Por Mariano Boettner - El Gobierno analiza de qué manera modificar las regulaciones cambiarias para evitar lo que, estima, puede ser una fuente de evasión de liquidación de divisas, así como también para mejorar el ingreso de los que exportan servicios profesionales. Se trata de aquellos casos de personas que trabajan total o parcialmente para clientes en el exterior y que cobran su labor en moneda extranjera, lo que en muchos casos se canaliza por fuera del mercado oficial de cambios.

Según pudo saber Infobae en base a fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo conformó una mesa de trabajo integrada por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía, la AFIP y el Banco Central para buscar soluciones a nivel técnico. Hay miles de profesionales de distintos rubros que tienen clientes en el extranjero y el control de cambios representa un obstáculo para poder recibir su pago sin tener que liquidar esos dólares a un tipo de cambio desfavorable y pagando comisiones bancarias por giros y transferencias.

Entre los profesionales que tienen este tipo de problemas se destacan los que trabajan en el sector de informática, software, programación, traducción, diseño gráfico y otros como arquitectura o de ingeniería. De acuerdo a los datos de marzo de este año del portal web Freelancer, hay en la actualidad unos 556.000 argentinos inscriptos en esta plataforma para conectarse con clientes de otros países.

A la hora de cobrar por ese trabajo, por las restricciones vigentes ese ingreso en dólares es luego convertido a pesos al valor del dólar oficial. De esa manera, un trabajador que tiene que recibir un pago de USD 500 recibiría unos $42.500, luego de restar las comisiones bancarias. Pero esa suma al cambio libre se elevaría a poco más de 76.000 pesos.

Burocracia estatal y privada

Esa es solo la desventaja en términos de conversión de cambio.

Según explicó a Infobae un exportador de servicios profesionales que suele realizar operaciones de cobro desde el exterior de manera trimestral, para obtener la acreditación bancaria de la entidad local con la que opera históricamente, primero tiene que esperar que la oficina de comercio exterior y giros y transferencias le envíe por mail el número de la Orden de Pago; luego debe presentar, cada vez, una declaración jurada “Covid-19″, para poder hacer el trámite vía virtual; completar el trámite con otra declaración jurada del detalle del servicio, previo conocer el código que para cada caso estableció el Banco Central; copia de la factura en dólares con el valor en la divisa al cambio oficial al momento de la emisión; presentar toda la documentación firmada en cualquier sucursal de la entidad bancaria dirigida a su oficial de cuenta; y esperar que la oficina de comercio exterior del banco apruebe todo e informe de la acreditación final en cuenta en pesos, o en dólares, según especifique, en ese caso neto de las comisiones que varían según el monto, pero que pueden llegar a representar más del 8% en pesos y un 5% en dólares para montos inferiores a 500 dólares.

Luego llega la parte de las comisiones bancarias, que en el caso de una operación de exportación de un servicio por USD 500, es de USD 20 por cada orden de pago recibido, USD 3 más por el formulario de cierre de cambio, más 21% de IVA.

Como alternativa, algunos de estos trabajadores con clientes fuera del país prefieren canalizar sus cobros a través de plataformas como PayPal, billeteras virtuales internacionales o incluso cobrar directamente en forma de criptomonedas para evitar la pérdida de la conversión de tipo de cambio.

Según el balance cambiario del Banco Central de la República Argentina el agregado de “servicios empresariales, profesionales y técnicos, genera por mes unos USD 300 millones, a los cuales se agregan USD 15 millones de servicios de comunicaciones; y otros 120 a 190 millones de dólares por mes de servicios de informática.

Según Freelancer, el monto promedio que cobran los residentes por cada trabajo para el exterior es de USD 161, con un tiempo promedio de liquidación de dos a tres días. Los más buscados y ofrecidos son en los rubros de tecnología de la información (programación, desarrollo de software y apps y webtesting), diseño (gráfico, para webs, banners, digital, textiles) y marketing digital y comunicación. Aunque también se destacan otros servicios profesionales de arquitectos, ingenieros, economistas, contadores, capacitación virtual, entre otros.

La mesa de distintas áreas que conformó el Estado para analizar esta problemática comenzó con la premisa de conseguir información que, aseguran fuentes oficiales, hoy el Poder Ejecutivo no tiene. “Para resolver cómo abordar el problema necesitamos datos y la industria nos va a compartir estimaciones de cuántas personas tiene trabajando para el exterior”, explicaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo a Infobae.

Operatoria de empresas

La solución, incluso, podría llegar a través de un cambio normativo para las empresas, no para las personas que busquen cobrar. “Lo que se está viendo es alguna forma para que las compañías puedan tener una liquidación distinta o algún esquema, no para las personas. Pero este es un problema mundial que no le pasa solo a Argentina”, apuntaron desde uno de los despachos en que estudia la situación.

Uno de los sectores afectados es el de la economía del conocimiento. La subsecretaria de esa área María Apólito comentó ante este medio que “la problemática de quien recibe dólares pero no los ingresa la país, rozando la evasión, por lo que es una situación compleja”, mencionó.

La programación y otros empleos ligados a la informática tiene miles de empleados que trabajan para clientes en el extranjero

“Tenemos una mesa de trabajo y estamos tratando de ponerles números a esta situación de ‘fuga’ digital y ver qué soluciones hay, si pueden provenir de una regulación más ajustada o una forma de liquidación distinta. No tenemos todavía en claro cuántas exportaciones estamos perdiendo”, concluyó la funcionaria de esa subsecretaría, que depende de Desarrollo Productivo.

Para poner en contexto, el economista sectorial de Abeceb Santiago Manoukian estimó que en términos generales las exportaciones de servicios basados en el conocimiento acumulan tres años seguidos de caída. “En 2020 cayeron 15,1% interanual y se ubicaron levemente por encima de los USD 5.800 millones, lejos del máximo de USD 7.500 millones de 2017 (-22 por ciento)”, explicó en diálogo con Infobae. Los datos preliminares de 2021 indican que se exportaron unos USD 1.400 millones en el primer trimestre, el nivel más bajo en cinco años.

Eso implicó, según Manoukian, “caídas generalizadas entre los rubros: los más golpeados son los servicios arquitectónicos y de ingeniería y servicios personales, culturales y recreativos (donde se encuentran los audiovisuales), mientras que las menores caídas corresponden a software y servicios de informática”, continuó.

Por otra parte, apuntó: “Si bien sucedió en un contexto de recesión global y pandemia, también tuvo lugar en un escenario de incertidumbre macroeconómica y medidas con sesgo anti exportador, como el férreo cepo cambiario y una elevada brecha cambiaria, derechos de exportación (recién se eliminaron en diciembre), sumado a la incertidumbre regulatoria que imperó hasta la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento a fin de 2020, frenando inversiones por parte de algunas empresas y no permitiendo aprovechar un tipo de cambio en niveles relativamente competitivos”.

“Si bien las restricciones cambiarias y la brecha representan problemas para todas las actividades exportadoras, en el caso de los servicios basados en el conocimiento toman otro relieve, puesto que resulta más fácil encontrar canales alternativos de ventas (incluyendo la relocalización real o formal de las operaciones a otros países con regulación más flexible), lo cual afecta aún más las exportaciones”, concluyó.