Sábado 11 - Por Francisco Jueguen - En diez días, en medio de la presión sobre las reservas del Banco Central (BCRA) y ya supuestamente digeridos los resultados de las PASO, el Gobierno pagará al Fondo Monetario Internacional (FMI) unos US$1900 millones –usando los derechos especiales de giro (DEG) aportados por el propio organismo– con el objetivo de saldar una de las cuotas que vence el 22 de septiembre próximo de la deuda que mantiene por el Standby Agreement (SBA). Entonces, el Banco Central (BCRA), por orden del Tesoro, deberá regirarle al Fondo parte de los millones que recibió en agosto por la ampliación de US$650.000 millones que hizo el organismo entre sus socios.

Vale recordar que el Senado, que controla Cristina Kirchner, le había pedido al ministro de Economía, Martín Guzmán, que usara los DEG para solventar los destrozos económicos que dejó la pandemia en el país. Y, si efectivamente se hubiera logrado un acuerdo en mayo o junio, como esperaba Guzmán, esa idea podría haber prosperado.

Sin embargo, la propia vicepresidenta reclamó a su ministro más tiempo y menos tasa de interés en la negociación de un nuevo programa con el Fondo, y abogó por un cierre tras las elecciones, lo que retrasó el acuerdo y obligó al Gobierno a usar los fondos del FMI para repagar deuda, algo que irónicamente el ministro enrostra a sus antecesores de Juntos por el Cambio.

Ampliación y redistribución

A fines del mes pasado, la Argentina recibió 3055 millones de DEG, el equivalente a US$4334 millones, por tener una cuota del 0,67% de participación en el organismo. La próxima cuota del SBA a repagar será el 22 de diciembre, luego de las elecciones legislativas. Será también por unos US$1900 millones.

El pago de la cuota por el SBA de US$57.000 millones –no se desembolsó el total del préstamo– solicitado al Fondo en 2018 se da en momentos de extrema tensión sobre las reservas internacionales. Por caso, el BCRA debió vender US$845 millones en la previa a las PASO (ver aparte en Página 26). Ayer, la entidad quebró la racha vendedora y saltó al otro lado del mostrador, pero con una compra muy pequeña.

“Estamos cerca”, dijo a el la nacion presidente Alberto Fernández esta semana, respecto de la negociación que encabeza el ministro de Economía para lograr un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) a un plazo de diez años con cuatro de gracia.

Sin embargo, sólo una semana antes, el primer mandatario había dicho que “el acuerdo no está cerrado” para desmentir algunos trascendidos al respecto y había señalado que “no estaba apurado” por concretar un pacto con el organismo multilateral de crédito.

“El equipo del FMI y las autoridades argentinas se comunican con frecuencia y continúan trabajando en estrecha colaboración con el fin de profundizar el trabajo técnico hacia un programa respaldado por el FMI”, dijo a una vocera la nacion del organismo tras los dichos más recientes de Fernández.

En las últimas horas fue el propio Guzmán el que habló del acuerdo con el FMI en un tono sugestivo. “Un acuerdo depende de que haya dos partes que estén de acuerdo. El FMI tiene que estar de acuerdo en aceptar condiciones que hemos planteado que hay que cambiar, porque son muy dañinas para la Argentina, como las sobretasas de interés que paga el país y el gobierno anterior jamás discutió”, señaló el ministro en una entrevista televisiva.

“Son alrededor de US$1000 millones [extra por año] y que si no hacemos nada, inclusive crecerían. El FMI se tiene que apurar en ese sentido, si es que las dos partes se ponen en el lugar que da la instancia de un acuerdo”, afirmó el ministro.

“Estamos trabajando para resolver el problema tan grande de endeudamiento con el FMI que el gobierno anterior generó, de US$45.000 millones, de una forma responsable, defendiendo con la convicción de cuidar a nuestra Patria a los intereses del pueblo argentino”, dijo Guzmán en televisión, y cerró refiriéndose a las condicionalidades que vendrían desde Washington: “Aquí la pregunta no es qué reclama el FMI. La pregunta es qué queremos nosotros conduciendo los destinos de nuestra Nación soberana, de la República Argentina. ¿Qué queremos nosotros? Tranquilizar la economía”.

El estado de la negociación

Las condiciones que reclama Guzmán al FMI, y que devienen de un pedido del cristinismo a ministro, tienen que ver con una baja de los recargos a las tasas de interés (por haber pedido un crédito excepcional en 2018; por encima de lo que establece la cuota) y una extensión del plazo. Con relación a este último punto, cerca de Cristina Kirchner pedían 20 años para el pago, algo que no existe en la góndola de programas del FMI. Sin embargo, Guzmán exigió al staff del Fondo una cláusula especial que especifique que la Argentina podrá mejorar su programa –saltando del EFF, que él mismo pidió– en caso de que aparezca un plan más conveniente en el futuro menú del organismo.

Según los datos del Ministerio de Economía, el país deberá pagar en 2022 unos US$19.100 millones; mientras que, en 2023, la cuenta será de US$19.300 millones. En 2024, quedarán todavía pendientes de pago US$4900 millones.

En la última reunión del G-20 en Venecia, el Gobierno avanzó en la posibilidad de que el organismo trabajara en un fondo especial para que los países que no utilizaran los DEG pudieran “donarlos” a aquellos países de ingresos bajos o medios, como la Argentina. En Economía creían que podrían haber avances en el organismo con esa idea (planteada por el país y México), pero que las novedades podrían llegar recién el año que viene, después de la fecha límite para un acuerdo, en marzo.