Por Ximena Casas – El avance en el Congreso del proyecto de ley que suspende la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) generó preocupación y puso en alerta a la comunidad de emprendedores. Esta semana, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para el proyecto de que establece, entre otros puntos, que todas las SAS deberán ser constituidas por emprendedores que antes deben inscribirse en un registro especial de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores (Sepyme).

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) fueron aprobadas en 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, como una forma de acelerar la creación de nuevas empresas. Este mecanismo permite crear sociedades en en 24 horas —usando un estatuto modelo— de forma online y con menores costos, ya que solo requiere un capital mínimo de dos salarios mínimos vitales y móviles.

 “Más de 40.000 empresas se crearon como SAS desde 2017. Que se suspenda es parte de un relato, muestra que están en contra de los emprendedores, de la creación de empleo. Volver a la ley de sociedades, que es de 1972 o de SRL, que es de los años 40 es como aplicar la tecnología de un auto de la década del 60 para compañías de tecnología del siglo XXI”, describió Manuel Tanoira, cofundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que representa a más de 30.000 emprendedores en el país.

ASEA aseguró por medio de un comunicado que “el proyecto establece exigencia de volver al soporte papel. Esto representa un contrasentido en relación a un tipo societario pensado de manera absolutamente digital, especialmente en un contexto en el que la pandemia está catalizando la digitalización de toda la actividad económica”.

La iniciativa fue impulsada en el Congreso por el senador Oscar Parrili

La iniciativa de suspensión de las SAS ya cuenta con media sanción del Senado. Si se aprueba, a partir de entonces, para su inscripción todas las SAS deberán ser constituidas únicamente por los emprendedores previamente inscriptos en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE). Además, prevé la suspensión de constitución e inscripción de este tipo de sociedades por el plazo de 180 días corridos.

El año pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ), que encabeza Ricardo Nissen, dictó una serie de regulaciones con el fin de fiscalizar de manera más exhaustiva a las nuevas SAS, lo que limitó la constitución y el funcionamiento de estas sociedades. Luego, esas regulaciones fueron suspendidas a través de una medida cautelar por un pedido de amparo de ASEA.

“Todo el mundo sabe que las SAS se utilizan para evadir o cometer delitos. Se hace con un capital de dos sueldos mínimos, domicilios falsos y cuando un empleado quiere hacer un reclamo no tiene capital. El riesgo empresario se transmite a terceros. Todos los días descubrimos una o dos SAS truchas. No hay diferencia entre una SAS y una empresa offshore”, le dijo a este medio Nissen. “El proyecto no suspende a las sociedades creadas por emprendedores. Pero hay que definir qué es un emprendedor, no es una peluquería ni una parrilla. Si no hay un registro de emprendedores, cualquier se mete en una SAS y ahí está el fraude”, agregó.

Desde ASEA señalaron el impacto que tendrá cada uno de los puntos contemplados en la ley. Según detallaron, al agregar el requisito de inscripción en un registro de emprendedores se genera más burocracia y mayores costos y también se promueve la informalidad. Mientras que al artículo 5 le aplicaría a las SAS toda la normativa de una sociedad anónima. “Pierde sentido constituir una SAS si tiene peor regulación que una SA”, indiciaron los emprendedores.

Entre los casos concretos a los que afectaría este cambio, si se aprueba, señalaron a las empresas Atomic Lab de Gino Tubaro, el emprendedor que dona prótesis impresas en 3D, y a Neokit, la empresa que produce el test para el Covid-19 desarrollado por el Conicet.

Silvia Torres Carbonell, del IAE

“El avance del proyecto es una pésima noticia, que tiene muy alerta y preocupada a toda la comunidad de emprendedores en un momento donde hay que promover la creación de más empresas y de más empleo. Si ya estaban desanimados, los emprendedores van a buscar ahora otros países donde no solo los ayudan y los promueve, sino que además los miman”, señaló Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School.

“El argumento de que las SAS se crean para hacer fraude o lavar dinero no tiene sentido. De todas las SAS que se crearon no hubo ningún caso de imputados por esos delitos. Una sociedad que tiene toda su información online es más fácil de controlar. Los países que implementan trámites digitales después no dan marcha atrás, no vuelven al papel. Se pueden poner más controles, pero no destruir un tipo societario”, agregó Torres Carbonell.

Gastón Irigoyen, de Pomelo

Varios integrantes de ecosistema emprendedor local tuitearon en las últimas horas con el hashtag #DefendamoslasSAS. “Hace 2 meses creamos SAS. Fue un tramite (casi) todo online y bastante rápido, de unos 10 días aprox. Similar a los pauses con grandes ecosistemas de tecnología y emprendedurismo. En este momento el Congreso esta analizando eliminar la figura. Es decir, volver al papel, a la burocracia, a los tramites analógicos. Abramos los ojos!”, escribió en esa red social Gastón Irigoyen, CEO de Pomelo, una flamante fintech argentina que recaudó USD 9 millones de capital “semilla” de parte de los fundadores de 4 unicornios latinos y otros fondos importantes.

La diputada oficialista Fernanda Vallejos señaló que la reforma no va a perjudicar a ningún emprendedor genuino. “Los emprendedores se van a someter al mismo control de legalidad al que se somete una SA, una SRL o cualquier otro tipo societario que va a solicitar una inscripción registral. Además la inscripción en un registro de emprendedores puede ser beneficiosa ya que permite identificarlos y generar políticas públicas en favor del sector”, explicó a Infobae.

Gino Tubaro

Para Vallejos, el sistema de las SAS está vinculado con la médula de la “corrupción estructural” del sistema. “Lamentablemente, no puede disociarse de esto al macrismo, que fue el que creó este sistema. Muchas de estas SAS se constituyeron con el supuesto objeto de un negocio determinado, pero sin embargo, a los pocos días de su constitución, ocurrieron operaciones inmobiliarias millonarias en dólares”, recordó. Y aseguró que se comprobó que, en general, no son emprendedores quienes están detrás de estas sociedades, si no que funcionan como una cáscara para actividades irregulares.

La diputada argumentó que no se suspenden las inscripciones, sino que se harán en papel hasta que se que modifique el sistema. “En la práctica, se van a seguir constituyendo rápidamente. Solo se incorpora el control de legalidad, y la obligación de presentar estados contables. Por lo que, el genuino emprendedor no va a tener dificultades para adecuarse”, dijo. En cambio, advirtió que establece límites para quien cotice en bolsa o tenga un capital superior a los $50 millones.

Según detalló Tanoira, las SAS no son un “invento argentino”, sino que nacieron en Francia en el año 1994 y luego se aplicaron en Colombia en 2008. La legislación para este tipo de sociedades que se utilizó en la Argentina luego fue replicada por otros países como Uruguay, Ecuador, Perú y Paraguay. “La Argentina se comprometió en 2018 ante la OEA a implementar la SAS en Argentina, y toda la OEA la reconoce como la mejor forma jurídica para pymes”, indicó.