Por Natalia Donato - Cada vez son más las voces que dan por sentado que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda por USD 44.000 millones quedará para después de las elecciones de medio término. Lo admiten dentro de la cartera económica, en la Rosada e incluso dentro del propio organismo multilateral de crédito, en donde consideran que es mejor esperar que firmar un acuerdo sin sustento macroeconómico.

“Seguiremos nuestras negociaciones con total conciencia y con la firmeza que siempre hemos demostrado, no queremos apresurarnos”, señaló el jefe de Estado durante su discurso de apertura de las sesiones legislativas. Y agregó: “Nuestro Gobierno, el único apuro que tiene es el de poner de pie a la producción y al trabajo”, remarcó. Y eso no fue todo. Lo que terminó de confirmar que el acuerdo quedará para más adelante fue la denuncia penal que dijo hará sobre ex funcionarios macristas por el endeudamiento obtenido con el FMI en 2018. Se los acusa de “administración fraudulenta”.

Los dichos de Fernández fueron muy mal recibidos dentro del staff del Fondo, que alertaron acerca de una “kirchnerización” del Gobierno, según afirmó una fuente cercana a los negociadores. Y si bien parecía que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se mantendría al margen de esta polémica -no había hablado del tema durante el día, cuando otros pares, como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sí habían salido en defensa del discurso presidencial bien temprano-, finalmente no pudo eludir el tema y fue contundente: “El préstamo del FMI fue para apoyar la campaña de Mauricio Macri”, aseguró en declaraciones televisivas.

De todas maneras, las discusiones técnicas dentro del Ministerio con los miembros del staff continúan -de hecho, hay encuentros virtuales previstos este miércoles y el jueves- y en pocos días el ministro viajará a Washington a reunirse de forma presencial con los funcionarios del FMI y con representantes del flamante gobierno norteamericano de Joe Biden.

 “La radicalización populista del gobierno no es una buena noticia para los argentinos. Judicializar la política económica es un gran daño institucional. Politizar la deuda con FMI es irresponsable; incomprensible cuando hay en curso renegociación de esa deuda”, opinó vía twitter el economista Federico Poli. El economista Federico Furiase, de la consultora EcoGo, coincidió en que “no está bien politizar el tema de la deuda”. “Hay deuda porque hay déficit fiscal. Sabemos que en algunos períodos se financia con emisión monetaria, que luego eso termina en un shock inflacionario, y en otros con deuda, que también termina mal, en una crisis cambiaria que también deriva luego en inflación”, aseguró.

En el equipo económico siguen trabajando para lograr un acuerdo lo antes posible, pero ya tienen claro que la decisión política es no aceptar recetas ortodoxas para ajustar las cuentas en un año electoral en el que el Gobierno pone mucho en juego. Desgastado por la pandemia, las consecuencias económicas y el escándalo de las vacunas VIP, la administración de Alberto Fernández buscará, como prioridad número uno, mejorar el bolsillo de la población este año. De hecho, el proyecto para subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias va en este sentido. Lo mismo que segmentar el ajuste tarifario y proponer una nueva revisión recién para 2022. Todas decisiones que no caen bien en el organismo, que pide un mayor ajuste fiscal, menor emisión monetaria y reducción de la brecha cambiaria.

El interrogante que en el mercado se hacen es cómo hará el Gobierno para llegar a las PASO, previstas para agosto, sin acuerdo con el FMI. Pero lo que hasta hace unos meses parecía inimaginable, hoy se volvió posible gracias al propio Fondo, que hará una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) y unos USD 3.300 millones le llegarían a la Argentina, y al campo, que proyecta -si no hay sorpresas climáticas- una muy buena cosecha con precios muy superiores a los del año pasado. De acuerdo con las estimaciones del sector, este año podrían liquidarse unos USD 30.000 millones, frente a los USD 24.500 millones del 2020.

Los vencimientos de deuda de todo el año suman USD 10.444 millones, de acuerdo a cifras precisadas por EcoGo. De ese monto, USD 5.179 millones corresponden a pasivos con el Fondo (USD 3.812 millones de capital y USD 1.367 millones de intereses); USD 2.419 millones asciende la deuda con el Club de París; y el resto fue contraída con el BID, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales.

En cuanto a la deuda con el Fondo, de intereses quedan en 2021 vencimientos por USD 1.100 millones, distribuidos en mayo, agosto y noviembre, mientras que los vencimientos de capital son en septiembre y en diciembre, por USD 1.920 millones cada uno. Si se efectivizara el giro de los DEG, podría eventualmente pagarse el primer vencimiento de capital del FMI con esos fondos, así como también parte de los intereses que vayan cayendo en los próximos meses. También ayudaría, dicen los analistas, los dólares del campo, ya que el Banco Central podría comprar esas divisas, engrosaría las reservas y con ello podría hacer frente a mayores pagos de deuda.

El pasivo con el Club de París vence en mayo y el máximo de tiempo que el Gobierno podría tomarse para hacer frente al pago son dos meses, es decir, hasta el 30 de julio, de acuerdo a una cláusula que tiene el acuerdo firmado en 2014, durante la gestión del ex ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Podría el Gobierno pedirle a este conjunto de países una extensión del plazo mientras sigue negociando con el FMI un programa de facilidades extendidas? Aunque en otro momento no hubiera sido posible, el contexto de pandemia juega a favor en este tipo de requerimientos, coinciden fuentes del mercado. Por lo pronto, luego de visitar Washington, Guzmán prevé hacer un road show por Europa donde se reunirá con funcionarios de estos países. La apuesta es lograr conseguir los dólares para dilatar lo más posible el acuerdo con el FMI. Hoy las chances son altas. Las elecciones son prioridad.