Por Claudio Zlotnik - Alberto Fernández conminó al gabinete económico a que la inflación muestre una clara tendencia bajista de cara a las elecciones. Está convencido de que ninguno de los anuncios tendrá efecto positivo si no mejora el consumo popular, que viene golpeado desde que hace tres largos años la Argentina inició un tortuoso camino de devaluaciones sucesivas, a la que continuó una demoledora pandemia.

En el Gabinete económico están urgidos por demostrar buenos resultados en relación a la inflación. Por eso tomarán como un pequeño triunfo si esta tarde, el Indec anuncia que el índice de julio se ubicó por debajo del 3%. Y, más todavía, en caso de que la inflación de los alimentos se haya desacelerado.

El "partido" de Guzmán, no obstante, va más allá de lo que informe el Indec en la tarde del jueves.

El ministro ya le anticipó a Alberto Fernández que la inflación de este año rondará el 42%. Bien por encima del 29% que el propio Guzmán pautó en el Presupuesto 2021, pero entre seis y siete puntos menos que los proyectados por las principales consultoras económicas.

Para lograrlo, el titular del Palacio de Hacienda cree que la inflación acelerará su tendencia a la baja en las próximas semanas. Guzmán cree que la gente concurrirá a la votación de noviembre con una inflación del 2% mensual.

Un funcionario clave del gabinete económico -que ayer estuvo en la Casa Rosada- desliza su idea, en diálogo en off the record con iProfesional: "Las empresas recompusieron sus márgenes de ganancias en medio de la pandemia. Lo vimos en algunos rubros, como automóviles, indumentaria y también en los alimentos frescos. Pero todo tiene un límite porque ese proceso está agotado. Ahora nuestro problema está en la inercia. Tenemos que trabajar para cortarla. Desacelerar la inflación para que se note y que esa dinámica a la baja sea gradual pero permanente".

Ese es el único escenario que, creen en el gabinete económico, permitirá que los ciudadanos perciban una mejora en su bolsillo, en los próximos meses, ya de cara a las elecciones de noviembre.

El Gobierno viene tomando medidas para lograrla mejora en el nivel de consumo masivo, pero ninguna tendrá el efecto buscado si la inflación continúa en torno del 3%. Encima, sin demasiado margen fiscal ni monetario para utilizar al Estado como plataforma de lanzamiento de iniciativas pro consumo, todo lo que se anuncia parece escaso en relación a la profundidad y extensión de la crisis.

Riesgos: mayor presión cambiaria

Según comentó el consultor político Eduardo Fidanza, en sus últimos relevamientos, los encuestados admiten que empezaron a notar una mejora en su poder de consumo. Y en la percepción del público en la economía.

La mala noticia para los funcionarios es que el margen de maniobra luce escaso. La asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro en lo que va del año suma $670.000 millones. Representa menos de la mitad de lo emitido en el mismo plazo del año pasado. Aunque la mitad de ese monto fue impulsado en los últimos 50 días, lo que da muestra de la urgencia oficial por mostrar resultados. Y también del riesgo asumido.

Cualquier desajuste se traduciría en una mayor presión cambiaria. Se constató en octubre del año pasado, cuando el "blue" llegó a los $195.

Martín Guzmán, Matías Kulfas y Miguel Pesce están convencidos de que la dinámica inflacionaria en la Argentina responde a múltiples causas. Pero que en la actualidad los precios se mueven más por una cuestión de expectativas y por una recomposición de márgenes por parte de los empresarios que por otra cosa.

La dinámica inflacionaria -que se viene desacelerando muy levemente pero que muestra una posición interanual superior al 50%- está perjudicando notablemente los bolsillos de los argentinos. Ya no solamente en lo referente a rubros como indumentaria y otros de segundo orden, sino que afecta el consumo de los productos esenciales, como los de la canasta básica.

Por eso apuestan a que el motor de la mejora sean las reaperturas de las paritarias antes que la asistencia directa del Estado.

Esa ayuda existirá pero focalizada en los sectores medio bajos y bajos, que están más a la intemperie y castigados por la crisis y la pandemia.

Para esos sectores, por ejemplo, el Gobierno acaba de relanzar los créditos a "tasa 0", por un monto máximo de $150.000.

Los límites están muy claros: la tarjeta Alimentar -que se destinan a los sectores más postergados de la sociedad- no tiene una actualización desde diciembre del año pasado. Desde entonces, la inflación acumulada supera el 30%.

Lo dicho: el Gobierno está jugado a que una discreta mayor dosis de ayuda social "por abajo" (a jubilados de la mínima y a los sectores que perciben programas sociales) ayudará a la recuperación del consumo, que se mantiene en peores niveles que en la pre pandemia.

La otra apuesta, destinada a los trabajadores sindicalizados, refiere a que las paritarias se revisen apuntando al 45% para este año. Un nivel más cercano a la inflación estimada para este 2021, y bien por arriba de lo que se había previsto hasta hace sólo unos meses.

Fue el propio Gobierno el que vino marcando la nueva pauta salarial en las últimas semanas. Sucedió con el arreglo del "Personal del Congreso, que convino un incremento salarial del 46,4%, en tres cuotas acumulativas. También hubo arreglos por arriba del 40% para los trabajadores de la ANSES.

Lo novedoso es que ya está tomada la decisión política para reabrir las paritarias de los trabajadores del Estado, que en marzo cerraron en el 35% y es probable que se ajuste también más cerca del 45%.

Algo parecido sucederá con el Salario Mínimo Vital y Móvil, que el ministro Claudio Moroni ya anticipó que tendrá su propia revisión al alza en las próximas semanas.

Lo que está claro es que el Gobierno pondrá todas las fichas en una recuperación del consumo popular antes de las elecciones. Algo que la aceleración inflacionaria impidió por ahora.

¿Logrará este objetivo? ¿La emisión de moneda podría derivar en más temblores cambiarios? ¿O en una aceleración de los precios de la canasta básica?

Después del sacudón cambiario del año pasado y con las negociaciones con el Fondo Monetario en curso, Guzmán privilegió el orden. Tanto fiscal como monetario. A tal punto que, aun con las restricciones por la segunda ola de la pandemia, mantuvo inactivos tanto el ATP como el IFE, los principales programas de asistencia social y gasto Covid.