Por Melisa Reinhold - “Medida antiproductiva”; “ineficaz”; “un ataque al empleo genuino que genera pérdida de competitividad”. Son solo algunos de los adjetivos que utilizaron diferentes cámaras empresariales para referirse a la decisión del Gobierno de suspender las exportaciones de carne durante 30 días. La noticia trascendió sectores: más allá del mercado ganadero, representantes de otras actividades económicas salieron defendieron la libre venta al exterior del producto.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), por ejemplo, consideró que “el futuro argentino depende vitalmente de las exportaciones” y que solo a través de ellas “saldremosdelestancamientoynos encaminaremos hacia el desarrollo”. Y añadió: “En efecto, [las exportaciones] requieren de un marco de previsibilidad y respeto a las reglas de juego que generen confianza en el rumbo del país. La decisión de restringir las exportaciones en un sector tan arquetípico como el de la carne lamentablemente no contribuirá al logro de dicho objetivo”, sentenció la asociación que reúne a dueños de las principales empresas que funcionan en el país.

El tema se trató también en la junta directiva que realiza semanalmente la Unión Industrial Argentina (UIA), en la cual se compartió la preocupación por el cepo a la exportación de carne.

“Se mencionó [en esa reunión] el impacto sobre el comercio exterior, el cumplimiento de los contratos internacionales y sobre la inversión en una cadena de valor muy relevante para la industria. Se destacó el riesgo de pérdida de mercados frente a otros países con capacidad de desplazar o sustituir la producción nacional”, detalló la UIA en un comunicado.

En la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) dieron un paso más allá. Tildaron a la medida como una “política equivocada, antiproductiva e ineficaz”, sobre todo por el sustento de la normativa: no está centrada en la escasez crítica de la oferta, sino que “explícitamente intenta controlar y deprimir el nivel de precios internos”.

Por su parte, Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señaló que la decisión oficial “es recurrir a viejas recetas que, de antemano, sabemos que no funcionan. Cerrarnos al mundo es restringir el crecimiento del sector productivo y atacar el empleo genuino”.

La justificación del Gobierno es el precio de la carne. Y si bien desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) dijeron que es “comprensible” la preocupación por los precios internos y el poder de compra de los consumidores, recordaron que la inflación es un problema macroeconómico que debería enfrentarse con medidas de política fiscal y monetaria, “no con controles que limitan la actividad privada, generadora de empleo y de valor agregado”, añadieron.

En el mismo sentido apuntó Gonzalo Tanoira, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE): “Son muy preocupantes las medidas que está tomando el Gobierno con el mercado de la carne. Prohibir las exportaciones es algo que se ha probado que repercute negativamente en la oferta y el nivel de producción de largo plazo. Ya hemos pasado por estas mismas medidas en 2010 y se probó que hacen bajar el stock de madres y esto conlleva al aumento del precio de la carne en el mediano y largo plazo”.

Las entidades coinciden. Una de las consecuencias más importantes que ocasionará el cierre de exportaciones es la falta de confiabilidad que les transmite el país a otros mercados. La CERA llamó la atención en este punto, al advertir que el país había empezado a desarrollar un importante espacio en la economía china, así como en otros mercados incipientes “con importantísimo potencial de crecimiento”.