Por Juan Strasnoy Peyre - Las tensiones cambiarias de los últimos días fueron una muestra de que el Gobierno enfrentará los meses preelectorales con mayor volatilidad. Aunque algunos funcionarios consideran que hubo una sobrerreacción a las recientes medidas, el oficialismo amplía su estrategia para contener las presiones devaluatorias. Al poder de fuego acumulado durante el primer semestre por el Banco Central, sumó en las últimas horas algunos gestos para intentar calmar al mercado, mientras sostiene un permanente monitoreo del funcionamiento del cepo.

Contener las tensiones cambiarias es una de las máximas prioridades oficiales: una devaluación, sostienen en el Gobierno, echaría por tierra cualquier iniciativa para poner plata en el bolsillo de la gente y complicaría aún más la situación social. Es por eso que la semana pasada Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP, salió a descartar un “cimbronazo” tanto previo como posterior a las legislativas, luego de una reunión del Gabinete económico.

Fue en medio de las renovadas presiones sobre el dólar blue, que subió $17 en lo que va de julio hasta el récord anual de $185, y de la creciente demanda dolarización a través de la Bolsa. Tras los últimos ajustes a los controles cambiarios, el BCRA pudo mantener al MEP y al Contado con Liquidación (CCL) debajo de los $167 en el segmento donde interviene (el del bono AL30) pero una buena porción del volumen se trasladó al segmento bilateral del CCL (Senebi) y a la operatoria con otros instrumentos, como las Ledes, cuyas cotizaciones se acercaron a $180.

También se incrementó la búsqueda de cobertura de los inversores que apuestan por una devaluación del tipo de cambio oficial después de las legislativas. Aumentaron las tasas de los contratos de dólar futuro poselectorales y creció la demanda del bono dólar linked a abril de 2022, que pasó a rendir a tasa negativa.

En el Gabinete económico señalan que se trata de “los típicos movimientos especulativos preelectorales” y resaltan el poder de fuego acumulado: reservas brutas que superaron los u$s43.000 millones (y netas que superaron los u$s9.000 millones, según LCG), una cartera de bonos en poder del Central de más de u$s5.000 millones para intervenir el CCL y un 100% de margen de acción en futuros luego de cerrar junio sin contratos vendidos en el Rofex por segundo mes consecutivo. Además, descartan que haya una apreciación real del peso (de acuerdo con el tipo de cambio real multilateral) que justifique un salto devaluatorio poselectoral.

Pero el plan de contención de la volatilidad preelectoral no solo incluye palos. También hay zanahorias. El sábado, en el acto de presentación de los candidatos del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner pareció admitir que al menos una parte de los u$s4.350 millones en derechos especiales de giro (DEG) que enviará el F MI en los próximos días se destinará a los pagos de este año con el propio organismo.

“El FMI decidió entregarle dólares a los países por los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder porque en 2018, después de que en 2015 tuviéramos un país sin deuda, ahora debemos u$s45.000 millones”, dijo la vicepresidenta en alusión a los u$s3.800 millones de capital que vencen en septiembre y diciembre. Es un destino que Martín Guzmán ya preveía darle a los DEG en caso de que no hubiera un acuerdo para ese entonces. Pero la señal fue significativa: los senadores oficialistas comandados por ella propugnaban usarlos para apuntalar la recuperación de la actividad y los ingresos. En el acto CFK y Alberto Fernández sí enfatizaron la importancia de evitar las sobretasas que aplica Fondo y estirar los plazos de repago.

Este gesto coincide con el reciente anuncio de Axel Kicillof de un preacuerdo con un sector de los acreedores bonaerenses para reestructurar la deuda tras más de un año de negociación. También con la cautela en el manejo de las variables macroeconómicas, que ya era una de las patas de la estrategia cambiaria. Guzmán comenzó el año con marcada disciplina fiscal y monetaria: el primer semestre cerró con un déficit primario de apenas 0,5% del PBI y un financiamiento público equilibrado entre deuda y asistencia del BCRA al Tesoro. En un segundo semestre que será de mayor gasto, procura minimizar la emisión de nuevos pesos bajo la premisa de que esto elevaría las presiones sobre el dólar.

A eso se refirió ayer en Radio 10 la primera candidata a diputada por el oficialismo en PBA, Victoria Tolosa Paz: “El Gobierno seguirá inyectando recursos en los próximos meses, cuidando las variables macroeconómicas para no generar daños colaterales. Somos conscientes de que necesitamos un equilibrio”.

En paralelo, el equipo económico sostendrá un permanente monitoreo de las regulaciones cambiarias para afinar los controles en caso de ser necesario. No solo los últimos límites impuestos por la CNV al liqui. También observa la dinámica de las importaciones: en junio crecieron hasta los u$s6.000 millones y, de seguir escalando, podrían morigerar el saldo positivo del boom de los commodities en las reservas.