Por Alfredo Sainz y María Julieta Rumi - Solo unas horas antes de la primera audiencia por el conflicto que mantienen con Walmart, en el Sindicato de Camioneros decidieron doblar la apuesta y avanzar sobre otras empresas privadas que cambiaron de dueño y a las que les exigen el despido e inmediata reincorporación de los afiliados de su gremio.

En la mira del sindicato que lidera Hugo Moyano se encuentra la cadena de electrodomésticos Garbarino y hasta último momento se evaluó avanzar sobre Sodimac, aunque ahora la decisión de Falabella de retirar a la empresa de la venta frenó el proceso.

En el caso de Garbarino, en las últimas horas los camioneros realizaron una asamblea en el centro de distribución de la cadena que fue adquirida hace unos meses por el empresario Carlos Rosales.

En la firma desmintieron la existencia de un conflicto gremial. “Hicieron una asamblea en el centro de distribución como hacen cada mes y medio para controlar a las bases, pero no tenemos ningún conflicto ni fue nada relevante. Es algo consensuado y no tiene implicancia en el día a día de la empresa”, afirmaron, al tiempo que negaron también el pedido de bono. “No hay ningún pedido ni tenemos ninguna solicitud”, agregaron en la firma.

Desde el Sindicato de Camioneros también desmintieron que hubiera una pelea, aunque sí confirmaron la existencia de un pedido de un bono de $100.000 para los 180 afiliados del centro de distribución de Garbarino en La Tablada. El bono sería entendido como una “compensación económica” por el cambio de manos de la empresa.

El pedido de despido e inmediata reincorporación de los empleados –obviamente, con el pago de la indemnización– cuando una compañía cambia de dueños es una práctica que se utiliza en los servicios de recolección de residuos cuando se vence un contrato y se cambia de operador a través de una licitación. Ahora, la intención de Moyano es extender esa posibilidad al resto de las empresas privadas en las que tiene representación sindical, como son los supermercados o las cadenas de electrodomésticos.

La posición empresaria

Esta intención, sin embargo, se chocó con la intransigencia del Grupo De Narváez, que a fin de 2020 concretó la compra de Walmart Argentina. La semana pasada la cadena de supermercados publicó una solicitada en los diarios en la que fijó su posición. “Es una práctica ilegal, no prevista por ningún marco legal vigente ni con la forma en que desarrollamos nuestra actividad en el país. Ante nuestra negativa, en las últimas dos semanas nos vimos condicionados por recurrentes medidas de fuerza encubiertas que derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país”, explicaron en Walmart Argentina.

Para intentar resolver el conflicto, para hoy a la mañana está fijada la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dirige Claudio Moroni. “En la primera audiencia por lo general no se pasa de la presentación de las distintas posiciones de las partes, pero el tema no viene fácil, porque en el Grupo De Narváez están muy firmes en su decisión de no reconocer el derecho a no pagar una indemnización cuando efectivamente no se produjo ningún despido, sino solo un cambio en la composición del capital accionario”, explicaron fuentes cercanas al conflicto.

En la misma sintonía, ayer también se conoció un comunicado de parte de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que manifestó su “preocupación” ante el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Dorinka (ex-walmart), y pidió “razonabilidad de las demandas y expectativas” gremiales.

La entidad que preside Alfredo Coto también sostuvo que las demandas sindicales de Camioneros planteadas a la compañía privada generan “distorsiones y privilegios de unos trabajadores por sobre el resto y desalientan a los empresarios dispuestos a realizar inversiones que fomentan el crecimiento y el desarrollo”.