Por Natalia Donato - Tras los intentos, por ahora fallidos, de echar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, no abandona su objetivo, por el que se jugó fuerte la semana pasada: avanzar con un esquema de actualización de tarifas que contribuya a ir reduciendo el nivel de subsidios junto con un mecanismo de segmentación que reoriente el gasto hacia los sectores más desprotegidos y el impulso de la inversión pública.

El Ente Regulador de la Energía (ENRE) anunció el viernes, casi en simultáneo a que se hiciera pública la pelea al interior de la cartera económica, que las tarifas de luz aumentarían en mayo 9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan Edenor y Edesur. Este aumento, que ya rige desde comienzos de mes, se explica por una suba que recibieron las distribuidoras en torno al 20%, pero no incluyó ninguna recomposición para Cammesa, la administradora del mercado mayorista que tiene que compensar con subsidios la diferencia entre el precio fijado de la energía y el costo real.

Cuando presentó el Presupuesto 2021, Guzmán planteó -y armó el proyecto con esta idea- que el objetivo era lograr este año que los subsidios se mantengan constantes en términos del PBI, es decir, en torno al 1,7%. Para que eso ocurriera, la suba de la factura debería rondar el 20%. Pero claro, eso sólo para reducir la diferencia entre el precio y el costo de la energía. Si además había que mejorarle los ingresos a las distribuidoras, que no recibían incrementos desde abril de 2019, el aumento en la boleta final debería llegar al 30%, estimaban en el Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, busca frenar los intentos del Instituto Patria de complicar su plan económico

La suba de la semana pasada no contempló nada para Cammesa, y el ministro de Economía buscará dar la pelea para lograr otro 9%, que igualmente no alcanzaría para reducir los subsidios en la magnitud que tenía pensado. “La pauta ya sabemos que no se va a cumplir”, dicen en los pasillos de Yrigoyen 250. Pero la gran apuesta, y más aún luego de haberse transparentado el debate con el Instituto Patria, al que pertenece Basualdo, es lograr al menos dos aumentos de tarifas en el año. El kirchnerismo más duro considera que no es momento de golpear más el bolsillo de los argentinos, en un contexto ya complejo en materia económica producto de la pandemia.

“La cuenta es sencilla: el Estado es dueño de Cammesa, que cubre cerca de la mitad de los costos de producción. Si los recursos son escasos, hay que administrarlos. Y la capacidad de financiamiento también es escasa, sin generar efectos colaterales, sobre el tipo de cambio, la inflación y las importaciones. Es una discusión central que tenemos que dar”, remarcó una fuente de Economía.

El objetivo de máxima de Guzmán era poder avanzar en aumentos diferenciados de tarifas durante este año, lo que se conoce como “segmentación”. Pero fue uno de los problemas que se le endilgó a Basualdo, a quien culpan desde Economía de no avanzar con el desarrollo de este plan por no estar de acuerdo con subir las tarifas más de un dígito. Según la fuente consultada, el área que dirige el secretaría de Energía, Darío Martínez, tiene avances de lo que podría ser un esquema de segmentación, “pero para seguir hay que estar convencidos de que hay que hacerlo, y eso es lo que falta en algún sector”, recalcó.

Desvío del Presupuesto

Los subsidios energéticos alcanzaron, el año pasado, al 1,7% del PBI, del cual la gran mayoría fue para cubrir el costo de generar electricidad. De ese total, la mitad está siendo destinado a los sectores medios y altos, porcentaje que podría ser destinado a reforzar los programas sociales o, mejor aún, a inversión pública que dinamice el empleo y mejore las condiciones económicas de mediano y largo plazo, creen en la cartera que dirige Guzmán.

En el proyecto de Presupuesto 2021 figura una erogación de $ 440.000 millones para subsidios a la electricidad, pero ese número contemplaba aumentos que ya el ministro asume que no ocurrirán. Por ende, calculan que la pauta presupuestaria se desviaría en torno a un 30%, con una necesidad de unos $ 70.000 millones más para Cammesa y otros $ 60.000 millones para Edenor y Edesur. Serían unos $130.000 millones adicionales a los proyectados, de acuerdo con las estimaciones de Hacienda.

Si bien los mejores precios internacionales y la subestimación de la inflación le dan algo de margen al Gobierno para incrementar gastos, ya está habiendo erogaciones por la segunda ola del Covid que no estaban previstas en la ley. Hay mayores ingresos, pero también mayores gastos. El programa Repro, por ejemplo, es y será mucho más grande de lo que hubiera sido si el plan de vacunación avanzaba a otro ritmo. El Presupuesto se va moviendo de los dos lados.

Por ahora, en Economía creen que pese a que los subsidios crecerán -también hay que considerar los del gas-, la pauta de déficit se mantiene en el 4,5% del PBI. Respecto del financiamiento del déficit, el Presupuesto prevé que el BCRA ayudará al Tesoro con $1,2 billones ($800.000 millones de utilidades y entre $400.000 y $500.000 millones de adelantos transitorios) y que habrá otra parte que será financiada con deuda local. El problema será si el déficit en lugar de comenzar con 4 arranca con 5.

La pelea que Guzmán quiere dar en materia tarifaria va más allá de lo que suceda este año y de si el Presupuesto tiene margen para financiar el mayor gasto en subsidios o no. El debate es más profundo y apunta a diseñar una política hacia adelante que defina cómo se hará para que el gasto público tenga más impacto. “La plata que le estoy dando a esa persona de ingresos altos, no necesariamente irá a consumo. Seguramente esa persona va a buscar alguna cobertura, ir al dólar o algún otro instrumento. En cambio, puedo destinar ese dinero a programas sociales. O a inversión pública, que representa más empleo y además te cambia condiciones de largo plazo de la economía”, dijo la fuente consultada en Economía.