Por Javier Blanco - La carencia de alternativas de resguardo
de valor y la persistente y natural (tras tantos años de elevada inflación)
desconfianza hacia el peso hicieron que los productores agrarios mantuvieran en
la presente campaña la misma conducta de autoconservación adoptada en los
últimos años: vender sólo la cantidad de granos necesaria
para asegurar la concreción de su próxima campaña y atesorar el resto.
Esto llama la atención por el incentivo de precios que les dio el
mercado internacional, al cotizar la soja (principal producto
exportado) un 52% promedio por encima de la anterior campaña, si se comparan
los precios promedio vigentes en la denominada “temporada alta” 2020 (US$ 322
la tonelada) con los convalidados este año (US$490) en igual período del año
(de mitad de abril a finales de agosto).
Es decir, la
conducta que adoptan desafía la teoría económica que indica que la
codicia, llegado un punto, vence al miedo y confirma que la Argentina
pone en tela de juicio hasta las hipótesis más aceptadas en estas ciencias. El
dato aparece en momentos en que las empresas agropecuarias están cerrando la
comercialización de los granos producidos en el ciclo 2020/21, en aquellos
casos en que aún se cuenta con mercadería sin vender.
La observación
surge de un trabajo realizado por el economista Juan Manuel Garzón y
publicado por Fundación Mediterránea, que pone
el ojo en ellos, porque no desconoce que tanto el stock sobrante como los cultivos de verano del
ciclo 2021/22 (soja, maíz) “serán muy importantes en términos de ingresos y
divisas en el año entrante en un contexto de reservas escasas en el BCRA y
tensiones en el mercado cambiario”.
El trabajo
comprueba que, tanto con la soja como con el maíz, la comercialización primaria
de granos viene siendo igual o apenas algo mayor a la del año previo. “A fines de agosto se llevaban vendidos 23
millones de toneladas de soja, una cifra muy parecida a la de la campaña
previa, y un equivalente al 50% de los granos producidos en el ciclo (se
suponen 46 millones de toneladas)”, detalla sobre datos del Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP), antes de apuntar que el ritmo de avance
de la comercialización de la soja ha ido bajando en los últimos años distribuyéndose
en una ventana temporal más amplia.
“Hace 10 o 15 años,
a fines de agosto ya estaba vendida el 70/75% de la cosecha”, recuerda Garzón. Pero en un contexto
de persistencia inflacionaria y en el que “las opciones financieras
tradicionales de ahorro rinden negativo en términos reales y existe restricción
de compra de divisas, la concentración de capital en un activo atado al dólar
como la soja, y además de mucha liquidez, resulta en una alternativa muy
atractiva para los productores”.
El informe reconoce
que es esperable que se registre en el mercado de aquí en lo que resta
del año “cierta desaceleración en el ritmo de ventas de los granos que
restan de comercializar, respecto de lo que podría ser un año normal (sin
elecciones o eventos disruptivos)”, habida cuenta el contexto de elecciones y
de incertidumbre respecto del impacto que puede generar su resultado sobre la
confianza y la política económica en general.
De allí que busca
analizar el efecto que la conducta ya tradicional de resguardo que adoptan los
productores, que puede verse exacerbada en este marco, podría tener sobre un
mercado cambiario muy dependiente del ingreso de los dólares comerciales. Es
allí cuando advierte que, según estimaciones propias, ya se habrían despachado hasta terminar agosto el 80% de las
exportaciones totales de granos y principales derivados industriales del año,
embarques estimados en US$37.300 millones.
Según esta
estimación, el sector tendría para aportar al mercado sólo un 20% para lo que
resta del año. Calcula que quedarían por comercializar “entre 6 y 7
millones de toneladas con destino de exportación, a distribuirse en el último
cuatrimestre del año y algo que pueda pasar para 2022″.
“Los envíos se
ubicaron en US$2900 millones mensuales en el primer cuatrimestre, en US$3800 millones en el segundo y se
estarían aproximando a US$2500 millones en el tercer y último cuatrimestre”,
detalla haciendo notar que se estaría produciendo un recorte mensual promedio
de US$1300 millones en la oferta de este sector clave respecto del segundo
trimestre.
Ese recorte
estacional en las exportaciones agroindustriales le implicaría al país perder
en los próximos meses entre el 15% y 20% de las exportaciones totales, “que pasarían a ubicarse más cerca de los
US$6000 millones que de los US$7000 millones, una cifra que deja muy a tiro a
las importaciones (US$5800 millones) y que, por tanto, implica perder el
importante superávit comercial que se había logrado acumular gracias a precios
internacionales extraordinarios de commodities y
una finalmente buena campaña agrícola”.
Garzón devela, de
este modo, la senda de estrechez con la que deberá lidiar durante el
último cuatrimestre del año el Banco Central (BCRA), cuadro de situación
que se hace evidente cuando en momentos en que la entidad debió volcar hoy
otros US$60 millones de sus reservas para atender pedidos de compra
autorizados en el mercado oficial de cambios y, de este modo, lleva vendidos ya US$220 millones en lo que va del mes y
US$572 millones en las últimas ocho ruedas de negocios.
Pero observa que,
del análisis de los precios actuales y esperados de granos, “todo indica que el área sembrada con cultivos de verano (soja,
maíz, sorgo) no debería disminuir y hasta podría incrementarse respecto de la
campaña previa”. “Si se analizan los precios esperados en el MATBA
(Mercado a Término de Buenos Aires) tanto de soja como de maíz para los meses
de cosecha 2022, se encuentra que los valores se ubican en los niveles más
altos de los últimos años (US$/ton), por tanto, debieran ser estos un atractivo
para mantener y hasta incrementar áreas de siembra de la nueva campaña”.
Eso implica
que, de observar condiciones que la ayuden, la oferta de granos para
exportar podría mejorar y hasta mantenerse en buenos niveles en la
medida que el mercado del cereal no deba convivir con riesgos de “mayor
probabilidad de intervención por parte del Gobierno”, ya que esa percepción, de
fortalecerse, agregaría una cuota mayor de riesgo a la campaña de siembra en
ciernes.
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