Por Francisco Jueguen .- Martín Guzmán, el principal negociador del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hablará de economía pero no de política, y menos aún de cuestiones judiciales. Con esta decisión, el ministro de Economía busca evitar que la épica cristinista que enfundó el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso empañe las negociaciones con el organismo multilateral. No fue casualidad que Guzmán publicara un extenso hilo sobre el discurso en su cuenta de Twitter, en el que no solo no mencionó al Fondo, sino que hizo total omisión al pasaje más polémico del discurso presidencial: la denuncia por administración fraudulenta y presunta malversación de caudales públicos a los responsables de sellar un Stand-by Agreement (SBA) con el FMI por US$57.000 millones en el gobierno de Mauricio Macri. Cerca del ministro afirmaron que, en sus tuits, aquello que implica al FMI quedó “implícito” cuando el economista se refiere al “fortalecimiento de la deuda pública”. Sin embargo, quedó claro que Guzmán solo quiso hablar de economía y evitó así lo referido a las cuestiones judiciales y a las denuncias del cristinismo –a las que se plegó Alberto Fernández– sobre la hipotética fuga de los US$44.000 millones que desembolsó el Fondo. Un indicador de que Guzmán, que viajaría a mediados de marzo a Washington, busca cuidar los contactos diarios que mantiene con el staff del Fondo es a quién envió el Gobierno a esa trinchera virtual. La defensa que hizo Guido Sandleris, presidente del Banco Central (BCRA) en tiempos de Macri sobre la denuncia del Presidente fue respondida por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, hombre dedicado más a los fierros de la economía que a las fuentes de financiamiento del Gobierno. “Eso estuvo hablado”, dijeron en Hacienda. Cerca de Kulfas, en cambio, afirmaron que fue una iniciativa propia de él. “Los objetivos inmediatos son los de profundizar la recuperación de la economía con generación de trabajo y reafirmar un sendero de reducción gradual y persistente de la inflación. Son dos prioridades abordadas en el Presupuesto 2021, que es el corazón del programa económico”, escribió Guzmán en su cuenta de Twitter, y volvió a destacar el rol del Estado a la hora de dinamizar a la economía y el crecimiento del salario. “La inflación es un problema multicausal que se ataca, primero, desde la política macroeconómica (fiscal, monetaria y cambiaria); y segundo, con políticas de precios e ingresos que ayuden a alinear comportamientos y expectativas con los objetivos definidos en el Presupuesto”, definió Guzmán sobre las prioridades de política económica. Se trata de una jerarquización que suele enervar al cristinismo más acérrimo porque pone la responsabilidad de la espiral inflacionaria en las políticas del Estado y no en decisiones de empresas privadas. El Presidente aceptó parte este diagnóstico, pero –como avala parte del cristinismo– luego desplazó la responsabilidad. “Nuestro gobierno cuida y seguirá cuidando la mesa de las familias argentinas. No es posible que como sociedad caigamos una y otra vez en el viejo sistema donde algunos amasan fortunas especulando con los precios y los consumidores retroceden en su capacidad de comprar”, dijo. En ese rumbo, el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene pensada su segunda reunión con las empresas de alimentos en esa cartera hoy a las 15. Allí estarán productores de insumos –los apuntados oficialmente– y la industria. No así los supermercados, según confiaron ante la consulta de este medio. “Seguirán los contactos, que los hay, pero a él [Guzmán] le toca una parte técnica. Quizá no convenga politizar”, reconocieron cerca del ministro, donde dijeron que él ya se había referido al “fracaso” del SBA. Las charlas con el Fondo siguen en un “estrecho desfiladero”, explicaron. En el Palacio de Hacienda dijeron que la querella es al gobierno anterior, pero admitieron que “podría rozar a la conducción Christine Lagarde (directora del FMI en tiempos de Macri)”, pero no a la actual. Guzmán mantendrá su estilo “moderado” en un contexto que va a ir recalentándose. “Era indefectible que el clima electoral se empiece a colar”, admitieron. El FMI ya negó semanas atrás que vaya a avalar la posibilidad de extender los plazos del acuerdo de facilidades extendidas que negocia Guzmán, quien públicamente ya había descartado esa posibilidad de rediseño pese a la presión del cristinismo. En su declaración virtual, Guzmán evitó mencionar además una polémica que, en año electoral, se mantiene entre él mismo, el secretario de Energía, Darío Martínez, y los entes reguladores, bajo el mando de Cristina Kirchner. “Se debe transitar un camino que garantice la sostenibilidad fiscal”, señaló el ministro, que en el presupuesto buscaba mantener los subsidios económicos (el mayor gasto de 2020 por fuera del programa de emergencia Covid) estables con relación al PBI. La vicepresidenta, en cambio, afirmó que solo aceptaría un aumento de tarifas de 10% como máximo. El ministro, que busca anclar expectativas de inflación del sector privado, contestó que esa idea se paga con más deuda o emisión. En Economía no quisieron confirmar si Guzmán había viajado a El Calafate a intentar convencer a Cristina Kirchner del boomerang a mediano plazo que significa mantener el congelamiento tarifario. “En los dos casos (tarifas y FMI) necesitamos buenos resultados. Eso significa que lo que hagamos sea compatible con la recuperación económica y con la sustentabilidad fiscal”, dijeron en la Casa Rosada. La respuesta de Cambiemos Según tres exfuncionarios de primera línea del Ministerio de Hacienda macrista, los dichos de Fernández fueron interpretados como un contraataque para salir de la crisis que generó en el Gobierno el escándalo del Vacunatorio VIP. Los encargados de contraargumentar tras la denuncia presidencial fueron Sandleris y Hernán Lacunza. “La deuda no sale de un repollo. Cuando un gobierno aumenta su deuda es porque tiene déficit fiscal y necesita que le presten para financiarlo”, dijo Sandleris, y agregó: “Dos de cada tres dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas. La deuda pública al inicio del gobierno de Macri ya ascendía a US$241.000 millones”. Sandleris estimó que la deuda del Fondo no hizo crecer la deuda total del país, ya que esos fondos se usaron para pagar deuda previa. “En 2020, la deuda aumentó más que en el promedio 2016-19: US$21.000 millones (6,75% interanual a septiembre, último dato oficial), versus US$17.800 promedio en el cuatrienio anterior (6,72% promedio anual septiembre 2019 versus septiembre de 2015)”, criticó Lacunza, que alertó sobre el abultado déficit a fines de 2020. Kulfas cuestionó, en tanto, el mix de deuda por moneda –más dólares, menos pesos– en tiempos de Cambiemos, pero también mencionó La definición sobre las causas de la inflación que hace Guzmán enerva al cristinismo, porque pone la responsabilidad en las políticas de Estado y no en decisiones de empresas privadas El equipo económico de Cambiemos dijo que la deuda con el FMI se usó para pagar deuda anterior y que nació de un déficit fiscal heredado, que hoy vuelve a reproducirse un supuesto circuito paralelo para fomentar la salida de capitales. Dijo que el macrismo pagó deuda intrasector público (a la Anses, al Banco Nación y al BCRA) con los dólares de la deuda en vez de refinanciarla. Luego, dijo que esos organismos terminaron interviniendo en el mercado cambiario para controlar el dólar, en tiempos en que las reglas del Fondo impedían que lo hiciera el Tesoro. |