Por Carlos Burgueño – Argentina se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cumplir con sus compromisos inmediatos, y liquidar en tiempo y forma los u$s1.810 millones que vencen en septiembre y los u$s1.810 millones de diciembre. Y además, en el caso que no haya acuerdo antes, se cumplirá con el pago del vencimiento de marzo del año próximo por u$s4.039 millones correspondientes al primer compromiso de liquidación de capital del stand by firmado por Mauricio Macri en 2018.

Como contrapartida el organismo financiero internacional se comprometió a apoyar en todas las formas políticas y económicas posibles, permitiendo al país diseñar una Carta de Intención de preludio a un eventual Facilidades Extendidas con los mejores intereses y condiciones que el FMI pueda ejecutar.

Luego será cuestión del board del Fondo la de aprobar el eventual acuerdo final, el que debería firmarse antes de aquel vencimiento de marzo 2022. Hay algo que la Argentina no podrá modificar: el Facilidades Extendidas deberá tener un límite de 10 años y, eventualmente, incluir una cláusula que le garantice al país que de haber una extensión de ese plazo dentro de los límites legales del FMI, la Argentina podrá acceder a ese beneficios.

Martín Guzmán y Kristalina Georgieva hablaron en estos términos en el que quizá haya sido el encuentro personal más profundo, sincero e importante que el ministro de Economía y la directora gerente del FMI hayan mantenido desde que ambos están en sus cargos. La reunión fue privada dentro del marco de la cumbre de Venecia del G20 organizada en el bizantino edificio del Nuovo Arsenale veneciano, y duró algo más de una hora ininterrumpida. De manera directa las partes hablaron de la verdadera voluntad del Gobierno argentino de cumplir de “buena fé” con sus compromisos firmados y de lo que realmente desde el FMI se puede hacer para mejorar las condiciones actuales para el peso del acuerdo sobre la economía argentina.

Puntualmente, y tal como adelantó este diario, el principal logró que podría obtener Argentina en estas negociaciones, es la reducción de los intereses que se le cobran hoy a los países que no cumplen con los términos y condiciones firmadas; lo que le permitiría al país ahorrar entre u$s800 y 1.000 millones anuales del stand by vigente.

Esto sucedería si el Fondo aplicara la tasas del 2,05% para los créditos más beneficiosos, en lugar del 4,05% de costo actual que debe pagar la Argentina. Georgieva explicó que su visión coincide con la del ministro, que podría avanzarse en este beneficio, pero que finalmente (como se trata de un cambio a los estatutos vigentes dentro del FMI), deberá ser el board el que vote a favor de la modificación con una mayoría de 85% de los votos. Como Estados Unidos detenta el 17%, necesariamente se necesitará que ese país avale la modificación.

De este punto hablaron Guzmán y Janet Yellen en el encuentro que el ministro mantuvo con la plana mayor que acompaña a la secretaria del Tesoro norteamericano el sábado por la tarde, también en los salones del Arsenale de Venecia. Si bien no hubo definiciones, Yellen pidió más precisiones sobre el avance de las negociaciones con el FMI, y afirmó que el país tendrá todo el apoyo necesario para que las partes lleguen a buen acuerdo. La traducción del mensaje que dejó la administración de Joe Biden es que lo que figure en la Carta de Intención será aprobado luego en el board.

Lo que quedó claro en las negociaciones de Venecia es que de llegarse a un acuerdo antes de fin de año (o durante los primeros meses de 2022), no habrá ninguna posibilidad de firmarlo a un plazo mayor a 10 años. Se reconoce tanto en Buenos Aires como en Washington que la alternativa fue estudiada y que se discute a nivel geopolítico internacional. Se cree que podría llegar a analizarse algún tipo de extensiones de los plazos estipulados en la Carta Orgánica del organismo, incluso para los casos de Facilidades Extendidas, que los limita a 10 años.

Pero, en términos realistas, el Gobierno ya conoce en su máxima expresión que cualquier cambio importante en los tiempos de pago no llegará a aplicarse para el caso argentino. Aunque se retrasen las discusiones, éstas no deberían llegar más allá de fin de año o (en un caso extremo) el primer trimestre de 2022 y no hay manera que los principales referentes del G7 (los países que ponen el dinero para que el FMI funcione, comenzando por los Estados Unidos) se pongan en sintonía en esos plazos para cambiar los tiempos máximos del acuerdo.

Como cualquier modificación no llegará a operar para Argentina y su negociación actual, la salida que se encontró entre Buenos Aires y Washington es, tal como adelantó este diario, la aplicación de una cláusula específica que indique que cuando estos cambios estén aprobados y operativos, se apliquen automáticamente al Facilidades Extendidas que eventualmente firme el país. Con lo que de manera inmediata, de existir esos cambios, el plazo de 10 años se extendería a lo que permita el eventual nuevo cronograma.

Si el Facilidades Extendidas se cerrara antes de diciembre 2021 un acuerdo del tipo hoy vigente, debería comenzar a liquidar capital a los 4,5 años de firmado, lo que implica que los primeros pagos serían en 2026. En teoría, a tiempo para comenzar a prorrogar y mejorar los pagos.

En la estrategia de Guzmán, avalada en Venecia por Georgieva, Argentina llegaría al momento de comenzar a liquidar capital con sus variables macroeconómicas y fiscales en orden, lo que automáticamente le permitiría al país acceder a una refinanciación del Fondo y con tasas de interés del 2,05% o similar. Incluso podría verse beneficiado por una mejora en los cronogramas de pagos, para el caso que el Fondo ya tenga modificado el plazo de pago con límites mayores a 10 años.