Por Diego Cabot - A diario, el Estado sedimenta capas y logra un objetivo que ya no debiera imaginarse casual: convertir la trama burocrática en una madeja imposible de desentramar y destinada a los propios. En los últimos tiempos es cada vez más común leer la frase “créase el programa” y, posteriormente, enumerar una cantidad de funciones que ya tenía el ministerio en cuestión, pero que ahora pasan a llamarse de otra manera.

En lo que va del año se han creado, al menos, medio centenar de “programas” destinados a los fines más diversos. Todos, eso sí, terminan por tener presupuesto propio, jefes políticos a cargo, empleados estatales y procedimientos y mesas de entradas para inscribirse y acceder a los beneficios del soberano. Bienvenido el lector a una visita guiada a las últimas creaciones, todas publicadas y vigentes.

Solo para ilustrar el fenómeno, una radiografía de lo que sucedió en los últimos 10 días. El 12 de agosto se creó el programa Crédito a Tasa Cero 2021, destinado a los monotributistas, “con el fin de acompañar el proceso de recuperación productiva”. Un día antes, el Ministerio de Turismo creó el programa de Incentivos a la preventa de Servicios Turísticos “Previaje, para fomentar y potenciar la demanda del turismo nacional”, según explica la norma. Ese mismo día, el Ministerio de Desarrollo Productivo fondeó al Procer, el Programa de Competitividad de Economías Regionales, con $1428 millones.

También en esa fecha, el ministerio que maneja Matías Kulfas publicó la resolución 75, cuyo artículo 1° dice: “Créase, en el ámbito de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, el programa nacional Sinergias”.

También el 11 de agosto, la Agencia Nacional de Discapacidad alumbró el Programa Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local Accesar.

El 10 de este mes, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en el artículo 28 de la resolución 1000, puso en marcha el Programa de Acceso a Libros Gratuitos para entidades inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. El 9, el Ministerio de Transporte, en la resolución 268/2021, estableció en el primer artículo: “Créase el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural a los fines de auditar la existencia, estado de conservación y accionar integralmente de manera multidisciplinaria sobre la puesta en valor de los bienes culturales del Ministerio de Transporte”.

Ese mismo día, el ministro Gabriel Katopodis innovó y puso a disposición de la sociedad el Programa de Infraestructura del Cuidado en la órbita del Ministerio de Obras Públicas. La resolución 252 dice que tiene por objeto “reforzar la red de infraestructura del cuidado para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, no solo de quienes reciben cuidados, sino también de quienes brindan cuidado”. En el ministerio, al ser consultados por

la nacion, intentaban explicar que se trata de darle prolijidad a un esquema de obras. Sin embargo, enredados en respuestas burocráticas, no lograron identificar una función que ahora se pueda hacer y antes no y que justifique la creación de otra capa burocrática.

También en esa fecha, el Ministerio de Cultura llamó a concurso para postularse al programa Práctica –llama la atención que no se llame Practicar, de acuerdo con el paladar negro de los nombres de iniciativas estatales– y puso a disposición un reglamento. Según se escribió, el sistema “tiene como destinatarios personas jóvenes que hayan completado el curso del nivel secundario de educación formal obligatoria, aunque adeuden materias, para quienes las dimensiones del aprendizaje y el trabajo adquieren un valor estratégico dentro de un modelo de desarrollo integral e inclusivo”. Así, con objetivos amplios que permitan la discrecionalidad.

El ministro Tristán Bauer ya venía de otra fundación. El 3 de agosto creó el Programa Impulsar II, “destinado a personas humanas y jurídicas representantes de elencos, bandas, compañías o productores para fomentar la producción de espectáculos a realizarse entre los meses de noviembre de 2021 y abril de 2022, en espacios, salas o predios con aforo de más de 300 localidades”. Ese impulso se financiará con un aporte del Tesoro de $125 millones.

En esas horas, el Ministerio de Salud autorizó un estudio sobre el uso de cannabis a la Municipalidad de Tigre y al Conicet, en el marco del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y Tratamientos no Convencionales, creado el año pasado.

Un día antes, Desarrollo Productivo amplió los beneficios del programa Argentina Programa, valga esta vez la redundancia, creado mediante la resolución 208 del 11 de mayo de 2021, para entregar un subsidio no reembolsable de 100.000 pesos a quien compre una computadora en la tienda del Banco Nación. En la norma estableció un cupo máximo de $4000 millones.

Y, para terminar estos días de repaso, el Ministerio de Agricultura

Ganadería y Pesca dio a luz el 7 de agosto al Programa de Bioconsumos Agropecuarios Argentinos, Probiaar –este sí cumplió con la anhelada terminación en “ar”–, “destinado a potenciar el desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y consumo de bioinsumos de uso agropecuario, haciendo particular énfasis en el desarrollo local, regional y asociativo nacional”. Antes, el 3 de agosto, la vorágine burocrática de ese ministerio había concebido el Programa Agropymes Sustentables, un invento para “impulsar el desarrollo, producción, industrialización, procesamiento, comercialización y distribución, tanto en el mercado interno como para exportación, de alimentos y subproductos agropecuarios y agroindustriales de pequeña y mediana escala poniendo particular énfasis en el desarrollo local, regional y de carácter asociativo y sustentable en términos económicos, sociales y ecológicos”. Todo, absolutamente todo, se podría haber hecho sin ese nuevo vericueto en la organización del Estado.

Un Estado más grande

El economista Nicolás Gadano trabajó en el Estado y es un estudioso de sus estructuras. “Es natural que el Estado tenga que cambiar para atender nuevos desafíos, nuevas necesidades, como por ejemplo temas de medio ambiente, o cuestiones de género. Pero que el Estado tenga objetivos nuevos no significa que tenga que descuidar su eficiencia y su productividad. La solución no es crear un programa tras otro y que el Estado se agrande indefinidamente y que la productividad sea cada vez más baja. Si queremos un Estado fuerte tiene que tener la capacidad, la flexibilidad y la eficiencia como para incorporar demandas y necesidades en una estructura que sea razonable y no una carga creciente para la economía y para la gente”, explicó.

En Cippec elaboran todos los años el GPS del Estado. Allí se puso énfasis en la creación de estructuras y en la economía política de esa creación. Uno de los resultados de aquel informe es que en las reparticiones que maneja La Cámpora se avanza con mucha más velocidad que en otras que dominan otros sectores de la coalición gobernante. Según los datos que se desprenden del documento, si bien no se refiere puntualmente a los programas, durante la pandemia se optó por algunas formas de administración propias de la necesidad de celeridad.

La lista podría seguir por centenares. La Subsecretaría de Articulación Territorial reglamentó el 3 de agosto la forma en que se pondrá en marcha el Programa Jóvenes y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en “aquellos municipios que poseen una oficina de empleo operativa en la gestión de servicios de empleo y con experiencia en acciones de intermediación laboral”. Es decir, puso en marcha otra mesa de entradas para administrar beneficios.

En el ámbito de Desarrollo Social está el llamado Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local (Potenciar Trabajo) para “contribuir a la generación de nuevas fuentes de trabajo a efectos de promover la inclusión social de los sectores más vulnerables”. Dentro de ese ministerio se enumeran el Programa Prohuerta y su primo hermano el Programa Sembrar Soberanía Alimentaria. También se cuentan el Programa Hogar, para acceder a la garrafa social, y el Programa Talleres Familiares y Comunitarios. También existen el Programa Talleres Familiares y Comunitarios y el Federal de Intervención Directa y Ayudas Urgentes. Es posible golpear la puerta en el Programa de Integración y Desarrollo Humano Participar en Comunidad o a la del Programa Argentina Recicla.

En el Ministerio de la Mujer se pueden encontrar el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero; el Generar, que trata de “fortalecer la institucionalidad en materia de género y diversidad en el país”, o el Programa Escuelas Populares de Formación en género y diversidad “Macachas y Remedios”, destinado a fortalecer la capacitación de mujeres y personas LGBTI para propiciar, desde la producción de saberes colectivos, la deconstrucción de estructuras discursivas, prácticas y formas de relación que reproducen y perpetúan la violencia por motivos de género. En la misma cartera habitan el Acompañar, el Igualar y el Producir.

Como se dijo, la creación de programas se ha convertido en una de las principales actividades del Estado. Por caso, el jefe de Gabinete creó el 2 de agosto el Programa Estado Integrado, una capacitación para entidades del sector público.

Pero todo luce pequeño si se lo compara con aquella recordada creación del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. El 21 de octubre de 2014, y por primera vez en la historia, la Argentina inauguró la primera política pública para el fomento de los valores centrados en el amor. El plan se llamó Programa Enamorar, el Amor en Movimiento, para el que se destinaron $260 millones de entonces. El amor según De Vido se terminó, al menos como lo fomentó como ministro. Hay programas para todo, pero a nadie se le ha vuelto a ocurrir crear una repartición pública para enamorar a los argentinos. Al menos, por ahora.