Sábado 27 - Por Sofía Diamante - La decisión del Banco Central de extender hasta fin de año la normativa que obliga a las empresas a reestructurar su deuda externa no cayó bien entre las compañías alcanzadas. Si bien en la entidad que conduce Miguel Pesce indicaron que la regulación había sido “conversada con las empresas y que todas habían estado de acuerdo”, en el sector privado desmintieron esa versión y señalaron que “atenta contra la inversión”.

Lo más paradójico es que el monto que deben reestructurar en total las compañías no parece un número importante que vaya a oxigenar las escasas reservas del Banco Central, en comparación con el daño en el historial crediticio que les ocasiona a las empresas locales que acceden al mercado en busca de inversión.

En la entidad indicaron que son 35 empresas las afectadas por un monto de US$2500 millones, lo que representa apenas el 6,3% de los US$39.519 millones de reservas brutas. Sin embargo, en un año electoral, el Gobierno necesita los dólares para mantener bajo control el tipo de cambio oficial (para que la inflación no se dispare) y para cancelar vencimientos con organismos internacionales, de forma tal de evitar cualquier acuerdo con el FMI hasta después de las elecciones (ver aparte).

Entre las que deberán diseñar un plan de refinanciación están Mastellone (La Serenísima), que tiene un vencimiento en julio por casi US$200 millones; Pan American Energy (PAE), que enfrenta en mayo un pago de US$167 millones; Cablevisión (US$103,7 millones); YPF Luz (US$100 millones); Transener (US$98,5 millones); Vista Oil (US$50 millones), y Aluar (US$25 millones).

Algunas compañías que ya reestructuraron su deuda el año pasado bajo la normativa del Central estarían exentas de volver a refinanciar los vencimientos, como le ocurrió a YPF en el verano. Este sería el caso de CGC, Aeropuertos Argentina 2000 y John Deere.

“Es un desastre”, dijeron en una de las empresas alcanzadas. “Los dólares que trae una compañía para invertir los usará para pagar la deuda y habrá menos inversión. no vamos a poder conseguir financiamiento. El Estado nos dice que no paguemos, que refinanciemos. Así no es cómo funciona el mundo”, indicaron.

Esta semana, Mario Mehren, el CEO global de Wintershall, la empresa alemana productora de petróleo y gas, que tiene presencia en el país, criticó los controles de capitales de la Argentina. “Debemos tener la facilidad de invertir en un país y luego sacar el dinero y enviarlo a otro dependiendo de las necesidades de la empresa, no de las necesidades del Banco Central o del gobierno del país donde estamos operando”, dijo.

Las empresas de capital intensivo, como las energéticas, necesitan inversiones para poder desarrollar sus proyectos. Para eso les es imprescindible acceder al mercado externo, ya que el local es muy chico para que el sector privado se financie. Esta es una de las grandes falencias que sufren las compañías, en comparación con Brasil o Chile, para nombrar otros mercados cercanos.

“La noticia es muy mala. no es una sorpresa porque no había una gran expectativa de que se diera vuelta la norma, aunque uno siempre apunta a una normalización. El mayor pain in the ass es que es muy difícil crecer si no podés financiarte. Para comprar maquinaria o invertir en bienes de capital, es necesario poder financiarse a tasas razonables, lo cual no ocurre por la situación de la Argentina. no hay compañías que puedan invertir lo necesario para crecer con su propia caja. Es una medida nociva para ese crecimiento”, dijeron en otras de las empresas involucradas.

Jimena Vega Olmos, socia del estudio Martínez de Hoz & Rueda, comentó que “con la prórroga de la medida surge también la duda de cuándo el BCRA pondrá fin a estas ‘reestructuraciones forzadas’, lo que genera mucha incertidumbre y complejiza y encarece el proceso. Lo que la nueva norma termina de confirmar es que el dólar a valor ‘oficial’ no existe realmente más que para contadas operaciones”.