En una decisión de alto impacto político, la Cámara de Apelaciones porteña hizo lugar ayer a una medida cautelar y determinó que las clases deben continuar de manera presencial en la ciudad de Buenos Aires, pese al decreto firmado por Alberto Fernández. “Es un orgullo poder anunciar que mañana (por hoy) las escuelas van a estar abiertas”, destacó anoche, en una conferencia de prensa, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El mandatario porteño también anunció medidas de prevención, como la virtualidad de los centros de formación profesional para adultos y la presencia de concientizadores en las entradas de las escuelas.

“La educación no puede ser motivo para profundizar la grieta”, dijo Rodríguez Larreta, aunque reconoció que no había hablado ayer con Fernández.

El fallo judicial porteño provocó el rechazo de la Casa Rosada. “Lo que hicieron es un estrago jurídico”, dijo el presidente Alberto Fernández. El gobierno nacional se presentará esta semana en la Justicia Federal para bloquear los alcances del fallo.

Apenas se conoció la decisión, la Unión de Trabajadores de la Educación (Ute-ctera), Sadop y Ademys convocaron a un paro en la ciudad de Buenos Aires por 24 horas.

La Justicia inclinó la balanza en favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su disputa con el presidente Alberto Fernández por la presencialidad escolar. En un fallo de alto impacto político, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad ordenó que hoy se abran las escuelas en la Capital Federal, en contra de lo establecido en el decreto nacional que firmó el Presidente la semana pasada, que suspendía las clases presenciales por 15 días.

“Las escuelas van a estar abiertas, mañana (por hoy) hay clases presenciales”, enfatizó Rodríguez Larreta por la noche, en una conferencia de prensa, dijo que la decisión se fundaba en datos científicos y anunció medidas para reducir los contagios por el movimiento que generan las clases. “La educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta”, agregó.

Fernández se quejó por el fallo. “Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa, son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso, la Ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó el Presidente en declaraciones a El Destape. La Casa Rosada intentará ahora frenar la decisión en la Justicia Federal (ver aparte).

El argumento central que utilizaron los camaristas porteños Marcelo López Alfonsín, Laura Perugini y María de las Nieves Macchiavelli Agrelo, quien respondió a una presentación de una ONG, fue que los alcances del decreto presidencial avasallan la autonomía de la Capital para decidir sobre su sistema educativo. En el fallo, que firmaron ayer a las 20, los camaristas porteños subrayaron que coinciden con la opinión de la fiscal Karina Cicero, quien más temprano había marcado que había que hacer lugar a un recurso presentado por la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, que reclamaba al gobierno porteño que mantenga la presencialidad escolar a pesar del decreto nacional que la impide.

“El decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”, escribieron los camaristas en su fallo. “Nuestro Estado federal establece, reconoce y garantiza la autonomía provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reservándose ciertas materias sobre las cuales dichas jurisdicciones locales han delegado al Estado nacional. La educación no es una de ellas”: abundaron los jueces de la Sala IV de la Cámara porteña.

Los magistrados agregaron que el Gobierno tomó la decisión de frenar la presencialidad en los colegios porteños “sin motivarse en datos epidemiológicos concretos sobre el área educativa de la ciudad que justifiquen razonablemente un nuevo cierre de las escuelas”.

En su fallo, los camaristas solicitaron que “el gobierno de la ciudad presente un informe durante el viernes próximo sobre la evolución de la situación epidemiológica”. El juez López Alfonsín pidió que la decisión judicial de mantener las escuelas porteñas abiertas se comunique al Estado nacional.

La definición de la Cámara se precipitó en un día de vértigo judicial, que incluyó, además de la opinión de la fiscal Cicero, una recusación que presentaron dos abogados contra la jueza Macchiavelli Agrelo, a quien cuestionaron por ser la hermana del secretario de Ambiente del gobierno porteño, Eduardo Macchiavelli. Ese pedido, formulado por los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández, fue rechazado.

En paralelo, corre un recurso de Rodríguez Larreta en la Corte Suprema para garantizar la presencialidad. Si bien no se refirió a la cuestión de fondo, la procuradora fiscal Laura Monti dictaminó, el viernes, que el máximo tribunal debe intervenir en el caso. Los camaristas zanjaron con su decisión de anoche una tensa disputa política entre el Presidente y el jefe de gobierno, que incluyó una reunión que no derivó en ningún acercamiento, pero sí en duras acusaciones de Fernández contra Larreta, al que trató de “ingrato”. El jefe de gobierno sostuvo su postura de mantener las aulas abiertas y de recurrir a la Justicia para lograrlo.

En el Gobierno, ayer se evidenciaba un fuerte malestar. Sostenían que un tribunal local no puede dejar sin efecto una decisión federal. “Es una decisión tomada por un tribunal absolutamente incompetente, cualquier cuestión entre una jurisdicción local y la Nación la resuelve con competencia originaria la Corte Suprema”, dijo a la nacion un funcionario nacional. “Este mamarracho jurídico solo tiene una explicación y es política”, agregó el ministro de Justicia, Martín Soria. Inmediatamente después de conocerse el fallo, el sindicato Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), alineado con el kirchnerismo, convocó a un paro en rechazo de la decisión.