Por Sofía Terrile - La AFIP evalúa establecer un plan de cuotas para pagar el impuesto a la riqueza. Según pudo saber La Nacion, el organismo está analizando las condiciones de financiamiento. Las facilidades de pago, con plazos y tasas, serían comunicadas en los próximos días, dado que el gravamen vence el 30 de este mes.

El “aporte solidario”, como prefiere llamarlo el Gobierno, alcanzará al menos a 13.000 personas, según cálculos oficiales. Son las personas que tienen un patrimonio mayor a $200 millones. Sin embargo, a pesar de que se trata de individuos con alto poder adquisitivo, no todos tienen la liquidez necesaria para afrontar el pago, que de base, y suponiendo un patrimonio de poco más de $200 millones, significa al menos $4 millones. Algunos debían desprenderse de activos para pagarlo.

La posibilidad de pagar el “aporte solidario” en cuotas era un pedido del sector privado y el plan del fisco fue adelantado anteayer por el tributarista César Litvin, de Lisicki Litvin & Asociados. A fines de febrero los empresarios del agro nucleados en la Unión Industrial del Norte Argentino propusieron hacerlo en 36 cuotas.

Antes del 30 de marzo, los alcanzados por el impuesto deberán presentar sus declaraciones juradas y pagar el gravamen. Mientras tanto, sigue la pelea entre la AFIP y los contribuyentes ante la Justicia. El fisco advirtió que prepara denuncias penales contra 2500 personas que aún no presentaron sus datos, porque sospecha que puede ser un “ardid” para evitar el pago. Tributaristas y empresarios hablan de judicializar el aporte desde que se inició la discusión.

Litvin asegura que muchos contribuyentes consideran que este impuesto supera la capacidad de digerir la carga fiscal que ya pesa sobre su patrimonio. “A los pocos días de tener que pagar este impuesto se viene Bienes Personales, con una alícuota que llega hasta el 2,25%, y todo esto sucede en un contexto en el que los rendimiento s de los activos, incluso los financieros, han sido bajos”, explica.

Algunos especialistas no desestiman que algunos contribuyentes no acudirán a la Justicia por temor a quedar “escrachados” en caso de que las causas tomaran dimensión pública. Además, y por justificar el hecho de acudir a los tribunales, quedarían expuestos sus patrimonios, que hoy están protegidos por el secreto fiscal de la AFIP.