Por Francisco Jueguen -  Un error de comunicación casi termina en un desastre institucional. La reunión había sido corta, liviana, una vaga charla sobre el contexto. Y fue, claro, calificada de “muy positiva”. Es el latiguillo que usan las partes para recalcar que los temas conflictivos se hablaron en privado.

Sin embargo, el comunicado oficial de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) publicado en su portal detalló que el diálogo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con diez empresarios de la casa incluyó temas muy urticantes para el Gobierno: las trabas a las importaciones y los cupos a las tarjetas de crédito de los consumidores que buscan usar Ahora 12.

La información fue replicada por la agencia oficial té lamysev ir al izó. Llegó a oídos de Kulfas anteanoche. El hecho derivó en un llamado oficial a las autoridades de la CAC. ¿El error inconfesable? El comunicado se habría escrito antes del encuentro sobre la base de un documento privado que se le entregó al ministro en una carpeta. Los reclamos no terminaron de ser verbalizados en la reunión. Cortocircuito. Según dicen, anteanoche Kulfas buscaba todavía esa carpeta con el punteo de los empresarios. Algunas fuentes creían que la había dejado en el auto oficial que utiliza. Nadie lo sabe.

En tiempos de elecciones, el equilibrismo empresario se hace sobre una cuerda más fina. No vale caerse. Sin embargo, esta semana también rige otra máxima: de las 52 semanas que hay en el año, hay dos en las que se esconden los pedidos o se bajan los decibeles. Pasa en años impares (las previas a las PASO y las elecciones generales). Es un reflejo que el establishment tiene bien aceitado en la Argentina.

El clímax, luego de varios capítulos in crescendo, se dio finalmente la semana pasada. Los miembros de la plana mayor del Poder Ejecutivo, entre ellos, el ministro que sigue los temas productivos, pegaron el faltazo al acto por el Día de la Industria organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA). “La UIA no tiene banderas, solo la de los industriales”, suavizó su discurso en José C. Paz ese día Daniel Funes de Rioja, hombre que desde el Gobierno asocian a una visión más crítica en la institución y vinculan directamente a Techint.

En estas horas, la espuma del conflicto bajó, pese al mal dato de la industria en julio. Incluso, hace dos semanas que los industriales guardan en un cajón una encuesta realizada por el equipo de Pablo Dragún, director del Centro de Estudios (CEU) de la UIA, sobre comercio exterior en la que, palabras más, palabras menos, destaca la escasísima competitividad que tiene la industria argentina a la hora de motorizar el único objetivo que dicen tener en el equipo de Alberto Fernández para que la economía sea sustentable: exportar. También se preguntó por importaciones, que vienen mejorando al ritmo de la economía, siempre que no sean bienes de consumo, como los autos 0 km.

Con esas preguntas a sus socios, la entidad empresaria busca volver a instalar un tema que considera el corazón de la competitividad: la alta presión tributaria. También se hablará de logística y sus elevados costos. En sus eventos, Techint suele comparar esos costos en la

Argentina, Brasil y México, países en los que opera. Generalmente suma también los costos laborales. En la UIA aseguran que, esta vez, no preguntaron por ese tema. En el Gobierno irrita el “triple cepo” de Funes de Rioja.

Hace semanas que la Mesa de Enlace amenaza con un cese de comercialización de carne. Sin embargo, no hay fecha. Si existiera un paro por el cepo a la exportación de carne, dicen, puede ser “algo simbólico”. Entre esos dirigentes, en los que hubo mucha renovación, afirman que un cese solo provocaría problemas para los propios productores, y por eso, apuestan a la búsqueda de apoyos políticos de dirigentes locales, a sumar a toda la cadena cárnica a la pelea, y analizan ir a la Justicia en busca de un amparo.

Cerca de una de las entidades del campo cuentan que no existe el clima de 2008, sienten que las protestas son solo aprovechadas por la oposición, y más aún en tiempos de campaña. “Hacemos un reclamo, te aparece Patricia Bullrich a caballo y nadie escucha lo que se dice en el palco”, contaron. Mañana podría haber más novedades sobre cómo seguir después de las PASO para ver si las restricciones a las ventas al exterior se extinguen finalmente en octubre o no.

En medio de los chispazos dialécticos y las diferentes visiones, hay intentos de construir puentes simbólicos, pese a que Alberto Fernández perdió magnetismo; tanto que la Asociación Empresaria Argentina (AEA) no es recibida por la primera línea del Gobierno desde fines del año pasado. Pero, así como el Presidente les habla a Cristina Kirchner y a su frente interno en público, también busca enviar señales al círculo rojo. Hay que ver si alcanzan. Un día después del desplante a la UIA en José C. Paz, dijo en el Parque Industrial Hudson: “La solución de la pobreza es el trabajo, no son los planes (…) nada es más importante que la producción y el trabajo, y el Estado tiene que ayudar a los inversores”. Discurso casi calcado del que 24 horas antes dio el CEO y presidente de Techint, Paolo Rocca. “La pobreza y el desempleo se resuelven con inversión y empleo privado, no con más trabajo público o planes”, dijo Rocca. La sintonía podría haber sido más fina si Fernández no hubiera llamado “miserables” a los empresarios del grupo el año pasado.

Otros puentes buscan construirse con acciones. La multinacional P&G, por ejemplo, le anunció ayer a Kulfas que invertirá $600 millones “para duplicar la producción de su marca Gillette, sustituir importaciones e incorporar tecnología a sus procesos productivos”. A dólar contado con liquidación son unos US$3,4 millones. La industria nacional apostó más alto en semanas de campaña: un tip para los lobistas de las multis. Morixe Hermanos y Sociedad Comercial del Plata le presentaron a Kulfas inversiones “en ejecución” por US$250 millones. Son para una planta industrial de productos de papa prefrita congelada en Mar del Plata, una línea para la producción de productos derivados de maíz en Córdoba y un proyecto para la producción de energía a partir de biomasa de olivo.

El dueño de Morixe es Ignacio Noel, duro crítico de la situación de Molino Cañuelas. “Lamentamos el perjuicio causado a bancos oficiales e internacionales y proveedores que con US$1500 millones confiaron en una empresa argentina que les defaulteó al igual que Vicentin. Esto afecta a las demás empresas alimentarias argentinas”, dijo en Twitter. El gran pecado de Molino Cañuelas fue apalancarse en dólares en tiempos de Mauricio Macri.

El intento de recrear un clima de “lluvia de inversiones” tiene primero que extinguir el espíritu de época del “éxodo” de empresas. Eso es lo que intentaron hacer la semana pasada desde la provincia que gobierna Axel Kicillof. “¿Éxodo de empresas?”, fue el título de un informe que distribuyó la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, que depende del Ministerio de Producción, que conduce Augusto Costa. “La mayoría de los anuncios que los medios titulan como ‘éxodo de empresas’ son en realidad fusiones y adquisiciones o ‘falsos éxodos’”, concluyó el informe. Aunque reconoce: “Los 11 verdaderos éxodos responden a comportamientos de carácter global de grandes transnacionales motivados por el contexto económico generado por la pandemia del Covid-19”. Nada que ver con los años acumulados de inflación, recesión, alta presión tributaria y falta de reglas de juego o previsibilidad.

Ese documento oficial vino acompañado de otro curioso sobre anuncios de inversión a nivel nacional, como si el centro del poder estuviera en la administración provincial y no en la Nación. Sentencia que en el primer semestre hubo 67 anuncios de inversión por más de US$15.000 millones. Esos desembolsos se distribuirían entre 16 provincias. Más del 60% se concentra en el territorio bonaerense. Lo interesante es que casi el mismo porcentaje (58%) se concentra en un sector, la construcción, ese que es actualmente hijo de la obra pública y la emisión, y de la burbuja sectorial que genera la brecha cambiaria.