Por Andrés Sanguinetti - En medio de la campaña electoral y con el Gobierno apuntando a la continuidad del Frente de Todos en el poder, se desató una fuerte disputa entre las autoridades y los principales empresarios del país por el camino que la Argentina debería tomar para salir de la crisis a partir de un plan de desarrollo industrial para los próximos años.

Una disputa que principalmente tiene como protagonistas a la actual conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), y al Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas y que acaba de escribir un nuevo capítulo luego de haberse conmemorado, el pasado 2 de septiembre, el tradicional Día de la Industria.

Un evento que se llevó a cabo en las instalaciones de Cerámica Alberti y que no contó con la presencia del presidente Alberto Fernández, quien se mostró el mismo día en la ciudad chaqueña de Resistencia, donde visitó la empresa metalúrgica Palacios Hermanos y desde donde envió un mensaje al sector pidiéndole a los empresarios "que produzcan, que arriesguen y se asocien a los que trabajan.

Ahora, y de la mano del ministro Kulfas, el Gobierno profundiza su avanzada al publicar un documento en el que se establecen las bases para el crecimiento industrial donde se advierte que el país atraviesa una doble crisis: una macroeconómica iniciada en abril de 2018 con una fuerte salida de capitales financieros que dejó en evidencia un profundo sobreendeudamiento del sector público, y la crisis emergente a partir de la pandemia del COVID-19.

Bajo el título de "Estrategia y acciones para el Desarrollo Productivo 2020-2023", el trabajo de 214 páginas analiza la situación actual de la industria y plantea una visión sobre la necesidad de modernizar, ampliar y diversificar la estructura productiva, incorporando las nuevas agendas del siglo XXI, las nuevas tendencias tecnológicas y compatibilizando las políticas productivas con un perfil netamente estatista.

De hecho, argumenta que durante muchos años predominó la idea de que "la mejor política industrial es no tener política industrial", supeditando el crecimiento de la productividad al mero desarrollo de las fuerzas del mercado, en todo caso potenciado por mejoras en las condiciones de entorno macroeconómico.

También se sugirió que, en la era de los servicios, la industria dejó de tener la relevancia de antaño, y por tanto que ya no es tan importante como palanca del desarrollo.

"Es tiempo de discutir cuáles son las mejores herramientas financieras y técnicas, cómo articular los mejores proyectos con una perspectiva territorial, cómo estructurar cadenas de valor más sólidas e integradas con las empresas de diferentes tamaños, cómo generar mejores prácticas innovativas, cuáles son las ramas que ameritan esfuerzos y regímenes especiales, pero debemos superar definitivamente esa visión anti-industrial", señala el informe.

También responsabiliza de esa mirada al anterior gobierno de Mauricio Macri al sostener que "las evidencias están a la vista de todas y todos: entre 2015 y 2019 Argentina fue uno de los países que más se desindustrializó en el mundo. Como consecuencia de ello, en 46 de 48 meses de período presidencial se destruyó empleo industrial formal, sin que –como era de esperarse– existiera sector que compensara siquiera parcialmente esa destrucción".

La mirada estatista también se destaca en los fondos que el gobierno nacional destinó el año pasado para ayudar al sector privado durante los peores momentos de la pandemia del Covid-19.

Un paquete de asistencia estatal (incluyendo instrumentos con costo fiscal y líneas de financiamiento) que alcanzó los $1,85 billones, lo que equivale al 6,75% del producto en instrumentos como créditos a tasa 24% (por un 1,97% del PBI), que tomaron 110.000 empresas, mayormente PyMEs.

También el programa ATP (incluyendo pago de salarios, créditos a tasa subsidiada para empresas y pequeños contribuyentes y reducción de contribuciones patronales) que implicó estímulos por 1,28% del PBI y llegó a casi tres millones de trabajadores y a 307.000 empresas.

Para el Gobierno, la gran mayoría de los indicadores de alta frecuencia que correlacionan con la actividad económica exhiben una recuperación desde principios de junio que avizora una cercanía cada vez mayor con los niveles de la prepandemia.

A partir de este diagnóstico y pensando en el largo plazo, el trabajo elaborado por Kulfas destaca tres políticas que apuntan a agendas del presente y del futuro. En primer lugar, el Plan Desarrollo Productivo Argentina 4.0, que conjuga medidas que favorecen la adopción de soluciones tecnológicas por parte de empresas locales, así como el desarrollo de soluciones propias.

El presupuesto total que contempla el plan es de $12.522 millones, de los cuales $1.176 millones se destinarán a sensibilización y capacitación; $3.249 millones a asistencia técnica; $6.091 millones a apoyo a la inversión y $2.006 millones a infraestructura institucional.

Entre los resultados esperados se encuentra un incremento de la productividad industrial y una reducción de la brecha de productividad respecto a países desarrollados y entre tamaños de empresas. También se permitirá la preservación de empresas y empleos industriales, la creación de "empleos del futuro" y el surgimiento de nuevas empresas especializadas en provisión de soluciones 4.0.

En segundo lugar, el Plan de Desarrollo Productivo Verde que apunta a aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y creación de empleo vinculado a los desafíos ambientales. Esto implica medidas para la creación de nuevos sectores, como a la reconversión de empresas para que sean ambientalmente sustentables. Dentro de este plan se destacan la electromovilidad, el hidrógeno o energías renovables (que incluye la capitalización de IMPSA).

El Plan de Desarrollo Productivo Verde cuenta en esta primera etapa con un presupuesto mayor a $10.000 millones, buscando alcanzar así a más de 3.500 empresas/cooperativas.

En tercer lugar, el proyecto de ley de la creación del Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo industrial, que busca generar las condiciones para que esa cadena productiva pueda desarrollarse en el país, tal como viene sucediendo en varios países del mundo. El escenario potencial a 2025, con perspectiva conservadora, es de 10.000 nuevos empleos (de los cuales se prevé que un alto porcentaje sea en I D i); u$s500 millones en ventas al mercado interno al año; u$s50 millones de exportación al año.

Se busca impulsar una ley que posibilite y fomente los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.

De forma análoga se busca legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos.

Establece además 10 consensos que el Gobierno considera indispensables para que la recuperación posterior a la pandemia pueda garantizar que Argentina logre el desarrollo económico y social:

1- Exportar más.

2- Ningún sector productivo sobra: todos son importantes.

3- Hay una falsa antinomia entre mercado interno y mercado externo.

4- No hay futuro sin políticas productivas que fomenten la creatividad y la innovación.

5- Ninguna política productiva será sustentable si no contempla la dimensión ambiental.

6- Una macroeconomía estable es necesaria para el desarrollo productivo y la creación de empleo de calidad.

7- Para bajar la pobreza y la desigualdad necesitamos un Estado que promueva la inversión privada y la suba de la productividad.

8- Una buena política productiva debe reducir las brechas de género.

9- La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente.

10- Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.

Mirada estratégica

El documento sintetiza también las acciones realizados entre diciembre del 2019 y agosto pasado y la mirada estratégica del gobierno de Alberto Fernández para desarrollar una estructura productiva con objetivos que van más allá de la coyuntura y apuntan a consolidar una mirada de largo plazo que trascienda a la actual acción del Gobierno.

Si bien en su prólogo plantea la necesidad de estructurar consensos para superar los problemas de inestabilidad y penduleo del país las conclusiones no fueron consensuadas con el sector privado y mucho menos con la UIA que, por otro lado, planteó su propia agenda a partir de un trabajo presentado durante un seminario virtual organizado la semana pasada junto al B20.

Se trata de "las recomendaciones de políticas públicas" que la industria entregará a las autoridades del G20 durante la cumbre de octubre, que se realizará en Italia. Comercio e Inversión, Salud y Ciencias de la Vida, Transformación Digital, y Empleo y Educación fueron las áreas sobre las que elaboraron conclusiones los cuatro grupos de trabajo organizados por la entidad que preside Daniel Funes de Rioja.

El propio industrial advirtió que todavía se debe recorrer mucho camino en términos de disparidades y en diseño de reglas para la generación de más empleo y educación, temas que pidió abordar en conjunto.

En el seminario virtual hubo representantes del Gobierno como el embajador argentino en los Estados Unidos y sherpa del G20, Jorge Argüello; y el secretario de Relaciones Exteriores y sub sherpa del G20, Pablo Tettamanti.

Ambos coincidieron en la importancia de contar con las recomendaciones del sector privado y en la necesidad de consolidar el multilateralismo para abordar el contexto actual, así como la salida de la pandemia.

Sin embargo, el planteo oficial se basa en el trabajo elaborado por Kulfas que tiene como fundamento la recuperación de las políticas públicas para el desarrollo productivo y se refleja en el objetivo de incrementar los recursos presupuestarios.

"El salto en la inversión de recursos durante la actual gestión de gobierno ha sido notable, pasando de una cifra de $7.519 millones ejecutados en 2019, a $141.418 millones en 2020 y un presupuesto devengado de $134.975 millones en 2021. Si bien las cifras están expresadas en pesos corrientes, se visualiza con claridad el crecimiento exponencial de los recursos ejecutados y en ejecución. Vale aclarar que una parte muy significativa de los recursos invertidos en 2020 fueron destinados a fondear el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), unas de las principales herramientas del gobierno para propender a la inclusión financiera de las PyMEs, el cual excede su ejecución del año presupuestario. De este modo, excluyendo esos recursos, el presupuesto 2021 presenta un incremento nominal del 70,5% respecto al ejecutado en 2020", señala el informe oficial.

Crecer sin antinomias

Analizando los puntos, para el Gobierno la salida exportadora es tomada como una variable fundamental a la hora de evaluar proyectos de apoyo al sector productivo.

También plantea dejar atrás las falsas antinomias entre sectores y actores, como por ejemplo la discusión de industria versus agro o de PyMEs versus empresas grandes. Todos los sectores y actores productivos son necesarios y complementarios en una estrategia de desarrollo, que sea sostenible, inclusiva y federal.

Del mismo modo, se pretende dejar de lado la antinomia entre el mercado interno y mercado externo teniendo en cuenta que un mercado interno potente permite generar una escala suficiente para reducir costos y, de este modo, volverse más competitivo y salir a exportar con escala y capacidades productivas adecuadas.

"Necesitamos cuidar inteligentemente el mercado interno para potenciar nuestras exportaciones futuras. Ello requiere también que generemos incentivos para ayudar a las empresas a competir más en el exterior", afirma el trabajo oficial.

Advierte además que una política macroeconómica consistente es también una política de desarrollo que debe incluir una política fiscal, monetaria y cambiaria prudente, equilibrios externos, regulaciones macroprudenciales de los flujos financieros y evitar ciclos de endeudamiento insustentables, entre otras cosas.

"Desde ya, la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos debe contemplar también los equilibrios sociales, productivos y ambientales, pero bajo la premisa de que estos solo se logran duraderamente con consistencia macroeconómica", agrega.

En ese contexto, el plan oficial también advierte sobre la necesidad de mirar más allá de los debates sobre el desarrollo que se reducen a visiones extremas entre quienes creen que la solución es abrir la economía y quienes creen que Argentina debe cerrarse al mundo.

"Ni la apertura comercial ni la protección deben ser fines en sí mismos, sino medios que incrementen las posibilidades de que Argentina pueda crecer sosteniblemente. Como tal, nuestra inserción al mundo debe ser pragmática, y no dogmática, teniendo en cuenta que mercado interno y mercado externo son complementos más que una dicotomía. En otros términos, debemos tener una inserción proactiva en la economía mundial, que nos permita sacar provecho de ella a la vez que se preservan los intereses nacionales", plantea el informe.

De cara al futuro, señala que la Argentina ingresó a la segunda mitad de 2021 con una situación sanitaria que empieza a descomprimirse producto del avance de la campaña de vacunación que está permitiendo retomar el ritmo de recuperación económica de los meses previos a la segunda ola de abril-mayo pasados.