Por Jorge Duarte - Con una resolución que tendrá gran impacto en el mundo sindical, y que derramará en los lugares de trabajo, el Ministerio de Trabajo de la Nación desarmó el monopolio que hasta ahora detentaban los sindicatos con personería gremial de exigirle a los empleadores el derecho a retención de la cuota sindical.

La normativa de la cartera laboral dejó sin efecto la prohibición dispuesta por la gestión de Jorge Triaca en 2018 de recaudar la cuota sindical a través de débitos bancarios a gremios con simple inscripción.

Vale recordar que esa situación se definió durante un conflicto paritario en 2018 entre los Metrodelegados y Metrovías. En aquel momento, Triaca le ordenó al Banco Central que prohibiera a todas las entidades bancarias la realización del débito directo o indirecto de toda suma en concepto de aporte sindical.

Se trataba de un golpe sustancial al financiamiento de un sindicato históricamente hostil con la política de Cambiemos. Además bloqueaba una fuente de ingresos muy importante para los gremios menos tradicionales y abría una buena sintonía con la cúpula de la CGT.

"Esta disposición nos impidió cobrar la cuota sindical durante el mes de junio de 2018, ocasionando un perjuicio económico a nuestra organización que, en parte, fue amortizado por la decisión de cobrar la cuota en mano, en los lugares de trabajo", sostuvieron los Metroedelegados en una comunicación firmada por Roberto Pianelli y Néstor Segovia.

En aquel momento, el gremio presentó un recurso de amparo contra esta decisión administrativa, una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e inició acciones legales por amenazas e incumplimiento de deberes de funcionario público contra Lucas Fernández Aparicio y Saglia Zamudio.

El trasfondo judicial

La prohibición de recaudar la cuota sindical a través de débito bancario fue llevada a la justicia. Allí el tema escaló hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se pronunció en marzo de este año.

El máximo tribunal de Justicia dejó firme un fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y confirmó que "el artículo 38 de la ley 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales), en cuanto excluye en forma arbitraria a las asociaciones simplemente inscriptas del régimen de retención de aportes a sus afiliados, lesiona la libertad sindical, en su faz individual y colectiva, por lo que resulta inconstitucional".

La decisión se tomó en los autos "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura APSAI c/ Autopistas del Sol S.A. s/ acción de amparo".

Ese antecedente jurídico es el que ahora sustenta al Ministerio de Trabajo para reponer la chance a los gremios alternativos a los históricos cegetistas de tener la misma capacidad de financiamiento que sus competidores.

Dejarán de tener que ir afiliado por afiliado para robustecer su caja con transferencias particulares.

Se trata de un empujón institucional, pero fundamentalmente de un paso clave para el sostenimiento económico en el tiempo de la competencia sindical en los establecimientos de trabajo.

Vale recordar que desde hace años, la CTA denuncia sistemáticamente el artículo 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales en los encuentros de la OIT. La central obrera, alternativa a la CGT, lo consideraba violatorio del Convenio 87 de la organización internacional y que, en consecuencia, atenta contra la libertad sindical en el país.