Por Mariano Spezzapria - El día en que el oficialismo buscó mostrarse unido ante la adversidad, tras el fallo de la Corte que contrarió al presidente Alberto Fernández, se registraron hoy cuatro señales políticas surgidas desde la propia interna del Frente de Todos que se convirtieron en otra andanada de “fuego amigo” que recibió el debilitado ministro de Economía, Martín Guzmán.

La primera de ellas surgió de la puesta en escena que se montó en Ensenada. Allí habló el presidente, que apuntó contra la Corte, pero la vice Cristina Kirchner mantuvo el silencio. Y el gobernador Axel Kicillof deslizó en su discurso que los que a su juicio “pelean por la deuda” externa son Fernández, Cristina, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Pero de Guzmán, ni una palabra.

Entonces, lo que se interpretó en la interna oficialista fue que la vicepresidenta concedió una tregua política a Fernández, que se corporizó en la continuidad de Guzmán pero especialmente en la de Federico Basualdo, un funcionario de tercera línea que, sin embargo, fue defendido a ultranza por el Instituto Patria como una demostración de poder en el Frente de Todos.

Otro que optó por el silencio fue Massa, el tercer integrante de la mesa chica de la coalición de gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados difundió anoche un encuentro virtual con el diputado estadounidense Gregory Meeks, cercano al presidente demócrata Joe Biden y favorable a un acuerdo con el FMI, en una nueva gestión paralela a la que lleva Guzmán.

La segunda señal contraria a los intereses del ministro de Economía llegó a los medios desde las usinas de La Cámpora, que exhibió la presencia de Basualdo en un acto en el sindicato Luz y Fuerza, como prueba de que el subsecretario de Energía Eléctrica, a quien Guzmán pidió desplazar de su cargo, no sólo sigue en funciones sino que ahora, además, tiene prensa.

Desde el Congreso, en tanto, llegó hoy la tercera señal que preocupa al Palacio de Hacienda. En el Senado, el bloque del Frente de Todos, sobre el que Cristina tiene control político, presentó un proyecto en el que exige al Ministerio de Economía que los derechos especiales de giro del FMI, unos 4.500 millones de dólares, no se usen para el pago de la deuda.

Con la firma de Oscar Parrilli, el presidente honorario del Patria, el proyecto de declaración reclama que los fondos que deberá girar el FMI “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina (...) y no a al pago de la deuda” con el propio organismo o el Club de París.

Para el kirchnerismo, ese dinero debe ser utilizado para planes de transferencia directa como el IFE, que Guzmán sacó el Presupuesto 2021 con la expectativa de que la pandemia de coronavirus amainaría este año, algo que no sucedió. El reclamo para que vuelva a implementarse ese plan de emergencia es, justamente, la cuarta señal contraria a Guzmán.

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, ya lo había pedido públicamente, pero la novedad de las últimas horas es que no lo descartó su par a nivel nacional, Daniel Arroyo, pese a que antes lo había desestimado. “No hay nada que esté descartado; todas las medidas las estamos evaluando”, dijo el titular de la cartera social.

Las cuatro señales contrarias a la línea que traza el Palacio de Hacienda –que quiere bajar los subsidios a la energía y el nivel de emisión monetaria- fueron emitidas desde el oficialismo en la antesala del viaje que Guzmán emprenderá hacia Europa junto al presidente Fernández la semana próxima. Las acciones, y también los silencios, siguen incomodando al ministro de Economía.