Por Juan José Llach - Las noticias de la inflación de junio fueron bastante peores de lo que surge de una primera lectura de 0,5% de aumento de los precios al consumidor. Como destacó El Cronista del viernes –a partir de un estudio de Miguel Bein– el índice de precios implícitos en el PIB está aumentando en 2006 el doble que el IPC. Pero esta no es sino una de las muestras de las distorsiones de precios que está acumulando la economía y que constituyen, sin duda, la principal amenaza que se cierne sobre ella. En el cuadro adjunto pueden encontrarse algunas referencias a la evolución de los precios relativos desde la devaluación y con el año 2006 proyectado en base a los datos del primer semestre.

Por un lado, hay una brecha todavía demasiado amplia entre los precios mayoristas y al consumidor. Se sabe que lograr esta brecha es uno de los principales objetivos de la devaluación: mejorar la posición de los productores de bienes y servicios comerciables con el exterior, exportables, sustitutos de importaciones e importables, respecto de los bienes y servicios internos, que no se comercian con el exterior y que tienen, además, un fuerte componente de salarios. Mientras los índices de precios mayoristas incluyen a los primeros, el IPC contiene aproximadamente 70% de bienes y servicios internos. Pero la brecha IPM/IPC es todavía demasiado amplia (110,9%) y, por más esfuerzos que se hagan con la política cambiaria o con los controles, se reducirá aproximadamente a la mitad. Esto había empezado a ocurrir desde 2003, pero desde hace varios meses ha vuelto a crecer. También es demasiado amplia la brecha entre bienes y servicios (101%) pero, a diferencia de la anterior, ésta se está reduciendo sistemáticamente. La política económica produce aquí efectos encontrados, por un lado "pisando" los precios de los servicios públicos y, por otro, encontrando dificultades para someter a los servicios al implacable control.

La distorsión latente en los precios regulados es la más preocupante. Si no hay cambios de política, hacia fin de año habrán aumentado al consumidor sólo 39,3%, muy lejos del nivel general del IPC y en contraste casi dramático con los precios del petróleo y gas (569%) y electricidad mayorista (94%). Estos desequilibrios se sostienen en base a crecientes subsidios fiscales, que están en el orden de los $ 4000 millones y aumentarán ahora con las medidas tomadas sobre el gas. Ellos sólo podrán mantenerse en circunstancias muy improbables y resultan en un más que evidente desaliento de la inversión y la producción y, probablemente, en una reversión del saldo comercial, hoy positivo en u$s 6000 millones.

A estas distorsiones se agrega la preocupación sobre la tasa de inflación. Los precios a los que (¿todavía?) no puede llegar el control están creciendo a tasas mucho más altas que los controlados. Valgan algunos ejemplos. Los estacionales tienen un sesgo alcista permanente, y una suba estimada para fin de año de 144,6% desde la devaluación, bien por encima de casi cualquier otro componente del IPC y de su promedio (91,5%); el costo de la construcción, está volando a una tasa anual de 22,8%, incluyendo la mano de obra que crece al 25,7% y acumula una mejora real de 36% desde la devaluación; se observa también una creciente presión de los precios de los productos importados, tanto por aumentos de origen externo como por la política cambiaria. En fin, el tipo de cambio multilateral nominal ha crecido aproximadamente 260% desde la devaluación, sólo superado por el precio del petróleo, lo que deja todavía margen para la suba de los precios mayoristas.

En síntesis, estamos en esta cuestión en el peor de los mundos posibles, con alzas de los precios libres que revelan una inflación subyacente bastante mayor que la medida y con distorsiones de precios relativos que, aunque inexorablemente, se corregirán con mayor inflación, están empeorando en algunos casos. Lo que llama poderosamente la atención es que el Gobierno juegue al distraído, quizás porque parece concentrar todas sus energías en tejer su sueño hegemónico, como se ha visto en el afán de estos días por concentrar poder sin respeto por la República. Aunque no parezca, esta cuestión está muy ligada al tema de esta nota porque, en el mejor de los casos, las distorsiones de precios empezarán a hacer sentir sus peores efectos en plena campaña electoral del año próximo y, plenamente, a partir de 2008. Ojalá las autoridades entiendan que están jugando con fuego y poniendo en peligro los logros que tanto han costado a la sociedad.