Por Hernán Cappiello - El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ratificó anoche que en la ciudad de Buenos Aires se mantendrán las clases presenciales, en contra de lo dispuesto por el juez federal Esteban Furnari, que consideró vigente el decreto de Alberto Fernández que ordenó el cierre de las aulas por el coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Hasta que la Corte se expida, las escuelas en la ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales”, informó el gobierno de la ciudad, tras la resolución de Furnari, que cuestionó el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña, que le había dado la razón a un grupo de familias que reclamaron la continuidad de la presencialidad. La Casa Rosada celebró la resolución y consideró que Furnari había puesto “las cosas en su lugar”.

Apenas se conoció esa medida, un sonoro cacerolazo estalló en numerosos barrios porteños, para reclamar que las aulas se mantengan abiertas.

El juez federal Esteban Furnari, a pedido de la Casa Rosada, suspendió las clases presenciales que había autorizado un tribunal porteño. Sin embargo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ratificó que las aulas se mantendrán abiertas hasta que se expida la Corte Suprema.

En su fallo, Furnari aceptó el decreto del gobierno de Alberto Fernández y dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado la Justicia porteña.

Pero la administración de Rodríguez Larreta contestó por la noche que“hasta tanto el conflicto sea resueltode forma definitiva por la corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobierno de la ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial” (ver aparte).

Furnari había argumentado que actuó en virtud de “la gravedad institucional y el escándalo jurídico” que conlleva la decisión porteña, según escribió.

El juez hizo lugar al planteo de inhibitoria que realizó el Gobierno y ordenó remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo de Furnari le dio al Gobierno un motivo para festejar, pues buscaba exhibir una decisión judicial favorable que opacara la sensación de triunfo del domingo a la noche de Rodríguez Larreta.

Al mismo tiempo, envió un mensaje a los colegios que se contrapone con el del domingo –que mandaba a abrir su puertas– y a los padres, que habían llevado a sus hijos a clases presenciales.

Apenas se conoció el fallo, anoche, estallaron ruidosos cacerolazos en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires para protestar por esta decisión judicial.

Los argumentos del juez

Furnari se dio el lujo de advertir a los camaristas porteños que actuaba en defensa de la Constitución Nacional, para restablecer el orden público.

El juez escribió que no estaba en su ánimo “generar mayor incertidumbre en la sociedad”, sino “arrojar luz respecto de cuestiones que debieron permanecer al margen de una confusión”, generada por el fallo porteño, que, sostuvo, “receptara apenas el sentir popular de una parte importante de aquella, llevando efímeras expectativas a sus integrantes”.

Aseguró que con este fallo pretendía “restablecer el imperio del Estado de Derecho, y desde allí será trabajo de la comunidad política propender a la revinculación social e institucional que favorezca la regeneración y cohesión del tejido social, dentro de un esquema de cordura y respeto institucional que nunca debió perderse”. Los cacerolazos parecen no darle la razón,

El juez Furnari le dio intervención en el proceso al Estado nacional, que estaba fuera del juicio porteño, y le reconoció su calidad de parte como destinatario de la medida judicial que había suspendido los efectos del decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Al reconocer al Estado nacional como parte, Furnari entendió que la causa es de competencia federal. Sin desconocer que existió una demanda de padres contra el gobierno de la ciudad, por lo que dijo que la única manera de resolver este asunto era enviando la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene competencia originaria en los casos en que se dirimen conflictos entre la ciudad y el Estado nacional.

“Encuentro aplicable al caso la aceptada doctrina con arreglo a la cual la única forma de conciliar ese derecho con el derecho del Estado nacional al fuero federal es mediante la radicación de la causa por ante aquella instancia originaria del cimero tribunal”, dijo.

Este mirada se contrapone con la de la Casa Rosada, que no cree que la Corte tenga la competencia originaria en el caso.

El juez analizó que la ley permite dictar medidas cautelares a un juez, aunque no sea competente, pero en los casos en que “la tutela esté llamada a contemplar la situación de sectores socialmente vulnerables” o “cuando se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria, o asimismo cuando la medida esté referida a un derecho de naturaleza ambiental”. Aun en estos casos, el juez debe pronunciarse sobre la cautelar y enviar el caso al juez que es competente.