Por Carlos Burgueño - El acuerdo de Facilidades Extendidas entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), depende ahora de lo que decidan funcionarios norteamericanos; dentro y fuera del organismo que maneja la búlgara Kristalina Georgieva. Dentro del Fondo, el avance de la firma de la Carta de Intención con el país, tendrá como máximos responsables al número dos Seiji Okamoto y de la ahora oficializada responsable máxima del caso argentino: Julie Kozac. Ambos son economistas norteamericanos, aunque de extracción diferente. El primero es herencia trumpista. La segunda fruto de la nueva rama de economistas estructuralistas que fomenta Georgieva. Por ahora Okamoto no intervino directo en las negociaciones, y todo se concentra en Kozac.

Sin embargo, la letra fina del acuerdo que avanza en su redacción entre el país y el organismo, deberá ser fiscalizada por el ex funcionario de Donald Trump, jefe máximo de todos los técnicos del FMI. En el caso que la Carta de Intención llegue a buen puerto, deberá luego ser avalada en el board del Fondo; donde Estados Unidos detenta el voto de oro con el 17% de las acciones, y en consecuencia la llave de la aprobación de un Facilidades Extendidas como el que pretende el gobierno de Alberto Fernández. Para un final feliz, se necesita el 85% de los votos. Argentina ya cuenta con el apoyo de Alemania, Francia, Italia y la mayoría de los estados europeos. Sin embargo, sin los Estados Unidos, no será posible lograr el acuerdo. Ante esto, fuentes oficiales afirman que ahora es tiempo de la tarea política internacional; incluyendo la aceleración máxima en la relación con el gobierno de Joe Biden; un capítulo sobre el que está trabajando a destajo la embajada argentina en Washington que maneja Jorge Argüello.

Hay dos verdades en esta situación. La primera es que nadie ha quedado de los hombre y mujeres que negociaron y otorgaron el acuerdo stand by en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Ya todos están o fuera del organismo o en funciones lejanas de Buenos Aires. Alejandro Werner dejó el miércoles de ejercer la función de Director Gerente para el Hemisferio Occidental. Christine Lagarde es la titular del Banco Central Europeo. David Lipton dejó hace un año su rol de número dos y policía malo del FMI, retornando a la actividad privada. Y Roberto Cardarelli ejerce desde mediados del año pasado el rol de jefe de misión en Egipto.

La segunda verdad, es que difícilmente una investigación interna sobre las responsabilidades directas de los cuatro máximos responsables del acuerdo stand by otorgado al país durante la gestión de Macri, determine sanciones importantes. Simplemente porque ya no habrá nadie para sancionar. Todo se podría limitar a recomendaciones para el accionar del staff del FMI hacia el futuro, y no mucho más.

Guzmán en sus negociaciones deja este conflicto de lado, y se concentra en las discusiones para cerrar las líneas generales del Facilidades Extendidas. La visión que hay en Economía es que en mayo habrá novedades importantes. Y que en pocas semanas podrá presentar en la Casa Rosada un diseño medianamente terminado del acuerdo final. Luego será tarea política del propio Presidente lograr los apoyos políticos para que se concrete algo que Guzmán no quiere negociar: que el acuerdo se apruebe en el Congreso con fuerza de ley, y que tenga un aval general tanto del oficialismo como de la oposición.

Mientras tanto, se negocian dos cláusulas clave. Una que le permita al país, tal como adelantó ayer este diario, mejorar los plazos del acuerdo en el caso que en el FMI modifique su estatuto y permita Facilidades Extendidas a más de 10 años. La segunda le permitiría al país garantizar la renegociación de los pagos, en el caso que se cumplan las condiciones pactadas durante la vigencia del acuerdo.