Por Sofía Diamante - El presidente Alberto Fernández prometió en la inauguración de la sesiones ordinarias enviar un proyecto al Congreso para desdolarizar las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, la mayoría de los componentes de las tarifas ya están en pesos. En dólares se cotizan el gas y el petróleo, ya que los costos para producirlos están en moneda extranjera. El Gobierno admitió implícitamente estas reglas de juego en el sector energético al garantizarles a las empresas un precio en dólares cuando lanzó a fin del año pasado el Plan Gas. Lo mismo sucede en la industria petrolera: la alícuota de los derechos de exportación varía según la cotización del barril de crudo, que está fijado en dólares.

Las facturas de gas están compuestas por cuatro ítems que se actualizan de distintas maneras. El que tiene mayor peso dentro de la factura, con el 40% del total, es precisamente el gas. Los demás componentes son transporte, que explica el 11% del monto final de la factura; distribución –donde operan Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras–, con un 24% del monto total, e impuestos nacionales, provinciales y municipales, que representan cerca del 25% de la boleta.

De todos estos componentes, solo el gas se comercializa en dólares. Transporte y distribución se actualizaban de forma semestral, en abril y octubre, en función de la inflación acumulada en esos seis meses, pero los precios quedaron congelados desde marzo de 2019.

Con respecto al precio del gas, el Gobierno lanzó a fines del año pasado el Plan Gas, en el cual se acordó que las productoras recibirán un precio promedio de US$3,5 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Este valor aumenta a US$4,55 para la oferta de gas de invierno, cuando sube la demanda.

Los usuarios pagan con sus tarifas US$2,15 el millón de BTU. El resto lo cubre el Estado con subsidios. El problema es que cada vez que se devalúa el peso, como las tarifas tienen un precio fijo en pesos la recaudación alcanza para cubrir una parte menor de ese precio final. Es decir, cada vez que sube el dólar, el Tesoro tiene que girar más transferencias.

En las tarifas de luz sucede algo similar. El mayor costo de la factura lo representa la generación de electricidad, con el 60,2% para un consumo promedio de 250 kwh/mes en Capital Federal. Las generadoras le venden la energía a Cammesa, la compañía con control estatal que ordena los despachos de electricidad. El precio está pactado en dólares.

Las empresas distribuidoras –como Edenor y Edesur– se encargan también de medir los consumos, repartir las boletas y recolectar los pagos. Ellas se quedan con un 16,5% del costo de la factura; 21,5% son impuestos, 1,8% es transporte, y el resto se le paga a Cammesa.

La actualización de los ingresos de transporte y distribución eléctrica corre por cuenta de las provincias, que son las que autorizan estos incrementos. Solo Edenor y Edesur, que operan en el área metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires) dependen del Estado nacional. Los precios de estos servicios están congelados desde febrero de 2019.

La Secretaría de Energía, con subsidios, aporta la diferencia entre lo que cuesta la generación de electricidad y la tarifa que paga el usuario. A fines de 2019, el usuario pagaba en promedio 66% del costo total; es decir, US$45,1 el MWH de los US$68,8 que costó la generación. Este porcentaje cayó a 54% a fines de 2020: los usuarios pasaron a pagar US$31,8 MWH de los US$58,7.

El mercado de los combustibles está des regulado. En la práctica, quien decide los incrementos de precios es YPF, cuyo principal accionista es el Estado y tiene el 55% del despacho de naftas y gasoil. Las otras refinadoras son Raízen (Shell), Axion y Puma Energy. Estas les compran el barril de petróleo a las productoras, donde también son actores importantes YPF y PAE (dueña de Axion).

En un mercado normalizado (con precios cercanos al valor de paridad de importación), el precio del litro de nafta está compuesto en un 38% por el valor del petróleo, otro 38% es las carga impositiva y el 24% restante son costos logísticos, marketing y margen de ganancia.

Cuando el tipo de cambio aumenta, el precio de las naftas sube. El traspaso es casi automático, ya que las refinadoras tienen sus costos en dólares y venden las naftas en pesos.

Las inversiones que se realizan en estas industrias también son en moneda extranjera. Por eso las petroleras quiere asegurarse que se les pague en esa divisa para comprometer sus desembolsos. Según dicen, si el gobierno de turno decide pagarles en pesos, las empresas dejarán de invertir en el mercado argentino y elegirán hacerlo en otros países.