no descarta la posibilidad de utilizarlos para pagarle al Fondo el primer vencimiento del préstamo que tomó el gobierno de Macri, en septiembre próximo, por unos US$1900 millones, indicaron ayer fuentes del Ministerio de Economía a la nacion.

La inyección de fondos frescos a las reservas desde el FMI le daría al Gobierno margen para estirar la negociación actual con el staff del organismo que dirige Kristalina Georgieva, incluso más allá de las elecciones legislativas de octubre. Si bien el ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho que “sería aceptable” cerrar el nuevo acuerdo en mayo, en el oficialismo señalan que lo importante es llegar al mejor programa posible para la Argentina antes de cumplir con un plazo. El presidente Alberto Fernández insistió en esa idea esta semana en México, sin poner una fecha, aunque también dijo que no quiere dilatar el nuevo acuerdo. “ni queremos dilatar el acuerdo ni estamos haciendo nada para postergarlo ni están trabadas las negociaciones”, dijo el mandatario.

Guzmán, quien tiene a su cargo las negociaciones, respaldó la iniciativa en la reunión virtual de ministros del G20 que se realizó ayer, donde también abogó por una reforma en los préstamos del organismo: eliminar la sobretasa que pagan los países que, como la Argentina, obtienen un crédito con “acceso excepcional”.

“La Argentina apoya plenamente una nueva asignación general de derechos especiales de giro, que proporcionará fondos para las economías de ingresos bajos y medios que se necesitan con urgencia. El momento en que más se necesitan es ahora, por lo que debemos actuar con rapidez”, dijo Guzmán en la reunión de Ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del

G20, que respaldó la iniciativa. El plan para brindarles fondos frescos a los países y reforzar la respuesta a la pandemia viene discutiéndose desde el año pasado, pero recibió un nuevo impulso con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. La medida requiere de un respaldo casi unánime por parte de los socios del FMI, y debe ser avalada por el Directorio Ejecutivo –el board que revisa y aprueba los préstamos del Fondo, incluido el último crédito a la Argentina–, y una mayoría del 85% del total de poder de voto del Directorio de Gobernadores, donde están representados todos los socios. EE.UU. es el único país con el poder suficiente como para vetar el plan.

“Muy alentada por el creciente apoyo en el #G20 para una nueva asignación de DEG para aumentar las reservas de los países de una manera transparente y responsable, con énfasis en aumentar el apoyo a los países de bajos ingresos. El FMI está listo para presentar a nuestros miembros opciones de evaluación e implementación”, dijo Georgieva en Twitter.

El FMI hizo distribuciones de fondos en cuatro ocasiones: una entre 1970 y 1972, otra entre 1979 y

1981, y las últimas dos en 2009, tras el golpe que propinó la crisis financiera global. En agosto de ese año, el Fondo distribuyó US$250.000 millones entre sus socios, una movida que podría repetirse luego de que la idea recibió el apoyo de Biden y el G20. Casi la mitad de esos fondos, US$100.000 millones, se destinó a países emergentes y en desarrollo.

Esta semana, la secretaria del Tesoro

La presidenta de la FED de Estados Unidos, Janet Yellen, respaldó la iniciativa en una carta enviada al G20. “Sin más acciones internacionales para apoyar a los países de bajos ingresos, corremos el riesgo de una divergencia peligrosa y permanente en la economía global”, dijo Yellen en su carta, que fue publicada un día antes de su videoconferencia con otros funcionarios financieros del G20.

Pese al amplio respaldo con el que cuenta, la inyección de fondos a través del FMI debe todavía recorrer un largo camino antes de ver la luz. Yellen remarcó en su carta que para que la herramienta sea eficaz el G20 debía trabajar “con una amplia coalición de países en un conjunto de parámetros compartidos para una mayor transparencia y responsabilidad en la forma en que se intercambian y utilizan los DEG”. Hubo quienes leyeron detrás de ese postulado una preocupación por el posible uso que se le puedan dar a los recursos del Fondo, que llegarían también a países con dictaduras, como por ejemplo, Venezuela o, desde semanas atrás, Myanmar.