Por Daniel Muchnik - A pesar de los acuerdos de precios, la Argentina tiene una de las inflaciones más altas de América latina. Esto se debe a que todavía no se detuvo el proceso de recomposición de los precios relativos generado por la devaluación. Y, además, porque también hay una "inflación importada" por la demanda del exterior.

La recomposición abarca a un conjunto de servicios que no pudieron subir los valores durante el peor momento de la crisis (2002-2003) y que ahora, ante la mayor actividad y mejores ingresos, se atreven a hacerlo. Es el caso de los alquileres, de las cuotas de las escuelas privadas, de los servicios personales y también del transporte.

Todos los meses, nuevos sectores se suman a esta "actualización" de precios que, por ahora, no llega a las tarifas del transporte público o a ciertos servicios domiciliarios, pero que sin embargo le está costando al Tesoro (a toda la sociedad, en definitiva) el pago por el sostén de gruesos subsidios.

El problema que se está planteando es que ahora la estructura de precios relativos se está acercando, cada vez más, a la del período predevaluatorio.

Así, si bien no estamos entonces ante un proceso inflacionario peligroso como consecuencia del desborde de las variables monetarias o cambiarias, sí hay en cambio una tendencia de suba de precios que no podrá frenarse por la simple presión oficial. No se detiene ni con funcionarios poniendo "cara de malo", ni con discursos o promesas.

El problema está diseminado en múltiples servicios que pesan un 30%, aproximadamente, en el índice de precios, y donde la acción oficial poco puede hacer. Queda otro 10% por tarifas congeladas que, sin embargo, tienen un costo fiscal creciente.

Del mismo modo, quedan "productos controlados" a través de la aplicación de las retenciones a las exportaciones, pero en donde también se van a manifestar "cuellos de botella", de estrangulamiento. Porque ningún sector quiere resignar las rentabilidades que le brinda el mercado a través de las señales de los precios.

Hay economistas que ya están proponiendo otro tipo de mediciones de la inflación, además de la del INDEC, porque la oficial no abarca el amplio universo de productos y servicios.

Toda esta marejada traduce que la puja distributiva no se detiene. Más aún en un país que, a pesar de la normalidad económica y ciertas elogiables estadísticas, tiene grandes bolsones de marginalidad social y serios problemas de empleo.

Lo que está faltando es un plan coherente para salir de esta situación. Que responda a un consenso de la sociedad y no a la acción de funcionarios que ponen "paños fríos" que son meramente transitorios.